Con los votos en contra de Nueva Alianza y el Partido del Trabajo fue aprobada en comisiones del Congreso del estado la reforma educativa federal, y será Puebla el estado 27 que dé paso al documento que desde el 14 de enero tiene validez constitucional. En la modificación se presiona al magisterio para elevar la calidad de la educación al quitarle facultades de evaluador a su sindicato.

Será en la sesión de este jueves cuando en el pleno sea votada la ley que cuenta con la mayoría, luego de que las fracciones de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional la respaldaron, mientras Nueva Alianza y PT irán en contra.

Ayer en la sesión de la Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Educación y Cultura, que presiden los diputados Juan Carlos Espina von Roehrich y José Guillermo Aréchiga Santamaría respectivamente, se aprobó por mayoría el dictamen enviado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el que se reforma los artículos 3 fracciones III, VII y VIII, y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso “d” al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX de dicho artículo constitucional, que tiene por objetivo dotar al Sistema Educativo Nacional de los elementos que impulsen su mejoramiento y aseguren la superación de los obstáculos que lo limitan.

Dicho ordenamiento que fue avalado con siete votos a favor y dos en contra, establece a nivel nacional las bases de creación de un servicio profesional docente que esté integrado por concursos de ingreso por examen de oposición para docentes y para la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el estado. En este sentido, la reforma propone que la ley reglamentaria del artículo 3 constitucional fije los términos para el ingreso, la promoción y la permanencia en el servicio.

El documento establece que se constituye el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el cual tendrá las atribuciones de evaluar el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en el ámbito de la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, dotando al instituto de las facultades para diseñar y realizar las mediciones de los componentes, procesos y resultados del sistema, emitir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y local, para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y en general directrices para el mejoramiento educativo y para la equidad.

Otro de los puntos de la reforma constitucional aprobada desde hace dos semanas a nivel nacional es que se diseñe una política de Estado sustentada en la fuerza de una disposición constitucional que permita superar inercias y fijar con claridad las responsabilidades que el Congreso federal, los poderes legislativos de los estados y autoridades educativas deben asumir, sin deterioro alguno de los derechos laborales que, en su calidad de servidores del Estado, se les otorgan en los términos de las disposiciones constitucionales y legales aplicables.

De acuerdo con el documento que fue votado, se establecerá la transparencia en los datos de la educación para conocer realmente el número de alumnos, de profesores (actualmente solo el SNTE cuenta con la cifra de trabajadores de la educación), además de analizar las condiciones en que se encuentran las instituciones educativas.

Luego de que el coordinador de los diputados de Nueva Alianza, Guillermo Aréchiga Santamaría, aseguró que la reforma va encaminada a privatizar la educación pública, conforme al documento que se entregó ayer a los medios solo se señala fortalecer la autonomía de gestión para que las escuelas puedan mejorar su infraestructura.

De acuerdo con fuentes consultadas, esto implica que se puedan obtener donaciones y que se dé una mayor participación de los padres de familia para la mejora de las instituciones. Además, se programa por parte del Estado que se dé la suficiencia presupuestal para las escuelas, a fin de que estas se conviertan de tiempo completo con jornadas de 6 a 8 horas, para aprovechar el tiempo; actualmente en el nivel básico solo son cinco horas y el en nivel medio seis horas, lo que significa que los maestros ampliarán de una a dos horas su jornada laboral.

En riesgo, la autonomía
Al asegurar que con las reformas educativa y laboral se pone en riesgo la pérdida total de la autonomía de los sindicatos mexicanos, el secretario general de la sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Emilio Salgado Néstor, reveló que con el respaldo de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos del Estado de Puebla (Fedessp), recibido en días pasados, se ratifica el compromiso de la clase trabajadora por la defensa de la escuela pública y de los maestros.

En ese contexto, reveló que en la lucha emprendida, el SNTE no está solo y va acompañado de las 11 organizaciones sindicales adscritas a la Fedessp en contra de las lesiones a los trabajadores, que trae consigo la reforma educativa, “pues no se puede lesionar los derechos laborales de cada trabajador porque el país tiene una infraestructura de nación, un desarrollo cultural y educativo gracias al magisterio nacional”, por eso recordó que los trabajadores en general y de la educación en particular también son padres de familia y exigen que la reforma no les quite el derecho a la educación pública.

Ante eso, Salgado Néstor recordó que todos los trabajadores del país y particularmente de la Fedessp pagan sus impuestos de manera responsable y con ello se sostienen los centros educativos, por eso dijo que se pronuncian por una nación de libertades y quienes tengan las facilidades de educar a sus hijos en las escuelas privadas que lo hagan, pero que eso no implique la desaparición de las escuelas públicas, que son los espacios para los hijos de los campesinos, de los obreros y de los servidores públicos.

El líder sindical de la sección 23 del SNTE agregó que la clase trabajadora del país busca que sus hijos estudien y se preparen para la vida, que sean autosuficientes, porque es la forma de reactivar la producción, el empleo y asegurar la incursión en el mundo de la ciencia y la tecnología, “estamos convencidos que la violencia y la drogadicción se combaten con educación”, por eso reiteró que junto con la Fedessp, el SNTE caminará en la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores de la educación.

En ese contexto, Emilio Salgado Néstor externó su llamado a la sociedad en general, a los trabajadores del gobierno, a los diputados federales y senadores para que hagan conciencia a favor de los que menos tienen y que se permita un análisis de las iniciativas de ley que manda la Presidencia de la República y permitan el debate, para generar solamente reformas que beneficien al país y no a los intereses ajenos a México.

El SNTE, reveló el secretario general de la sección 23 del estado de Puebla, mantendrá su lucha en contra de las reformas educativa y laboral porque no está de acuerdo que se busque dañar la integridad de los maestros, pero sobre todo que de ninguna manera se ponga en riesgo la autonomía de los sindicatos en el país.