El proyecto de la Comisión Calificadora de la Elección Presidencial del TEPJF propuso declarar infundados, insuficientes o irrelevantes los agravios planteados por la coalición Movimiento Progresista para demandar la invalidez de la elección presidencial.
Durante la sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se leyó el proyecto en el que se propone considerar infundados los agravios y demás planteamientos hechos por la coalición integrada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano.
Los cinco planteamientos generales del Movimiento Progresista fueron: adquisición encubierta de propaganda en radio y televisión, uso propagandístico de las encuestas, financiamiento encubierto para la campaña, gastos excesivos en la campaña, y propaganda e intervención de los gobiernos federales y estatales.
Al dar lectura al proyecto, el secretario general de Acuerdos de la Sala Superior del TEPJF, Marco Antonio Zavala, expuso que en los casos Monex y Soriana no encontraron evidencias de su uso para la compra de votos, sólo para apoyos a la estructura y militancia del PRI.
Así, durante la sesión el proyecto consideró infundados los cinco agravios que planteó el Movimiento Progresista, donde solicita la nulidad de la elección de la elección presidencial y la cancelación del registro de Enrique Peña Nieto por rebase de tope de campaña.
El documento elaborado por la Comisión Calificadora, conformada por los magistrados Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera y Salvador Nava Gomar, considera infundada la adquisición encubierta de radio, televisión y medios impresos para tratar de posesionar a Peña Nieto.
También se declaró infundado el presunto uso indebido de tiempos en noticieros, porque no es posible evidenciar un manejo irregular, lo mismo que el caso de la presunta propaganda encubierta en Radio Fórmula, Organización Editorial Mexicana (OEM) y la Revista Quién.
El proyecto señala que algunas de las acusaciones son dogmáticas y destaca que también se declara infundado el uso de encuestas como propaganda electoral y para la inducción del voto.
Se indica que los resultados de las encuestas no son definitivos para influir en el electorado y quien pretenda cuestionar los estudios de opinión debe acreditar los hechos de que se incumplió de forma sistemática y se manipularon los cuestionarios, o su difusión fue una estrategia de propaganda electoral.
Además en los últimos días de campaña no fueron coincidentes en el resultados de la elección, pero sí en los lugares uno, dos y tres. No se acreditó ningún sesgo en las encuestas en favor de Peña Nieto.
Con relación al supuesto financiamiento encubierto, paralelo, de origen desconocido o de procedencia ilícita, aunque sí se reconoce la distribución de tarjetas como la de Monex el proyecto señala que no hay pruebas de que el PRI las utilizó para fines ilícitos.
Respecto a los gastos excesivos en campaña y publicidad se hace notar que los procedimientos de investigación no han concluido y, por lo tanto, no pueden servir para acreditar el fondo del agravio planteado.
En tanto, sobre la intervención de los gobiernos federal y estatales en el proceso electoral, indica que se alega la intervención del presidente Felipe Calderón a través de un mensaje en Twitter y de declaraciones del titular de Hacienda contra de candidato, al que no se mencionó lo que no es suficiente.
De la reunión de los gobernadores del PRI en Toluca, supuestamente para comprometerse a garantizar un mínimo de votación para su candidato, el proyecto aclara que no hay indicios de que la reunión haya tenido ese fin.
Por otro lado, manifestantes lanzaban consignas y críticas hacia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en momentos en que se discutía la solicitud del Movimiento Progresista para anular la elección presidencial.
Miembros del movimiento #YoSoy132, del Sindicato Mexicano de Electricistas, Morena y otros grupos afines al abanderado presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, lanzaban consignas contra el trabajo de los magistrados y el candidato de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto.
Por momentos los inconformes golpeaban las vallas metálicas que fueron instaladas para proteger los accesos al Tribunal Electoral, mientras que la circulación vehicular sobre el Eje 3 Oriente en dirección Periférico a San Lázaro fue cerrada.