El exsecretario de Salud, Alfredo Arango García, detenido por enriquecimiento ilícito, comenzó un amparo contra el aseguramiento de propiedades o residencias de la colonia La Vista.

Así lo confirmó el procurador general de Justicia, Víctor Carrancá Bourget, al revelar que sólo buscó el amparo de la justicia federal por dichos inmuebles. Según información del periodista Carlos Gómez, los abogados de Arango promovieron el juicio de amparo 515/2012 en el Juzgado Cuarto de Distrito, el cual ha iniciado apenas su procedimiento legal para recuperar las residencias.

Cabe destacar que entre la lista proporcionada por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) tras la aprehensión del compadre del exgobernador Mario Marín se encuentra una residencia ubicada en la calle Vista Ángel 1907 de La Vista Country Club, uno de los de mayor plusvalía del estado.

Carrancá Bourguet señaló a reporteros que ha iniciado apenas el trámite del amparo, por lo que esperarán al fallo de un juez federal. “Cita un amparo contra el aseguramiento de alguna de las propiedades”, dijo el procurador Carrancá Bourget.

—¿Cuáles?
—Menciona algunas, entre ellas las propiedades de La Vista. Es un amparo que apenas se acaba de recibir.

—¿Las de Guerrero?
—No, no tenemos incluidas todas todavía, esa es una estrategia del abogado. No conozco la razón por la cual, en este caso en particular, sólo incorporó la de La Vista. Es un amparo que acaba de presentar y que está iniciando su tramitación. Simplemente daremos el curso legal y daremos los informes a la autoridad judicial federal correspondiente. Vamos a esperar a ver qué resuelve.

Fue en la madrugada del 12 de enero cuando mediante orden de cateo, elementos de la PGJ efectuaron la detención del exfuncionario, quien trabajó en los últimos meses de la administración estatal de Mario Marín Torres, al ingresar a la dependencia el 16 de julio de 2009 hasta el cierre del gobierno el 31 de enero de 2011.

Alfredo Arango García presuntamente incurrió en enriquecimiento ilícito por 54 millones de pesos, por lo que puede pasar de 2 a 11 años de prisión, informó en anteriores entrevistas Víctor Carrancá.

Antes fungió por muchos años como director del ISSSTEP, donde fue señalado de diversas irregularidades tanto por personal como por representantes de otros partidos políticos, quienes siempre pidieron que se le hiciera una investigación.