La COMAIP está integrada por todos los organismos de acceso a la información pública existentes en el país.
Como lo reconoce el propio Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y lo advirtió el propio Capítulo Puebla de la AMEDI de manera previa a la aprobación de dicha ley, sus artículos 73 y 76 limitan el acceso a la información pública y constituyen un candado que obstruye el ejercicio de este derecho fundamental consagrado en el texto constitucional.
El 23 de noviembre de 2011, el Capítulo Puebla de la AMEDI hizo un llamado a la LVIII Legislatura a legislar en pro de la transparencia y modificar la iniciativa de Ley de Ingresos 2012, sin embargo, esta petición no fue escuchada.
Recuperando una redacción de la Ley de Ingresos 2011, el artículo 73 de la Ley de Ingresos 2012 prevé que la información y la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto público, así como la relativa a la operación recaudatoria y las resoluciones de carácter fiscal, se entregará al solicitante únicamente en forma impresa y certificada, previo el pago de los derechos correspondientes que en este caso asciende a 80 pesos por hoja.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, en tanto, le permite al solicitante decidir la modalidad en la que prefiere la entrega de la información. Lo anterior, a la luz de la fracción III del artículo 6º constitucional, el cual señala que
"Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos."
Por lo que toca al artículo 76 de la Ley de Ingresos 2012, éste contraviene lo estipulado en la misma fracción constitucional toda vez que obliga al solicitante a acreditarse con Clave Única de Registro de Población (CURP) para acceder a la información pública requerida, lo que inhibe también el ejercicio del derecho de acceso a la información.
En consecuencia, el Capítulo Puebla de la AMEDI espera que la CNDH y la PGR promuevan el recurso de control constitucional que prevé la Carta Magna para evitar que una legislación como la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2012 atente contra el derecho de acceso a la información.