La recomendación fue por las órdenes emitidas a elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), quienes cometieron actos violatorios a los derechos humanos de habitantes de la comunidad Ciénega Larga, del municipio serrano. De acuerdo con los hechos constatados en 97 diferentes evidencias evaluadas por la CDHEP, 31 personas resultaron lesionadas —cuatro con lesiones que tardan en sanar más de 15 días—, quienes relataron que policías los desalojaron utilizando gas lacrimógeno, proyectiles de goma y macanas, ocasionándoles diversas lesiones y privándolos de su libertad.
El organismo informó que tuvo conocimiento que 302 elementos de la PEP ingresaron el 23 de agosto de 2011 a las 6:00 horas al predio conocido como La Cieneguilla, de la fracción quinta de la hacienda de Atlamahac.
Llegaron a este lugar —ubicado en la junta auxiliar de Ciénega Larga en Chignahuapan— para realizar un desalojo, sin existir orden judicial emitida por una autoridad competente, lo que provocó un enfrentamiento con las personas reunidas. Como resultado del enfrentamiento, elementos de la PEP incurrieron en uso de la fuerza pública desproporcionada a los actos cometidos por los habitantes de la comunidad; además, no justificaron la causa o motivo legal por el que entraron a realizar el desalojo.
Al respecto, la autoridad correspondiente señaló que un grupo de personas se rehusaron a atender las órdenes de los elementos de la Policía Estatal que acudieron al desalojo de La Cieneguilla y que éstos portaban palos, tubos y machetes que utilizaron para agredir a los uniformados, hecho por el que fueron detenidos. Asimismo, los policías señalaron que las personas apostadas en La Cieneguilla cometieron actos de pandillerismo, provocaron lesiones dolosas y daño en propiedad ajena.
No obstante y derivado del análisis de este asunto y de las evidencias que integran el expediente, la CDHEP detectó que los elementos que intervinieron en los hechos violentaron los derechos humanos incurriendo en un abuso en el desempeño de sus funciones.
Lo legal
La CDHEP confirmó con estas acciones que los elementos de la PEP que intervinieron en los hechos cometieron violaciones a los derechos humanos de 31 personas, expresados en los artículos 1, 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, en el 7 de la Constitución Política del Estado de Puebla; 3 y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1 de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder.
También del articulo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5.1, 5.2 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y XXII de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre.
Otros artículos que violaron fueron el 1, 2 y 3 del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; 4 y 9 de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley.
La recomendación
La CDHEP recomendó a Ardelio Vargas reparar el daño ocasionado a los 31 afectados mediante la atención médica y victimológica que requieran por las lesiones que se les ocasionaron.
Asimismo, pidió emitir una circular a los elementos adscritos a esa secretaría para que los instruya a actuar siempre con apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano.
Además de esto, recomendó a la dependencia brindar capacitación en materia de derechos humanos a los servidores públicos involucrados en los hechos, para evitar actos que violen los derechos y libertades fundamentales.
Por último, pidió a la Secretaría de Seguridad Pública dar vista a la Delegación de la Secretaría de la Contraloría del Estado para que inicie los procedimientos administrativos correspondientes contra los servidores públicos involucrados en las acciones antes descritas.
“Para la CDHEP la labor de la autoridades de Seguridad Pública es de trascendental importancia para la sociedad, ya que la ciudadana deposita su confianza en éstas, lo que hace necesario que sus acciones estén apegadas a lo que dicta el orden jurídico vigente”, se señaló en el informe.