Durante la sesión de la comisión donde estuvo presente la presidenta de la Asociación de Protección y Seguridad, Margarita de la Mora Díaz, el diputado Héctor Alonso Granados aclaró que las empresas son negocios y no instituciones de beneficencia, y deben ajustarse a lo que establece la ley.
El presidente de la comisión cuestionó que los negocios de seguridad pública tengan a personas sin capacitación en los fraccionamientos que no prestan el servicio adecuado a los ciudadanos, pero además hay quienes explotan al personal pagándole salarios de hambre, además de no otorgarles prestaciones. Además se tienen reportados casos de personas que prestaban el servicio y tenían antecedentes penales.
Insistió que no son instituciones no lucrativas, estas cobran por prestar un servicio de seguridad y las autoridades deben exigirles el cumplimiento de lo que establece la ley, y si quieren modificaciones tienen que respetar lo que actualmente existe.
Indicó que se prevén modificaciones a los artículos 124, 126, y 128 de la Ley de Seguridad Pública para un mayor control de los negocios.
Por su parte, el diputado de Acción Nacional, Jorge Gómez Carranco y la diputada del PRI, Zenorina González Ortega, demandaron ante el secretario de Seguridad Pública en el estado, Ardelio Vargas, que haya un padrón real de las personas que trabajan como agentes de seguridad privada.
Por su parte, Vargas Fosado al hablar ante los diputados informó que se actuó en contra de empresas que prestaban el servicio sin autorización y fueron 13 las suspendidas, además de que 48 fueron revocadas y tuvieron que hacer de nuevo el trámite, 28 operan con registro federal pero de acuerdo a la ley deben tener el estatal.
El funcionario reconoció que hay empíricos, y el prestar la seguridad no es sólo tener gente a la entrada de los fraccionamientos sino que la gente que está ahí cuente con la capacitación necesaria y llamó a la profesionalización.