Luego de los presuntos abusos cometidos por personal de la Dirección de Seguridad Vial del municipio el pasado viernes, el diputado local Inés Saturnino López Ponce demandó la destitución del titular, Amadeo Lara Terrón y una disculpa pública por parte del alcalde Eduardo Rivera Pérez.
El legislador informó que ya realizaron la denuncia de hechos contra los agentes de Seguridad Vial que implementaron el operativo en el cual fue detenido su chofer, a quien además demandaron la cantidad de cinco mil pesos para no llevárselo detenido.

López Ponce indicó que la averiguación previa es la 1475/2011, por los delitos de extorsión, abuso de autoridad y los que resulten.

Solicitar la destitución del titular de Seguridad Pública se debe a que el funcionario tuvo conocimiento de los excesos cometidos en contra de su trabajador y de su propia familia, ya que durante más de tres horas fueron intimidados por más de once agentes.

Comentó que incluso su hija, de tan solo un año de edad, fue fotografiada por los elementos de Seguridad Vial así como policías.

Dijo que este tipo de abusos parecen ser la constante en el municipio y en su oficina recibirá las quejas de ciudadanos que hayan sido afectados en sus derechos para darles el cauce legal. Además, indicó que el pasado viernes el chofer se dirigía a la escuela de sus hijas acompañado de su esposa y la menor de un año, cuando al estacionarse frente a la escuela fue “alcanzado” por un elemento de vialidad en la 45 Sur 1910, quien aseguró que se había pasado un alto.

Explicó que al pedirle la identificación el agente pedió refuerzos y montó un operativo cerrando la calle e intentaron llevarse su camioneta. El trabajador fue esposado y subido a una patrulla, y durante más de seis horas “estuvo desaparecido” hasta que lo localizaron en la agencia del Ministerio Público delegación Castillotla, donde presuntamente ya estaba acusado de robo.
Aclaró que del único funcionario municipal del que tuvo apoyo fue de Pablo Montiel Solana, pero Lara Terrón nunca intervino.

Advirtió que haber tomado fotos a la menor de un año es una violación flagrante a los derechos humanos, así como a la legislación que protege a los menores.