El Tribunal de Arbitraje del estado “guardó silencio” ante las acusaciones de abogados litigantes de mantener en la “congeladora”, más de 300 procesos en contra del gobierno estatal, por despido injustificado.
Intolerancia Diario solicitó una entrevista con el magistrado del Tribunal de Arbitraje del estado, Rodolfo Ramos García, sin embargo no se abrieron las puertas para aclarar la situación al interior de los juzgados laborales.
Alberto García, empleado del Tribunal, por orden del magistrado Rodolfo Ramos, entregó a medios de comunicación el teléfono celular 044 22 25 78 99 00, para agendar la entrevista; sin embargo, jamás respondieron al llamado.
Este medio reveló cómo existe un bloqueo a las más de 300 demandas laborales en contra del gobierno del estado por despidos injustificados, expedientes que se encuentran totalmente detenidos, sin el menor movimiento legal.
Por lo mismo, el magistrado del Tribunal, Rodolfo Ramos García, ha sido acusado de detener los procesos jurídicos contra el gobierno estatal, al grado que ha sido llamado a comparecer ante la Procuraduría General de la República (PGR), por no realizar su trabajo.
Incluso, litigantes acusaron de diversas irregularidades en el Tribunal señalado, como la falta de nombramientos en las áreas y personal que firma documentos usurpando funciones de facto.
El bloqueo es tan grave, que a más de un año y medio de que iniciaron los despidos, los demandantes ni siquiera han sido llamados a comparecer, por lo que los procesos no avanzan y simplemente se archivan las demandas.
Debido a estos retrasos, el magistrado ha tenido que comparecer ante la PGR por distintos casos, luego de que los acusadores se han amparado ante instancias federales por el claro bloqueo a sus demandas.
Por ejemplo, Rodolfo Ramos, tiene un proceso en su contra por inejecución de sentencia en el expediente 186/2011 de Gregorio Paisano Jesús, bajo el amparo 671/2011 del expediente laboral 186.
En otro ejemplo, hasta en cuatro ocasiones ha sido requerido por el expediente 12/2012 de Antonio de la Vega Zafra, extrabajador de la Secretaría de Finanzas, para que cumpla su deber bajo el amparo 485/2012 del Juzgado Segundo de Distrito.
Pero al hacer caso omiso al llamado de la autoridad federal, el magistrado ha sido multado en dos ocasiones, con sanciones entre 20 y 40 días de salario mínimo en este caso de presunto despido injustificado.
En este caso, el magistrado también fue denunciado ante la Secretaría de la Contraloría, apenas el pasado 9 de agosto, por lo que se debieron iniciar investigaciones, según el oficio SC-DSQD-961/2012 en poder de este medio.
En entrevista, según los litigantes inconformes, se mantienen sin ejecución de sentencia alrededor de 50 procedimientos, por lo que los afectados se han amparado ante instancias federales ante la nulidad de impartición de justicia.
Se calcula que entre todas las multas por desatacar órdenes federales, el magistrado ha tenido deudas por sanciones hasta por alrededor de 60 mil pesos, y las mismas continúan, con tal de que sigan parados los procesos.
Debido a todas las irregularidades, hace unas semanas cerca de 50 abogados, firmaron un desplegado en El Sol de Puebla, denunciando la forma de trabajar del magistrado, exigiendo su destitución inmediata.
Lo acusaron por su mala actuación en la impartición y la administración de justicia en Puebla, señaló Francisco Martínez Alpízar, responsable del desplegado distribuido entre los empleados de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
El documento está dirigido al gobernador Rafael Moreno Valle y al secretario de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, donde los ciudadanos denuncian el desempeño del funcionario.
"Por su mal actuar en la impartición de la justicia laboral a favor de los ciudadanos de Puebla". Y resaltan el adeudo de más de 40 mil pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hasta el mes de junio por multas y recargos.
Las sanciones, dice el documento, fueron generadas por negligencia del propio funcionario, porque no cumplió con algunos requerimientos realizados por varios jueces de distrito en la entidad poblana, quienes le solicitaron informes justificados o cumplir con algunas ejecutorías.
"Siempre se niega a recibir a los representantes del SAT cuando acuden a sus oficinas de Reforma 710 a requerirle el pago."
Resaltan los asuntos que tienen en proceso "varados" en su curso legal por la omisión, el desconocimiento, la pereza, la arbitrariedad, la inasistencia, la negligencia dolosa y la negación consuetudinaria de Ramos García, quien se niega a recibir a las partes en los procedimientos para exponer sus inconformidades.
Se asegura que el presidente del Tribunal de Arbitraje del estado siempre se mantiene a puertas cerradas, pero además cuenta con dos secretarias particulares a su servicio que atienden a los litigantes.
"(…) también lo justifican y dicen que el magistrado está muy ocupado y por eso no recibirá a nadie."
Se indica que entre las decisiones arbitrarias que tomó el abogado destaca el traslado de las instalaciones del tribunal burocrático a las instalaciones de avenida Reforma 70, altos, sin que exista un estudio de factibilidad para albergar ese tribunal.
"(…) el cual carece de estacionamiento, es disfuncional y peligroso para quienes acudimos a realizar algún trámite."
Los abogados solicitaron la intervención de las autoridades estatales para dar respuesta positiva a esa denuncia pública, "queremos su destitución inmediata para evitar que siga causando más perjuicio en detrimento de la impartición de la pronta y expedita justicia".
