Mientras los coordinadores de los grupos legislativos de los partidos Nueva Alianza, Acción Nacional, del Trabajo, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista, consideraron que se cumplieron las expectativas que fijaron hace un año cuando comenzaron los trabajos, ninguna de las más importantes leyes aprobadas fueron a propuesta directa de algún grupo legislativo en lo particular, los documentos siempre fueron enviados por la oficina del gobernador, o a través del secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla.
Guillermo Aréchiga Santamaría, presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado, al presentar un balance de los trabajos emprendidos durante el primer año de funciones legislativas sostuvo que los legisladores entendieron que el mandato de los poblanos era transformar a Puebla a partir de una nueva realidad y pluralidad política, en donde el compromiso es y será poner por delante los interés de los ciudadanos.
En cifras, Aréchiga Santamaría destacó que emitieron 878 resoluciones aprobadas, 230 leyes y reformas a diferentes ordenamientos legales, 481 decretos y 167 acuerdos. Agregó que realizaron 61 sesiones, de las cuales 30 fueron sesiones públicas ordinarias, dos extraordinarias, 22 de Comisión permanente, dos solemnes, cuatro de junta preparatoria y una previa.
La aprobación de 8 reformas federales, 45 reformas a ordenamientos estatales, 3 creaciones de organismos públicos, 3 supresiones de organismos públicos, 4 donaciones y autorizaciones, 217 tablas de valores catastrales de construcción por metro cuadrado y tablas de zonificación catastral de valores unitarios de sueldos urbanos y rústicos municipales, aprobación de 157 cuentas públicas (2 Poderes del Estado, Legislativo y Ejecutivo; 110 ayuntamientos; 21 organismos paraestatales; 4 de organismos paramunicipales; 20 de entidades Operadoras de Agua Potable y Alcantarillado municipal), además del inicio de procedimientos administrativos de determinación de responsabilidades para 30 presidentes municipales y para un director de entidades Operadoras de Agua Potable y Alcantarillado; así como la resolución de procedimiento administrativo de revocación de mandato del presidente municipal de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza Aguilar, por irregularidades administrativas en el periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2006.
De igual manera, el presidente de la Gran Comisión resaltó en el ámbito de acuerdos los 78 exhortos, solicitudes y convocatorias, las 2 integraciones de comisiones especiales, 18 adhesiones de acuerdos con Congresos estatales, 18 administrativos, 13 nombramientos de los que destaca el del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Adolfo López Badillo; del auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, David Villanueva Lomelí, de los cinco magistrados propietarios del Poder Judicial y de los cinco integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.
En lo que respecta a las Leyes aprobadas durante el primer año legislativo, el coordinador del grupo legislativo de Nueva Alianza detalló la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la cual consideró como una transformación institucional indispensable para la nueva realidad que vive Puebla.
“Nosotros entendimos que el desarrollo de Puebla pasa por su progreso institucional y teníamos que empezar por el Congreso del estado, colocándolo así a tiempo con el momento histórico que se vive.”
Resaltó que la aprobación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Ingreso y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012, las 217 leyes de Ingresos de los Municipios para el Ejercicio Fiscal 2012, Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios, así como la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y de Reinserción Social.
Guillermo Aréchiga recalcó la realización de los foros de consulta para la integración de la Agenda Legislativa, en temas como el Desarrollo Social, Administración e Impartición de Justicia, Desarrollo Económico, Educación, Cultura y Deporte y Reforma del Estado, los cuales dieron voz a los poblanos de diversos municipios de Puebla.
Mientras, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Mario Gerardo Riestra Piña, subrayó que en Puebla se vive un proceso de transformación institucional en donde los cambios después de un año son palpables y están a la vista de todos, “la transformación política institucional que nos propusimos en la Agenda Legislativa común todos los partidos políticos en gran medida y con una efectividad se ha venido cumpliendo; estamos hablando de un cambio en el estado de Puebla donde todavía restan muchas cosas por hacer, pero me parece que hemos sembrado las bases necesarias”.
Iniciativas en la congeladora
El pasado martes 3 de enero el coordinador de los diputados del PRI, José Luis Márquez, comentó que la Legislatura fue productiva, “hubo avance pero la mayoría de las iniciativas fueron las que turnó el Ejecutivo, otras correspondieron al Poder Judicial y de los ayuntamientos”.
Indicó que el siguiente paso es continuar con las iniciativas del PRI que se tienen en materia de educación, salud y reforma electoral, un número de casi cien y la principal demanda es que se aprueben.
Cuestionado sobre si se cedió ante el gobernador, José Luis Márquez declaró que se decidió ir por los acuerdos en beneficio de los poblanos, e indicó que se ha demostrado que el Ejecutivo está apoyando a municipios gobernados por el PRI, sin distingo de partidos.
Frenan la austeridad
A pesar de que se habló de que se promovería la austeridad y la transparencia, por “mayoriteo” los legisladores enviaron a la “congeladora” el documento presentado por el diputado del Movimiento Ciudadano, José Juan Espinosa Torres, para la reducción de los gastos de los gobiernos, y aprobaron elevar a 80 pesos el cobro por hoja impresa para las personas que soliciten la información pública.
Del contenido de la Ley de Austeridad propuesta en agosto por el legislador, se propone la disminución de las remuneraciones de los servidores públicos de mandos medios y superiores en un 50 por ciento; de igual manera se propone eliminar bonos y percepciones extraordinarias, prestaciones de servicios médicos privados y seguros de separación individualizado.
Los ahorros generados por la aplicación de la ley deberán concentrarse en un fondo especial cuya aplicación deberá destinarse, año con año, a cubrir el déficit en las finanzas públicas y generar el desarrollo de la inversión productiva estatal, así como la creación y ampliación de programas sociales.