A pesar del intento por parte del ejecutivo estatal, a través del diputado panista Antonio Vázquez con la llamada “ley Mondragón”, para postergar hasta el mes de febrero de 2013 el arranque del proceso ordinario; sin embargo, los problemas de inconstitucionalidad que presentó la propuesta permitieron que hoy en la sesión del consejo general del IEE, en el punto seis del orden del día, se declare el inicio del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2012-2013.
Fue el 3 de septiembre, con el argumento de reducir los tiempos electorales y permitir que los nuevos consejeros y magistrados —que serían electos en los meses de octubre y noviembre— tuvieran tiempo de organizar el proceso electoral; el diputado Antonio Vázquez presentó una iniciativa de reforma electoral y en menos de cuatro horas se analizó y se votó, para que el proceso comenzara el próximo mes de febrero y no a principios de noviembre, como lo marca la ley.
Sin previo aviso, se citó a Comisión Permanente del Congreso a las 8:00 horas y posteriormente los diputados del Congreso local, aprobó con 34 votos a favor y dos en contra, reformar el primer párrafo del artículo 31, el 32, el segundo párrafo del 205, todos del Código de Instituciones y Procesos Electorales del estado de Puebla.
En la reforma se aprobó que el consejo general del Instituto Electoral del Estado, se reunirá en la primera semana de febrero del año de la jornada electoral para declarar el inicio del proceso electoral y designará a los integrantes de los Consejos Distritales, a más tardar en el mes de febrero del año de la elección y concluye con los cómputos y declaraciones de validez que realicen los Consejos del Instituto o bien con las resoluciones que en su caso, pronuncie en última instancia el Tribunal.
Ese día, el presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del estado, Juan Carlos Espina, advirtió “la reforma para que el proceso electoral local iniciara en el mes de febrero era ilegal”, debido a las irregularidades que se presentaron, y aclaró que la iniciativa fue presentada a título personal por el diputado Antonio Vázquez.
En tanto, especialistas señalaron “toda reforma electoral que se haga dentro de los noventa días en que inicie formalmente el proceso ordinario, es inconstitucional. Esta disposición se puso como candado para evitar legislaciones facciosas”.
El parche electoral
El 8 de octubre con el agregado de un artículo transitorio a la reforma electoral aprobada el pasado 3 de septiembre, el Congreso del estado buscó poner fin al problema de inconstitucionalidad del documento que se encuentra siendo analizado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Fue la Junta de Gobierno y Coordinación Política la que presentó en la sesión de la Comisión Permanente el artículo transitorio en el cual se establece que la reforma electoral entrará en vigor a partir del año 2017 y ya no para el presente proceso electoral.
Ofrecen transparencia
El 1 de noviembre, conforme a lo que establece la ley el nuevo Consejo General del Instituto Electoral del Estado inició su gestión sin permitir el acceso a los representantes de los medios de comunicación a la sesión inicial, pese a que estas son de carácter público al indicar que se iban a abordar temas de índole privado.
Con la inconformidad del diputado de Movimiento Ciudadano, José Juan Espinosa Torres y del representante del PRI ante los órganos electorales, José Alarcón Hernández, por la falta de transparencia en el inicio de los trabajos, los consejeros permitieron el acceso a los medios de comunicación dos horas después.
El consejero presidente Armando Guerrero dijo en su mensaje “nuestro compromiso se basará en los ejes rectores: legalidad, independencia, objetividad e imparcialidad. Los tiempos que vivimos no nos permiten dar malos resultados a nadie, las exigencias se han vuelto cada vez más válidas y legítimas, desarrollando un proceso electoral, pacífico y democrático.
Garantizaremos que la ciudadanía tome confianza en el Instituto porque queremos una ciudadanía más crítica y participativa, ésa es la meta”.
El paraíso laboral
El actual Consejo General gozará de beneficios que no tuvieron los anteriores árbitros, esto con la reforma del 18 de octubre donde con el uso de la autonomía con la que gozan los consejeros aprobaron una reforma a la normatividad interna de determinación de responsabilidades mediante la cual no podrán ser sancionados al interior del organismo, además el plazo para revisar alguna irregularidad que hubieran cometido y que se encuentre dentro del código en la materia, sólo será de seis meses a partir de que dejen el cargo.
El consejo aprobó el agregado de un párrafo al artículo 7 de la normatividad interna referente a las sanciones en el cual se evita que algún consejero pueda ser sancionado por los órganos internos.
Los recursos
Para el 2013 el anterior Consejo General del instituto dejó aprobado el presupuesto que recibirán los partidos políticos.
En lo que respecta al año 2013, los recursos destinados tanto para las actividades ordinarias como las actividades tendientes a la obtención del voto suman un total de 100 millones 526 mil 810.20 pesos.
En este mismo tema, se determinaron también los montos máximos de las aportaciones pecuniarias de los militantes y simpatizantes de los mencionados institutos políticos. De esta forma, el límite anual de aportaciones en dinero que realice cada persona física o moral facultada para ello, durante el año 2013 quedó fijado en 25 mil 131.70 pesos.