El rector de la Ibero dijo que por parte de los manifestantes debe existir mucha prudencia y las autoridades gubernamentales y de seguridad del país deben conducirse con tolerancia, para garantizar que el evento se conduzca en las mejores condiciones. Para Fernández Dávalos es normal que en el acto protocolario de toma de investidura del nuevo mandatario mexicano se presenten manifestaciones de rechazo, porque esas situaciones se presentan siempre, sin importar quién llegue al cargo, sobre todo después de un proceso electoral muy competido en el que se registraron muchas irregularidades que hasta el momento no se aclaran ni se sancionan de parte de las autoridades correspondientes.
En ese contexto, el rector de esa casa de estudios recordó que existen sectores de la población que al sentirse doblados manifiestan su desacuerdo, pero tienen que hacerlo de manera pacífica, sin alterar el orden y el derecho de terceros, “me parece legítimo que se manifiesten pero que sea por los cauces pacíficos y sin afectar los derechos de la población”. Desde la perspectiva del administrador central de esa casa de estudios poblana, es comprensible que se manifiesten y que muestren públicamente su rechazo y su inconformidad, sin embargo reiteró que de ambas partes, autoridades y manifestantes, “debe existir una actitud responsable: los primeros ser tolerantes y los otros ser prudentes”.
El exhorto que el rector de la Ibero lanzó a la nueva administración del gobierno federal es mostrar tolerancia con los inconformes y que ante eso el presidente de la República entrante, Enrique Peña Nieto, comprenda que esos acontecimientos suceden en el país y que solamente tendrá que legitimarse en el ejercicio de su mandato. En el marco del foro “Reforma constitucional de Derechos Humanos, a un año de su aprobación”, realizado en la Universidad Iberoamericana, las autoridades centrales de la institución y la representación del gobierno del estado concluyeron que el país debe pasar de un Estado de Derecho a un Estado de Derechos.
En el foro, organizado de manera coordinada con la Fundación Konrad Adenauer, el procurador de Justicia del Estado de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget, reveló que esa reforma le dio una nueva y más profunda dimensión a los derechos humanos ante el poder público donde el ser humano se antepone a cualquier autoridad, y norma jurídica.
“La trascendencia de esta reforma estará impulsada por las acciones a través de ella, es decir, por el rumbo que seamos capaces de trazar en la construcción de un Estado constitucional de Derecho, debemos transitar de un Estado de Derecho a un verdadero Estado de Derechos: así, en plural y lo que ello significa, analizar el alcance y contenido de la trascendencia de la reforma para el futuro.”
Un reto inmediato
La impunidad es un reto que debe solucionarse, porque en la actualidad 90 por ciento de los delitos que se cometen no reciben castigo, pero también hay que acabar con la corrupción que se presenta en los órganos públicos de procuración de justicia, dijo Fernández Dávalos.