Jorge Machuca, coordinador en Puebla de México Infórmate, señaló que todos los ciudadanos tienen la obligación y el derecho de exigir que esos impuestos trabajen y que se rinda cuenta de su destino, “que se transparenten”, señaló en un artículo.
“(…) Es posible pedir copias de documentos que avalen la toma de decisiones gubernamentales y usarlos en procesos jurídicos, como lo hacen muchas empresas en México y otros países.
”El problema, (…) empieza cuando los funcionarios públicos se niegan a responder, o contestan con demasiada información, de tal manera que no es posible procesarla o entenderla.
”En términos simples, siguen en la opacidad y no hay forma de sancionarlos, o lo que es lo mismo, campea ahora la opacidad impune porque las leyes carecen de ‘dientes’ para sancionar como se debe.
”(…) Negarse a dar información o destruirla no conduce a la cárcel; será muy difícil que la burocracia se vea obligada a transparentar lo que debe y a clasificar como reservada sólo la información necesaria.
”De hecho, en Estados Unidos hay gente que emprendió juicios en contra de funcionarios que indebidamente clasificaron documentos que deben ser públicos; de hecho, esa tendencia no se aleja mucho de lo que está ocurriendo en estados como Puebla en estos días, donde se sigue sobre clasificando información, en especial la que puede resultar comprometedora.”
Por su parte Lilia Vélez, exintegrante de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), sostuvo que se trata de información que por su naturaleza debe ser pública, pues en todos los casos involucra uso de recursos públicos.
“Me parece que en esos temas no hay fundamento jurídico para reservarlos, como el caso del gasto en medios, (pues) no hay argumentos para reservarlos. Tenemos que saber cómo se están utilizando los recursos públicos.
”Estamos ante un gobierno que no sólo repite, sino que está peor —que en el mandato de Mario Marín—. Acá lo único que hace falta es voluntad política, no hay argumentos; me parece que la razón es que no tienen ganas de ser un gobierno transparente, visto a la luz de los últimos casos.”
La académica de la UPAEP sugirió a los solicitantes llevar sus casos a la CAIP y dejar de hacer solicitudes de información, para obligar a los funcionarios a transparentar la administración pública, como se comprometieron
Refirió que la transparencia y el acceso a información se han convertido, para los partidos, en una atractiva oferta de campaña, “por lo menos así lo comprobamos en Puebla en la elección de 2010”.
Indicó que por eso, distintos sectores sociales han solicitado a los legisladores de Compromiso por Puebla —coalición ganadora en los comicios—, que cumplan con sus promesas de aprobar un nuevo marco jurídico que saque a la entidad de las últimas posiciones en este rubro.
“Justo al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones, organismos empresariales, sociales y universidades agrupados en el colectivo Actívate por Puebla le recordaron a los diputados de la LVIII Legislatura que tienen un pendiente con la sociedad poblana.”
Esto sigue representado en el “cimiento de la transparencia”: una piedra de casi dos toneladas colocada por la organización, que permanecerá frente a la sede del Congreso local hasta que no se promulgue un marco jurídico que garantice plenamente el acceso a información pública.
“Los partidos y sus candidatos ya se dieron cuenta de que, aun cuando los ciudadanos no utilicen los mecanismos de acceso a información, están conscientes de que ésta es esencial para combatir la corrupción y alentar la rendición de cuentas, tan ausente en México. De ahí que se han dedicado a incorporarla puntualmente en sus ofertas de campaña.”
Por ejemplo, en la plataforma electoral de la coalición ganadora de los comicios poblanos —PAN, PRD, Panal y Convergencia— se lee: “(…) promoveremos reformas a la recién aprobada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla para, entre otras cosas, obligar al Gobierno a informar públicamente sobre los aspectos principales de su desempeño (…).
”(…) proporcionar información a quien la solicita de forma tal que permita ser analizada y procesada en forma sencilla, establecer el carácter público de los archivos históricos, así como a informar del estado en que se encuentran todos los títulos y bonos de deuda emitidos para los mercados de capitales nacionales e internacionales, a fin de conocer los montos totales y desagregados por institución y plazos”, señala el documento.
Lilia Vélez, además indicó que el tema es de tal relevancia que durante la campaña no sólo se incorporó en esa plataforma, sino también en la de la alianza Puebla Avanza —del PRI y Verde Ecologista— cuyo candidato a la gubernatura, Javier López Zavala, respondió a los continuos señalamientos sobre la opacidad del gobierno de Mario Marín.
“Promoviendo que la mayoría priista en el Congreso aprobará una reforma constitucional para dotar de autonomía y ampliar las facultades al órgano garante local.”
No obstante, la reforma aprobada poco antes de los comicios de julio no ha entrado en vigor, pues en un transitorio del decreto condicionó la existencia y el funcionamiento del nuevo órgano a que primero se reformara la ley en la materia, sobre la que hay una acción de inconstitucionalidad que no ha sido resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo la catedrática.
“Los actuales diputados aseguraron que el tema se abordará en este periodo de sesiones, que arrancó el pasado 1 de junio, y la bancada del PRI presentó una iniciativa.”
Al respecto, los representantes de Actívate, entre los que se encuentran México Infórmate y el capítulo Puebla de la Amedi, insistieron en que se legisle para que el órgano garante autónomo establecido en la Constitución local entre en funciones, reiteró.
“Este habrá de tener atribuciones sobre los tres Poderes del Estado, los ayuntamientos y los organismos constitucionalmente autónomos.”
Asimismo, pidieron que en la selección de comisionados del órgano garante participen las principales universidades para garantizar que quienes resulten electos por el Congreso sean personas realmente independientes y comprometidas con el tema.
Además, se incluye la existencia de criterios claros para la reserva de información; que el órgano garante administre el sistema electrónico (Infomex) que hoy está en manos de la Contraloría del Estado y que el órgano garante pueda investigar por oficio o por denuncia presuntas violaciones al marco jurídico de transparencia.
“Estamos, pues, a la espera de comprobar si los diputados cumplirán con la promesa de dotar a Puebla de un nuevo marco jurídico e institucional que facilite el ejercicio del derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas gubernamental.”
Más negro que la noche
Este lunes Intolerancia Diario reveló la opacidad en algunos temas de parte del gobierno estatal, como los gastos y detalles en los viajes del mandatario estatal, Rafael Moreno Valle o inclusive las obras que se hacen con dinero público de la residencia oficial Casa Puebla.
Intolerancia Diario ha solicitado por medio de dicha legislación alrededor de 80 solicitudes, de las cuales en menos de la mitad ha sido satisfactoria la respuesta en el primer paso. Cabe destacar que gran parte de las solicitudes de información emitidas por este medio no se buscó un resolutivo a la CAIP debido a los tiempos marcados, aunque las respuestas fueron insatisfactorias.
Hasta la fecha, la CAIP analiza nueve recursos de inconformidad emitidos por este medio de comunicación ante la opacidad en las respuestas emitidas por distintas dependencias del gobierno del estado.
Desde hace varias semanas este medio solicitó a la Oficina de la Gubernatura cuántas giras oficiales ha realizado el gobernador del estado Rafael Moreno Valle al extranjero en las que se pidió detallar fechas, lugares, líneas de avión y clase del vuelo. Solo se supo que el mandatario estatal ha gastado casi 9 mil pesos diarios cada vez que viaja al extranjero, aunque no se dan más detalles, ya que es información reservada
Se solicitó el costos de boletos del gobernador y acompañantes, hoteles donde se hospedó, costos de hospedaje desglosado cada uno y de cada acompañante, lugares donde comió con gastos al erario público, desglosados por fecha y lugar.
En respuesta a la solicitud foliada RR00008611 el gobierno se limitó a informar de informó de tres viajes a Nueva York, Los Ángeles y Washington en Estados Unidos; sin embargo, tienen como información reservada los detalles los gastos en boletos de avión, hoteles y traslados.
Solo se limitó la dependencia a informar que se le asignaron al Ejecutivo 516 dólares por día, por lo que en dos de los tres viajes gastó Rafael Moreno Valle 3 mil 612 dólares o cerca de 43 mil pesos en cinco días, a razón de 11.9 pesos por dólar.
Finalmente, la respuesta señaló que el mandatario estatal tiene como facultad para comprobar los gastos de viaje, emitir un informe de actividades realizadas y solicitar así recursos de acuerdo con el tabulador jerárquico. Por lo tanto, se emitió el recurso de revisión e inconformidad de la Oficina de la Gubernatura al no detallar lo solicitado como que líneas de avión se utilizaron, clase del vuelo, costos de boletos del gobernador y acompañantes.
Asimismo, los hoteles donde se hospedó, costos de hospedaje desglosado cada uno y de cada acompañante, lugares donde comió con gastos al erario público desglosados por fecha y lugar en cada viaje que ha hecho el gobernador Rafael Moreno Valle al extranjero, situación que analiza la CAIP.
En lo que respecta a los trabajos de remodelación de la residencia oficial Casa Puebla, se solicitó la información bajo el folio 00239911, donde se pide a detalle en que consisten las obras desde el 1 de febrero de 2011 a la fecha, desglosar costos y empresas constructoras.
Sin embargo, la Secretaría de Infraestructura respondió que los trabajos que realizan en la residencia oficial de Casa Puebla consisten en la remodelación de las oficinas y el salón de usos múltiples, pero no quiso desglosar costos ya que es información reservada, pues supuestamente si se entregan los datos se pone en riesgo la vida de los moradores de la residencia, obviamente entre ellos el gobernador.
“Por cuanto hace a su pregunta de desglosar costos y empresas constructoras, le informo que nos encontramos imposibilitados para atender favorablemente su petición debido a que el expediente unitario, y en su caso el expediente administrativo de la obra que nos ocupa, se encuentra clasificado como información reservada, ya que de otorgarle dicha información, pondríamos en riesgo la vida, la seguridad, la salud, los bienes, así como a las personas que habitan y laboran en dicho inmueble.”