Acompañado de habitantes de la comunidad de Olintla y de diversos representantes de organizaciones civiles defensoras de derechos humanos, Castro Soto resaltó la importancia para que existan las condiciones mínimas para que las autoridades poblanas, entren en diálogo con los pobladores y con eso tengan los elementos para la toma de decisiones que no afecten la forma de vida de las comunidades donde ya se instala esa planta hidroeléctrica.
La perspectiva del director del Centro de Derechos Humanos de la Ibero Puebla es que de entrada se garantice el respeto de las parcelas de los habitantes de la región, que fueron invadidas por las constructoras al momento de abrir los caminos que desembocan en el terreno en el que se construye la planta hidroeléctrica.
Asimismo, resaltó que en el diálogo que solicitan es importante que se garantice la integridad física, psicológica y moral de los miembros de la población de Olintla, porque según denuncias de las organizaciones civiles, son víctimas de manera permanente de hostigamiento de parte de las autoridades municipales y de las mismas constructoras, que además, hasta el momento no presentan a los integrantes de la sociedad de la zona y de la entidad poblana, los planes y estudios de impacto ambiental de la empresa hidroeléctrica, que afectará en toda la sierra del estado y en algunas regiones de Veracruz.
Es por eso, que el funcionario educativo de la UIA reiteró que es necesario que exista voluntad del gobierno del estado de Puebla, para abrir el diálogo con los pobladores afectados, “solicitamos al gobierno estatal, particularmente al gobernador, Rafael Moreno Valle, que brinde todas las facilidades al consejo de la comunidad, Tiyat Tlalli para que tenga una audiencia pública, a fin de que pueda informar y explicar el convenio firmado con Grupo México y las razones por las cuales se les brinda facilidades a la empresa, en detrimento de los derechos de las comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla”.
Lamentan falta de voluntad
Por su parte, Rafael Sevilla Zapata, del Consejo Tiyat Tlalli, lamentó la falta de voluntad política por parte de la presidencia municipal para escuchar los argumentos de la población que se opone a la instalación de la hidroeléctrica, que por una parte está invadiendo los terrenos y sembradíos de los pobladores y por otra representa un riesgo para el medio ambiente de la región.
Ante eso, lamentó que el alcalde actúe de manera parcial y por razones económicas apoye la instalación de la planta y no se ponga de lado de la población a la que representa y lejos de tener “puertas abiertas”, impulsa la represión en contra de las comunidades.