Vaya escándalo el que se ha detonado entre las corrientes políticas de Puebla por la inminente despenalización del aborto. El Ejecutivo del estado envió una iniciativa para conmutar las penas corporales a las mujeres que aborten, ya que a las mujeres que se practiquen un aborto se les sancionará con multas, tratamiento médico integral o trabajo comunitario.

En contraparte, la dirigencia del PAN demandó aumentar la sanción a las mujeres que aborten, para que la sanción se ubique entre 500 y 5 mil días de salario mínimo vigente para inhibir el aborto. La propuesta del PAN pide la creación de un “centro de adopción para bebés no deseados” que sea responsabilidad del estado.

De por sí había un enorme descontento por la exclusión de las figuras blanquiazules de los puestos de privilegio dentro de la administración estatal, las cosas se agravan cuando se vislumbra la aprobación de una ley que prácticamente despenalizaría el aborto.

Y lo que veíamos en tiempos electorales como una alianza de papel, a menos de un año de gobierno empieza a despedazarse.