En el encuentro participaron Víctor Manuel Barceló Rodríguez, subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Ejecutivo estatal; el diputado Zeferino Martínez Rodríguez, en representación del Legislativo local; y el magistrado Elier Martínez Ayuso, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Puebla.
Ahí, se estableció que el caso de los poblanos afectados por las empresas citadas es un tema que preocupa a los tres Poderes del Estado, ya que afecta a más de 22 mil poblanos.
En la mesa de diálogo se recordó que el 10 de junio pasado el Congreso del Estado emitió un respetuoso exhorto al Honorable Congreso de la Unión para que revise la legislación en la materia e instale una Comisión Especial que investigue y proponga soluciones a esta problemática entre particulares, cuya resolución compete a instituciones federales.
Dicho llamado también invita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a regular y vigilar a las inmobiliarias, y conmina a las Legislaturas del resto de las entidades federativas del país a sumarse a este exhorto.
Más tarde, el diputado José Alberto González Morales, líder de la bancada poblana en el Congreso de la Unión, aceptó una respetuosa invitación para promover ante el Legislativo federal la creación de un mecanismo económico y financiero que permita apoyar a los afectados en su patrimonio.
El legislador dio la bienvenida al planteamiento presentado por los tres Poderes del Estado y les solicitó profundizar “en las investigaciones legales respecto de los bienes que garanticen resarcir los daños y perjuicios que le han ocasionado a este importante núcleo de la sociedad”.
A los afectados, el diputado González Morales les recordó las acciones que la bancada poblana en San Lázaro ha llevado a cabo en relación con el tema, y destacó que el 16 de marzo de 2010 se presentó un punto de acuerdo para la creación de un fondo emergente, mismo que fue aprobado el 23 de marzo.
El punto de acuerdo fue enviado a las Secretarías de Gobernación y Hacienda y el 14 de abril se presentó un documento de denuncia ante la Secretaría de la Función Pública.
El diputado destacó además que ya se presentó una iniciativa de reformas a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, lo cual “permitirá una protección de mayor alcance” para todos los afectados.
En diversas resoluciones judiciales se ha declarado que en estos casos los afectados no son ahorradores, por lo que la única forma en que se les podría apoyar es con un cambio a la ley o un programa federal.
Por su parte, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Puebla hicieron patente su solidaridad con los afectados por empresas inmobiliarias de inversión, en la búsqueda de una solución a su problemática. Dichos Poderes se mantendrán alertas para impulsar alternativas de atención al asunto.