El Sindicato de Burócratas “dobló las manos” y sólo va a asesorar a los 83 ahora extrabajadores sindicalizados del Instituto para la Asistencia Pública del Estado de Puebla (IAPEP), aceptando los despidos que realizó el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

Incluso su líder sindical, Héctor Posadas Manzano, no canceló sus vacaciones y dejó plantados a los agremiados que se reunieron en las oficinas sindicales en la colonia Maravillas, al oriente de la ciudad. Al lugar llegaron empleados como de intendencia y administrativos; la mayoría eran personas de la tercera edad, quienes llevaban trabajando de entre 10 y 40 años, de los que por por lo menos hay 10 a punto de perder su pensión.

En la víspera, el despacho de Jorge Bracamontes, contratado por los morenovallistas, ofreció los cheques de liquidación al 100 por ciento a los empleados de base, los que no fueron aceptados. Se dijo que se revisó la ley de “pies a cabeza” para evitar los despidos, pero no hay forma de detenerlos por la vía jurídica a menos que sea mediante un amparo, por lo que el sindicato sólo ha ofrecido asesoría legal.

Luego “del plantón”, los trabajadores fueron recibidos por el secretario de Trabajo y Conflictos, Rufino Rodríguez Aguilar, quien les explicó que su representante no estaría en la reunión. Inmediatamente, molestos los extrabajadores gubernamentales empezaron a denostar al líder sindical, de quien piden su renuncia por no hacer frente a los embates del gobierno de Moreno Valle en contra de la clase trabajadora. Cabe destacar que al notar la presencia de Intolerancia Diario en el recinto, inmediatamente se pidió a este reportero —de buena manera— que abandonara el recinto, ya que era una junta sindical privada.

Sin embargo, se pudo documentar que Héctor Posadas ni siquiera tomó las llamadas de sus directivos sindicales para hacer frente al problema, por lo que se citó a una nueva reunión el próximo lunes, con un gran enfado de los trabajadores.

“No es justo, hemos entregado nuestra vida al gobierno de Puebla, para que este señor gobernador nos dé una patada en el trasero, además teníamos la promesa de reubicación, pero no hicieron nada para defendernos”, dijo una de las trabajadoras de intendencia.

“Dígame, ahora en qué voy a trabajar; de veras no se tocan el corazón, si es que tienen; el gobernador Moreno Valle nos dijo que si votábamos por él no nos correría, ahora sabemos que es un vil hipócrita”, dijo otro trabajador muy molesto.

“A Posadas le faltan huevos, es mediocre, desde la reunión de todos en diciembre en el salón Country —donde se reunieron más de 4 mil trabajadores sindicales— debimos tomar medidas; ahora somos nosotros, mañana serán más, hasta desaparecer el sindicato”, dijo.

“No venir ni a darnos la cara es no tener abuela, no puede ser que el señor siga de vacaciones mientras el gobierno con la mano en la cintura despide a los empleados sindicales”, señaló otro joven molesto.

“Yo esperaba pensionarme y vivir de ese dinerito, ahora no sé que hacer”, dijo otro trabajador de avanzada edad.

Cabe destacar que fuentes extraoficiales señalaron que el sindicato jamás se sentó a negociar a dónde se reubicaría al personal, a pesar de saber que este 31 de diciembre se extinguiría el IAPEP.

Las promesas
“No todo el mundo va a poder mantener los mismos puestos de trabajo. Los que se puedan transferir se hará con todos sus derechos vigentes y los que no, se respetarán sus derechos si se pueden ubicar en un área y si no son necesarios, por los propios recortes que está sufriendo el gobierno del estado, tendrán que ser liquidados”, dijo en diciembre Fernando Manzanilla Prieto.

Desde octubre del año pasado, Héctor Posadas indicó a medios de comunicación que los trabajadores sindicalizados serían removidos a otras dependencias ante la venta del Monte de Piedad de Puebla. Incluso pidió a los trabajadores de base no alarmarse por la venta del Monte de Piedad, ya que el gobierno estatal ha mantenido pláticas con la dirigencia sindical, en las que se descartó recorte de personal.

Explicó que los empleados dependen directamente del Instituto para la Asistencia Pública del Estado de Puebla (IAPEP), por lo que serán reubicados a otras áreas de la administración estatal. Destacó en esos días que había sostenido reuniones con el secretario de Infraestructura, José Cabalán Macari, sobre el tema, luego de que se publicó en el Periódico Oficial del Estado el proceso de enajenación del Monte de Piedad de Puebla.

“Es un hecho de que se van a reubicar a todos sin ningún problema, eso se los hemos manifestado a los compañeros de base, esa es la plática que hemos sostenido con la Secretaría de Administración”, puntualizó en octubre.

Y añadió en aquella entrevista que algunos trabajadores del Monte de Piedad cuentan con una antigüedad de 2 a 40 años, por lo que no pueden ser despedidos o perder su fuente de trabajo. Asimismo, a finales de 2012 se envió a los diputados una iniciativa de reforma a la ley de los trabajadores del gobierno en la que facultaba al gobierno morenovallista a despedir personal de base o sindicalizado, sólo con la excusa de falta de recursos.

En entrevista para Intolerancia Diario, Héctor Posadas señaló que haber tirado la iniciativa de alguna forma dio un poco de tranquilidad de no quedar desamparado el trabajador de base.

“Más que tranquilidad, el hecho de que en cualquier momento te pudieran dar las gracias, así era ese tipo de iniciativa. Nos da seguridad en el trabajo nuevamente.”

—¿Ahora descarta que haya cualquier recorte de personal, como el pasado de 125 personas?

—Te puedo decir que descartamos todo ese tipo de situaciones, no podemos; te voy a decir una cosa, esas 125 plazas no pasaron de acuerdo a la revisión salarial.Ahora la realidad es otra.

La mentira
El 30 de junio de 2010, en la explanada de la Secretaría de Finanzas, el ahora gobernador Rafael Moreno Valle Rosas prometió durante su campaña electoral que no habría bajas en la administración gubernamental si le daban el voto.

Una nota publicada por El Heraldo de Puebla el 30 de junio de 2010, escrita por Fortino Morales Pacheco —quien a la postre sería jefe de Prensa de la Secretaría de Salud y ahora también despedido— documentó la promesa de campaña de Rafael Moreno Valle Rosas a los empleados del gobierno era que se les respetaría su empleo si le daban el voto.

“El candidato de la coalición Compromiso por Puebla, Rafael Moreno Valle, ofreció en la explanada de la Secretaría de Finanzas —donde inició su carrera política— una conferencia de prensa para darles la certidumbre a los trabajadores del Gobierno del Estado, de que no serán removidos de sus puestos.

”Acompañado del candidato de la misma alianza a la alcaldía, Eduardo Rivera Pérez, y de los líderes estatales de los partidos coaligados, agregó que el estacionamiento de la SFA es otro ‘elefante blanco’, como el costo de un mal gobierno, al igual que el Centro Expositor y de la Célula.

”Agregó que a los funcionarios de Finanzas y otras dependencias los están obligando a votar por el PRI, porque si no lo hacen serían despedidos ‘y lo más grave es que los van a concentrar el día de la elección y les van a dar las boletas marcadas’.

”Les pidió que, cuidando el ‘anonimato’, denuncien a quienes los están amenazando ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”, señala parte de la nota periodística.

En el mes de marzo de 2011 el secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto, en entrevista con reporteros reveló que fue propio gobernador, Moreno Valle Rosas, quien ordenó el despido masivo de trabajadores del gobierno del estado, según consta en notas periodísticas.

“La indicación del gobernador Moreno Valle es revisar y en su caso dar las gracias a quienes ingresaron hace cinco años en promedio, porque éste es otro gobierno y otro partido.”

Además —dijo— en la dependencia a su cargo fueron detectadas un total de 230 personas que cobraban en la nómina como empleados de honorarios, pero que en realidad nunca se presentaron a trabajar. Manzanilla Prieto aclaró en ese tiempo además que a los trabajadores sindicalizados no se les ha despedido, ni a quienes cuentan con más de 15 o hasta 25 años de servicio.

Señaló que cada dependencia donde hubo bajas se atenderían las demandas laborales que se presenten, al tiempo de descartar un acuerdo para reintegrarlos, pues en todo caso se quedarán en el gobierno los que tengan tiempo.

Bajo llave
Hasta el momento, el gobierno del estado ha reservado “bajo llave” los montos que ha tenido que erogar por conceptos de finiquitos a los cerca de 6 mil empleados despedidos en cerca de dos años. En distintas respuestas de a solicitudes de información, la dependencia de gobierno informa lo siguiente:

“Aunado a lo anterior se le comunica que por finiquito se entiende el documento mediante el cual el trabajador y el patrón convienen mutuamente en terminar la relación de trabajo y en dicho documento se contiene la relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él”, señala el escrito.

Para ello, agrega que “el término de finiquito no se encuentra definido en la legislación mexicana, sin embargo, se interpreta le lectura de los artículos 53 fracción 1 y 33 párrafo segundo de la Ley Federal del Trabajo, así como diversas tesis de jurisprudencia emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

De este modo, es como explica que a petición del trabajador es como se termina la relación laboral entre el empleado y el gobierno, con lo que incluso renuncia a los derechos que tiene en el pago de finiquito o liquidación. En el caso particular de la Secretaría de Finanzas, indica que durante 2011, con la salida de los trabajadores no se había llevado a cabo ningún convenio por concepto de finiquito, toda vez que los trabajadores al pedir su baja renuncian a los contratos que tenían en sus oficinas.