Incluso la nueva reforma aprobada por los diputados locales, en la que encarecen la entrega de información pública referente a gastos ejercidos, podría estar violando artículos de la Constitución, según especialistas.
Esta misma semana, la Comisión de Acceso a la Información (CAIP) tendrá que resolver una inconformidad de Intolerancia Diario por un alto cobró de información solicitada referente a las nóminas que ejerce el gobierno del estado.
Para los especialistas, la medida sólo busca poner trabas a la ciudadanía para inhibir el derecho a la información, lo que estaría violando inclusive leyes, por lo que ya se preparan amparos de parte de organismos civiles.
Ahora los ciudadanos tendrán que erogar grandes cantidades de dinero, luego de que los diputados locales aprobaron que se cobre a cada persona que solicita alguna información la cantidad de 80 pesos por hoja notariada.
Un ejemplo
El 1 de julio de este año, Intolerancia Diario solicitó a la Secretaría de Administración la nómina de cada una de las dependencias, organismos descentralizados e institutos, incluyendo compensaciones y salarios.
En la solicitud se aclara que no es necesario los nombres de los trabajadores, pero sí sus cargos, desglosando cada rubro y totales mensuales de cada organismo desde febrero a la fecha.
En respuesta la dependencia 00239011, señala que al ser un número grande de hojas, se tiene que acudir a las oficinas para ver las nóminas y en caso de requerir copias certificadas, éstas costarían —cada hoja— 75 pesos.
Añaden en la respuesta que la documentación por ser comprobatoria del ejercicio del gasto público, deberá de entregarse de forma impresa y certificada, lo que obliga al solicitante a hacer un fuerte gasto.
Fuentes extraoficiales, señalan que en caso de que Intolerancia Diario hubiera aceptado pagar por la documentación de las nóminas, tendría que haber invertido más de 100 mil pesos por el gran número de documentos.
Pero ahora la situación está peor, ya que si se vuelve a solicitar tras la reforma a la ley, el gasto llegaría a superar los 150 mil pesos, sólo para saber los pagos que se hacen a los trabajadores estatales.
Ante lo encarecido de la información, este medio emitió un recurso de inconformidad ante la Comisión de Acceso a la Información (CAIP), el cual está por resolverse, aduciendo que la información se solicitó vía Infomex de forma gratuita, ya que según las leyes la información debe entregarse sin ningún pago.
Inconstitucional
Especialistas en la materia coincidieron en señalar que la reforma o incremento al costo de la información es anticonstitucional, por lo que ya estudian en interponer amparos.
Rafael Hernández García Cano, presidente del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) en entrevista, señaló la única opción es recurrir a los amparos ya que se viola el derecho a la información.
Además criticó al gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas y a los diputados locales de haberse mostrado en campaña como críticos del gobierno anterior, utilizando el eslogan de “cambio” sólo para allegarse de votos.
Pero ahora —dice— tanto el gobernador Rafael Moreno Valle como los legisladores del PAN, PRD, PT, Convergencia, se comportan igual que la pasada administración.
Afirmó que Puebla es uno de los estados con más opacidad en materia de acceso a la información, por lo que hubo un retroceso en esta materia a comparación del sexenio de Mario Marín Torres, en el que ya la opacidad era grave.
“Estamos indignados porque nos prometieron una Ley de Transparencia en esta Legislatura, llevamos mucho tiempo de estarla esperando, nos dijeron que en la primer periodo, que en el segundo y vamos por el tercero y nada”, señaló.
Indicó que en lugar de transparentar las cosas, se están poniendo obstáculos con la aprobación a la Ley de Ingresos.
“Lo que hacen es poner un ‘candado’ más al acceso a la información, particularmente con la iniciativa que envió el Ejecutivo al artículo 73 que obliga a entregar sólo una copia certificada la información de gasto público.”
Asimismo, indicó que la reforma sólo pone el “candado” a la transparencia y acceso a la información que está regulado y establecido en el artículo Sexto de la Constitución.
Cabe señalar que el artículo 76 de la actual Ley de Ingresos pide que el solicitante acredite su personalidad con el CURP que inhibe el ejercicio de un derecho que puede realizarse sin necesidad de acreditar alguno.
“Es un asunto más que lo apegado a la Constitución, la fracción tercera del artículo Sexto Constitucional dice que toda persona, sin acreditar interés alguno tiene acceso gratuito a la información pública y a la rectificación de datos y el ingreso del gobierno lo es”, indicó.
Subrayó que se entiende que haya información por la que se tendría que cobrar el gasto de reproducción, por ejemplo si se entrega en un disco compacto, copia sencilla en papel o en un dispositivo USB.
“El asunto está abierto para que si la información se entrega de forma electrónica, el ciudadano entregue su propia memoria y se le dé sin cobrar nada, pero cobrar 80 pesos es excesivo”, argumentó García Cano.
“Con la copia certificada es que están recogiendo el candado que puso el congreso anterior de mayoría priista y que fue criticado y utilizado como elemento de campaña política de los actuales diputados. Pero en el artículo 33 de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2010 se incorporó este párrafo que considera que sólo se entregará copia certificada y no tiene porqué ser así.
”La única instancia es acudir al amparo porque eso es inconstitucional, ya que se está violentando la fracción tercera del artículo Sexto en donde se tiene derecho a la información sin acreditar la personalidad.”
Por su parte, en otra entrevista Lilia Vélez Iglesias, exintegrante de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), señaló que a la medida podría ser inconstitucional al atentar directamente contra el derecho de la información de los ciudadanos.
“Es importantísimo modificar ese apartado de la Ley de Ingresos, eso enviaría una señal de la voluntad política de transparentar las acciones de gobierno, pues conocer el manejo de los recursos públicos es básico en materia de rendición de cuentas”, por lo tanto, afirmó que la señal que se está enviado es que se trata de un gobierno que no es transparente.
La académica recordó que durante su paso por la CAIP recibió una petición sobre la comprobación de gastos de viajes, lo que las obligó a realizar un estudio sobre la manera en que se maneja el tema en otros estados.
“En otras entidades de la República, si bien consideran las copias certificadas y los costos varían en casi todos, es una opción más que el usuario puede elegir y en Puebla no. Al final decidimos entregar la información en copia simple al solicitante aunque hubo algunas resistencias del área administrativa.
”Habría que hacer una solicitud sobre el tema y esperar la respuesta para interponer un amparo y esperar que sean las autoridades federales las que resuelvan sobre el tema, pues la CAIP no tiene esa facultad.”
A nivel nacional
Justamente este domingo, el periódico de circulación nacional El Universal señala algunos costos que se tienen en otras entidades para tener acceso a la información, en las que se aprecia que sólo en el estado de Campeche sobrepasa en costo a Puebla, al cobrar ahí hasta 91 pesos por hoja.
Ni en Oaxaca, Veracruz, Morelos, Tlaxcala o el Distrito Federal, existe ese problema o traba económica para sus ciudadanos.
Inclusive en el Distrito Federal, la ley establece que “los Entes Obligados deberán esforzarse por reducir al máximo los costos de entrega de información y para ello podrán hacer uso de los expedientes y archivos digitalizados”.
Además en su artículo 249 establece que el costo por reproducción de copia certificada será de 4 pesos, y su copia simple o fotostática de 1.50 pesos.
En Tlaxcala, en caso de que se pidan copia certificada el costo será de “1 día de salario mínimo por las primeras 10 hojas, y 0.25 por cada adicional”.
En Oaxaca el costo por copia simple es de 0.01 salarios mínimos, es decir 56 centavos de acuerdo al tabulador del 2011.
Una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2006 declaró inválidos los altos costos de las copias porque inhiben el acceso a la información.
Comisionados del IFAI han señalado que varias dependencias del gobierno federal utilizan los cobros excesivos como “estrategia” para inhibir el acceso a la información, aunque el solicitante puede ampararse o solicitar el acceso de la información.
El comparativo copia certificada
Campeche: 91.62 pesos
Puebla: 80 pesos
Sonora: 50 pesos
Nuevo León: 45.31 pesos
Nayarit: 45.81 pesos