Sin presentar pruebas fehacientes, la Procuraduría General de Justicia desvirtúa los documentos presentados por el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) y afirmó que son falsos.

Mientras tanto siguen detenidos tres funcionarios del OFS a quienes la juez Tercero de lo Penal, Idalia Arciniega Arias, dictó una fianza de 300 mil pesos a cada uno, lo que ha imposibilitado su salida en libertad caucional.

La PGJ por medio de un comunicado descartó la existencia de contratos y acuerdo previo a la sustracción de documentos oficiales, al asegurar que los documentos mostrados por Hernández Quintana por medio de Intolerancia Diario fueron elaborados un día después del hallazgo de las bodegas y detención de funcionario.

Sin embargo, en el comunicado no presenta pruebas fehacientes de lo señalado, sólo que el acuerdo de traslado de documentación no se encontró en los archivos del OFS previo a la detención de los servidores públicos.

Incluso, aseguró el comunicado oficial, que es una muestra más de la ilicitud en el manejo de la documentación oficial.

“La documentación que muestra Víctor Manuel Hernández Quintana fue elaborada el sábado 15 de octubre del 2011, en el equipo de cómputo de las oficinas del propio organismo, como en su oportunidad se dará a conocer”, señaló textualmente sin más pruebas que el dicho.

“Los documentos mostrados ante medios rompen con protocolos y lineamientos que se deben seguir para la sustracción, utilización, destrucción, manejo, traslado de expedientes, documentación, información, registros que estén bajo resguardo del OFS o a los que tengan acceso los servidores públicos del órgano fiscalizador”, indicó el texto.

Hernández Quintana rechazó mediante un comunicado el robo mediante el traslado de documentos oficiales y que las bodegas sean clandestinas.

En la misiva enviada a Intolerancia Diario se aclara que el OFS contrató inmuebles cuya ubicación no se hace del conocimiento público porque no existe disposición legal que obligue a ello y por el carácter confidencial y reservado que importa dicha documentación e información.

En el paquete de documentos enviados a este medio de comunicación, se proporciona una copia del contrato de arrendamiento de las bodegas y el acuerdo interno mediante el cual se avala el traslado de documentos el pasado 11 de octubre.

Los documentos señalan que la bodega ubicada en calle Volcanes 63, en Geo Villas San Jacinto, en el municipio de Cuautlancingo, tiene un contrato de arrendamiento de dos años a partir de septiembre de 2009.

Mientras tanto la segunda, localizada en calle 15 Poniente 313 en la colonia El Carmen, fue rentada desde este mes, según los expedientes.

Precisa además que el OFS realizó este traslado amparado en el artículo 113 de la Constitución Política del Estado, el cual da autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones.

Asimismo, señaló que el artículo 28 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Puebla faculta al OFS a conservar la documentación oficial.

Por lo tanto, Hernández Quintana pidió a la autoridad liberar en forma inmediata al personal detenido y las instalaciones del OFS para continuar con sus actividades normales.

Los detenidos
Mientras tanto, según información de la oficina de Prensa de la misma PGJ, siguen detenidos los funcionarios del OFS que se encontraban durante el traslado de la documentación.

Los detenidos son Martín López Cruz, director general de Legalidad del OFS; Rafael Grajales Martínez, director general administrativo y Luis Guillermo Hernández Hernández, jefe de departamento de Recursos Materiales de Adquisiciones y Servicio, quienes siguen detenidos.

En entrevista a Intolerancia Diario, su exdefensor, el abogado Jesús Avendaño, indicó que la juez Tercero de lo Penal, Idalia Arciniega Arias, dictó una fianza de 300 mil pesos, lo que calificó como muy alto por un delito no grave.

En primera instancia, aclaró el litigante que dejó de prestar sus servicios luego de la declaración preparatoria que hicieron al juez, ya que —según sus familiares— afirmaron que abogados del OFS los defenderían.

Cabe destacar que la juez ha mantenido total hermetismo en el caso, así como el Tribunal Superior de Justicia, en cuya oficina de Prensa no se ha encontrado a su director Rafael Velasco, por lo que no ha dado la información solicitada.

“Apoyamos a nuestro defendido hasta la declaración preparatoria, como le fijaron una fianza de 300 mil pesos a todos los coacusados empleados del OFS, su familia acudió a otros abogados.

”Sin temor a equivocarme, son abogados que ya había instruido previamente el Órgano”, dijo.

—¿No fue alta la fianza?

—Sí, realmente considero que fue sumamente alta, pero como quiera que sea tienen oportunidad de salir.

—¿En su declaración preparatoria que señalaron?

—Declararon que ellos no tenían nada que ver en el presunto robo, que recibieron órdenes superiores; finalmente son empleados, por lo que desconocían si las cajas que trasladaban iban a tener alguna función, simplemente cumplieron órdenes (…) yo creo que se ha hecho mucha polémica de esto.

Indicó el litigante que las cajas eran regresadas a la bodega oficial del OFS ubicada en la 15 Poniente, traídas de Cuautlancingo, por lo que señala que no se estaban robando nada, sino regresando documentos.

—¿Algo político?

—Sí, porque no se perdió ni una caja, ni siquiera se dan los elementos de un robo, pero más que nada todo esto es cuestión política, porque dejaron salir a 16 que participaron en el traslado y dejan a los empleados del organismo, tal vez para adjudicarse más información.

El comunicado
“La Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado de Puebla, informa los avances de las investigaciones sobre la sustracción, ocultamiento y en su caso alteración de documentos oficiales del Órgano de Fiscalización Superior (OFS).

”Posterior a la consignación de los tres empleados del OFS, proceso a cargo del juzgado Tercero de lo Penal, a solicitud de la Gran Comisión del Congreso del estado de Puebla y de la Comisión Inspectora, el Ministerio Público continúa con las investigaciones para identificar a otros probables responsables.
”Respetando el sigilo de la investigación, la PGJ descarta la existencia de contratos de arrendamiento, comodato y acuerdo de traslado de documentación oficial a inmuebles que formen parte del organismo.

”Hasta el día 14 de octubre de 2011, en los antecedentes oficiales del OFS, se advierte que los únicos inmuebles en donde se ubican los archivos oficiales del organismo se sitúan en la calle 5 Sur 1105, colonia Centro y en la 21 A Sur 2723, colonia Volcanes, y el único antecedente de 2009 a la fecha que se tiene en relación a comodatos, es el de un inmueble ubicado en la zona del Batán, que fue devuelto al gobierno del estado.

”El acuerdo de traslado de documentación recientemente publicado en algunos medios, no se encontró en los archivos del OFS previo a la detención de los servidores públicos, lo que es una muestra más de la ilicitud en el manejo de la documentación oficial.
”La documentación que muestra Víctor Manuel Hernández Quintana fue elaborada el sábado 15 de octubre del 2011 en el equipo de cómputo de las oficinas del propio organismo, como en su oportunidad se dará a conocer.

”Los documentos mostrados ante medios rompen con protocolos y lineamientos que se deben seguir para la sustracción, utilización, destrucción, manejo, traslado de expedientes, documentación e información, registros que estén bajo resguardo del OFS o a los que tengan acceso los servidores públicos del Órgano Fiscalizador.

”No obstante lo anterior, se exhorta a Víctor Manuel Hernández Quintana a que personalmente o a través de su representante legal, exhiba la documentación que considere oportuna.”