La protesta de los trabajadores frenó la reforma al artículo 43 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado con la que se acabaría con las plazas de trabajadores si una dependencia aducía problemas financieros o presupuestales.
Pero los burócratas no lograron su cometido. Con el respaldo del PRI, que señaló que se trataba de un “privilegio laboral injustificable”, los diputados aprobaron en comisión del trabajo acabar con la transferencia de plazas, práctica, protegida por los anteriores gobiernos priistas.
Fue el saldo de un súbito descontento de los trabajadores ante la andanada legislativa para acabar con el modelo de plazas.
Los burócratas sitiaron el Congreso local. La inconformidad de la base trabajadora en contra de la reforma en contra de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado llegó a las puertas del Congreso.
Los trabajadores sindicalizados portaban pancartas con las leyendas: “no a la aprobación de las iniciativas”, “Secretaría General de Gobierno respeto a las bases sindicales”.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa promovida por el diputado Alejandro Oaxaca Carreón.
Indignados los trabajadores improvisaban consignas en contra de los legisladores por respaldar una iniciativa de ley para que en cualquier momento, aduciendo deficiencias presupuestales, el gobierno del Estado pudiera eliminar las plazas de los trabajadores.
Otro de los puntos de inconformidad de la iniciativa, que se discutió ayer en el Congreso fue el relativo a la eliminación de plazas vitalicias, es decir, el que siguiera vigente el derecho de los trabajadores para transferir sus plazas a familiares o a otras personas, prácticas, que éste y anteriores gobiernos habían permitido hasta la discusión de la iniciativa de este martes en la sesión de la Comisión del Trabajo.
Mientras la iniciativa se discutía en la Comisión del Trabajo, encabezada por el diputado petista, Zeferino Martínez, los trabajadores sindicalizados al servicio del Estado coreaban consignas en contra de la modificación legislativa lesiva a los intereses de los trabajadores al servicio del Estado.
El diputado priista, Gerardo Mejía, salió del Congreso para conversar con los trabajadores al servicio del Estado. Un grupo de trabajadores, delegados sindicales, encabezados por su dirigente sindical, Héctor Posadas Manzano, se reunió con los legisladores para expresarles sus inquietudes pidiendo que no se aprobaran las dos iniciativas de ley.
Los legisladores del PRI y diputados de otras fuerzas como el PT buscaron que la reforma no afectara los intereses de los trabajadores adheridos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado.
Dicha iniciativa de ley fue presentada por el diputado, Alejandro Oaxaca Carreón, para modificar tanto el artículo 43 como el artículo 9 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado.
Pero la protesta de los trabajadores al servicio del Estado apenas surtió efecto. Ya que si bien los diputados desecharon la reforma al artículo 43 que le daba el derecho al Estado a desaparecer las plazas laborales en cualquier momento mediando una restricción presupuestal, los legisladores de todas las fuerzas políticas aprobaron la reforma que elimina las plazas hereditarias o vitalicias.
El PRI defiende a los trabajadores
“A medio gas”, el PRI defendió los derechos de los trabajadores al servicio del Estado.
En comisiones los diputados del tricolor solicitaron eliminar de la iniciativa de ley la reforma al artículo 43 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado.
A consideración de los diputados priistas dicha modificación violaría las garantías y derechos de los trabajadores burócratas.
Los diputados priistas Gerardo Mejía Ramírez y Ricardo Urzúa Rivera pidieron eliminar la reforma al 43 de la ley de los burócratas.
La propuesta del legislador tricolor Gerardo Mejía Ramírez obtuvo el respaldo legisladores de los diferentes grupos parlamentarios para que no se dictaminara el artículo 43.
El legislador priista dijo que esta reforma que pretendía hacerse repercutía negativamente en los derechos de los trabajadores puesto que los despidos se podrían justificar por afectaciones o insuficiencia de presupuesto, quedando desamparados quienes prestan su servicio al Estado.
Sin embargo, la bancada del tricolor avaló la desaparición de las plazas vitalicias o heredadas. En contraparte, El diputado priista, Lauro Sánchez López, defendió la postura para la desaparición de las plazas vitalicias, una situación que durante los gobiernos priistas siempre protegió el PRI.
De súbito, los diputados del PRI respaldaron al artículo 9, el grupo parlamentario del PRI se manifestó a favor de que los derechos de un nombramiento de base sean intransferibles, por lo que no pueden ser materia de cesión bajo ninguna modalidad o circunstancia.
En este sentido, Sánchez López dijo que es válida esta modificación puesto que el derecho a ceder un nombramiento era un privilegio laboral injustificable y que rompía con la equidad en cuanto a la búsqueda de oportunidades laborales, además que generaba burocracia e ineficiencia en el sector público.
Los diputados del expartidazo coincidieron en que los derechos de un nombramiento de base sean intransferibles, “por lo que no pueden ser materia de cesión bajo ninguna modalidad o circunstancia”.
En este sentido, Sánchez López dijo que es válida esta modificación puesto que el derecho a ceder un nombramiento era un “privilegio laboral injustificable” y que rompía con la equidad en cuanto a la búsqueda de oportunidades laborales, además que generaba burocracia e ineficiencia en el sector público.
La Comisión del Trabajo, Competitividad y Previsión Social del Congreso aprobó de manera unánime la reforma el artículo 9 y 44 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, en el que se establece que los derechos de un nombramiento de base son intransferibles, por lo que no pueden ser materia de cesión bajo ninguna modalidad o circunstancia que implique limitaciones al Estado para otorgarlas, en los términos establecidos en la ley.
La modificación destaca que las plazas que se encuentren vacantes serán otorgadas conforme a la propia ley, por riguroso escalafón y mediante concurso, a fin de que sean concedidas a los trabajadores de la categoría inmediata inferior con mejor derecho que cumplan con el perfil de puesto.
Por otro lado, los miembros del cuerpo colegiado acordaron no dictaminar la fracción VI al artículo 43 de dicho ordenamiento, toda vez que generaría incertidumbre a los trabajadores al servicio del Estado, propuesta que fue presentada durante la sesión por el diputado Gerardo Mejía Ramírez.
En este sentido, el diputado Mejía Ramírez, consideró como un avance el que con el respaldo de los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios, no se dictaminará el artículo 43, debido a que repercutiría negativamente el derecho de los trabajadores, debido a que dicha modificaciones justificarían los despidos por afectaciones o insuficiencias al presupuesto.
Por su parte, los diputados Zeferino Martínez Rodríguez y Eric Cotoñeto Carmona, destacaron que el Congreso del estado mostró apertura para este tema y para escuchar las opiniones de los trabajadores, a través de su líder sindical y coincidieron en que los temas que afectan los derechos de los trabajadores tienen que ser analizados.
Mientras que el diputado Juan Carlos Espina von Roehrich, subrayó que es responsabilidad de los representantes populares estar abiertos a escuchar a la ciudadanía y en este tema en particular, se debe buscar que se analice a fondo la ley de los trabajadores para que no exista una regresión en esta materia y que en relación a la modificación del artículo 43 este es de interés no patronal sino de Estado por lo que debe ser analizado de manera integral y a favor de los auténticos derechos.
La reunión contó además con la presencia de los diputados Ricardo Urzúa Rivera y Myriam Galindo Petriz.
A destacar
Durante la sesión ordinaria de la LVIII Legislatura del Congreso local, con 39 votos a favor y uno en contra y una abstención se avaló la adición de un párrafo al artículo 9 de dicha ley, que señala que “los derechos de un nombramiento de base son intransferibles, por lo que no pueden ser materia de cesión bajo ninguna modalidad o circunstancia que implique limitaciones al Estado para otorgarlas”.