La presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso, Josefina Buxadé Castelán, estimó como contraproducente la demanda de organizaciones cívicas para una mayor ciudadanización del proceso de selección del nuevo comisionado de la CAIP.
“Sería lamentable que la pelea de las organizaciones porque fuera más ciudadanizado el proceso y porque hubiera habido mayor participación, habría tenido los efectos contrarios. Esperemos que no sea así.”
La excomisionada Josefina Buxadé consideró que la petición de ensayos a los aspirantes a la CAIP y la “pelea” de las organizaciones por una mayor ciudadanización del proceso incidieron en la menguante participación de ciudadanos en el proceso. Buxadé Castelán no quiso especular sobre la mínima participación de aspirantes a la CAIP: “Es muy difícil saber las intenciones de las personas o por qué no hicieron algo, yo creo que es un conjunto de factores”. La diputada del PAN intentó justificar la nimia participación de postulantes al cargo de comisionado de la CAIP: “10 es un número suficiente, hay buenos perfiles”.
Con el empuje de las organizaciones como la Amedi que impulsó la actualización de una nueva Ley de Transparencia aprobada por el actual Congreso, y ante la postura del éste de minimizar la apertura del proceso de selección del nuevo comisionado que seleccionará al comisionado o comisionada tentativamente en la primera semana de diciembre.
El día de ayer, 15 de noviembre de 2012, concluyó el término establecido en la convocatoria emitida por el Congreso del estado de Puebla para que la población en general, organizaciones no gubernamentales, centros de investigación, colegios, barras y asociaciones de profesionistas, instituciones académicas y medios de comunicación presentaran sus propuestas de ciudadanos para la designación y nombramiento de la comisionada o el comisionado propietario y suplente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado.
De nueva cuenta, como ha sucedido con otros procesos, el Congreso recibió apenas 10 solicitudes de ciudadanos, de las cuales dio fe el notario público 14, Miguel Ángel Tejeda Ortega. Quienes se postularon a la búsqueda de ser comisionado son: Miriam Carrillo Ruiz, Norma Estela Pimentel Méndez, Gerardo Guevara Bret, Carlos Manuel Osorio Luna, Federico González Magaña, Rafael Gustavo Hernández García Cano, Jorge Alberto Calles Santillana, José Silvestre Joaquín Romero y Morales, Gabriel Guerrero Monter y Alberto Javier Segovia Blumenkrón.
Los postulantes, una revisión
1. Miriam Carrillo Ruiz.
La abogada Carrillo Ruiz actualmente se desempeña como profesora-investigadora en la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Puebla. Carrillo estudió la maestría en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP). También realizó estudios de maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad ETAC y la UAP. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Puebla en donde es distinguida con mención honorífica. Ha cursado diplomados relacionados con los campos de la educación, la docencia y la investigación. Ha asistido a más de una veintena de congresos y seminarios en temas relacionados con comunicación, educación y derechos humanos. Además, ha desempeñado funciones de docencia, investigación, diseño instruccional y coordinación en la Universidad Iberoamericana plantel Golfo-Centro y en la Facultad de Comunicación de UAP ha sido consejera universitaria suplente.
2. Norma Estela Pimentel Méndez.
Estudió en la Universidad de las Américas Puebla la licenciatura en Derecho. Cursó en la Ibero Puebla el grado de maestra en Derecho Empresarial Fiscal donde obtuvo el grado con mención honorífica. Terminó sus estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Autónoma de Puebla. Becaria de investigación por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología respecto al tema la “Flexibilidad en el Procedimiento de Licitación Pública Federal de México”. Se ha desempeñado profesionalmente en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración en materia fiscal, contenciosa y administrativa. También desempeñó actividades como abogada en Mancera en el área de Asesoría Legal y Fiscal; es socia fundadora en el Corporativo Jurídico Oriente, asesora externa de TV Azteca Oriente. También es profesora en el Instituto de Estudios Superiores del Tecnológico de Monterrey campus Puebla.
3. Gerardo Guevara Bret.
Es licenciado en derecho por la Universidad Realística de México.
4. Carlos Manuel Osorio Luna.
Ha sido jefe de Prensa del SOAPAP. Ha sido consejero municipal electoral.
5. Federico González Magaña.
Exconsejero electoral. Delegado de la Profepa.
6. Rafael Gustavo Hernández García Cano.
Es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana Puebla. Realizó estudios de postgrado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. También estudios de postgrado en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana Puebla, en Convenio con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Coordinó la licenciatura en Comunicación de la Universidad Iberoamericana Puebla (1996-2001). Es profesor titular de tiempo completo en el departamento de Humanidades de la Universidad Iberoamericana Puebla. Miembro Fundador de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. (Amedi). Fue presidente del capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).
7. Jorge Alberto Calles Santillana.
Fue el coordinador del Comité Académico de la Amedi.
8. José Silvestre Joaquín Romero y Morales.
Es maestro en educación humanista por la Ibero Puebla.
9. Gabriel Guerrero Monter.
Trabajó en la Coordinación de Asesores del gobierno del estado. Buscó ser consejero electoral.
10. Alberto Javier Segovia Blumenkrón.
Secretario técnico del Órgano de Fiscalización Superior. Ha sido director de Convenios y Apoyo Jurídico en materia de adquisiciones y obras públicas de la Secretaría de la Función Pública.
Los 10 expedientes fueron remitidos a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, a fin que ésta lleve a cabo la revisión de cada uno, para determinar cuáles cumplen con los requisitos establecidos en la ley a partir del 15 hasta el 30 de noviembre de 2012. Efectuada dicha revisión, la Comisión de Transparencia elaborará la lista de personas que cumple los requisitos señalados, para posteriormente acordar el lugar, la fecha y la hora en que deberán de acudir los interesados para el desahogo de la comparecencia, y en consecuencia presentar al pleno la terna de donde será elegido el comisionado propietario con su respectivo suplente de la CAIP.