El diputado federal Ricardo Monreal Ávila aseguró que con la reforma laboral aprobada el 29 de octubre se desmantelaron los derechos de los trabajadores y se vuelve a un esquema laboral parecido al de hace un siglo donde se protege a los patrones, sin embargo existe la posibilidad de que se gane el amparo de la justicia federal.
Acompañado del diputado José Juan Espinosa Torres, del dirigente estatal de Movimiento Ciudadano José Ángel Pérez, de la secretaria general del partido a nivel nacional, María Elena Orantes, el representante lamentó que se consumara la regresión más grave en materia de derechos y conquistas laborales desde hace casi un siglo, cuando se aprobó en la Constitución (artículo 123) el derecho de huelga, de asociación, la jornada de 8 horas y un régimen de seguridad social para los trabajadores y sus familias.
Monreal Ávila sostuvo que el documento que presentaron el PRI y PAN llamado reforma laboral “estructural”, no es otra cosa que el desmantelamiento del régimen de protección de los derechos de los trabajadores del país.
Ricardo Monreal dijo que los puntos lesivos más importantes de esta medida son: introduce el contrato por hora, fragmentando el salario en hasta 7 pesos la hora; incorpora contratos a prueba, improrrogables, afectando la incorporación de las y los jóvenes al mercado de trabajo; prorroga contratos laborales por materia de trabajo, a discreción del patrón; elimina la antigüedad como factor de ascenso laboral (desaparecen los escalafones); facilita el despido de los trabajadores, permitiendo que pueda hacerse sin notificación oficial en el centro laboral, enviando simplemente un correo; limita a un año el pago de salarios caídos; legaliza la subcontratación de mano de obra, el llamado outsourcing, sin prestaciones ni seguridad social para los trabajadores.
Advirtió que le llaman reforma “laboral” porque se presume que promoverá el empleo, al flexibilizar los requisitos de contratación de la mano de obra, pero en realidad es una reforma patronal, porque antepone los intereses de los empleadores y deja en la indefensión los intereses de los trabajadores, al desconocer armas de defensa jurídicas esenciales como el contrato colectivo, la jornada mínima de 8 horas y el régimen de prestaciones sociales.
