Así lo indicó Miguel Castillo Martínez, expresidente de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (Comaip), durante una visita a Puebla, donde afirmó que la mejor manera de calificar a organismos como CAIP es revisando sus resoluciones.
“Quienes han resuelto en su mayoría a favor del ciudadano y tienen sus criterios muy claros, no tienen miedo de que venga una instancia a revisarlos, creo que hoy esto le va a dar certidumbre a la transparencia en Puebla y cualquier estado de la República”, dijo en entrevista.
“Se requiere una instancia fuera de los ámbitos estatales que revisen esas resoluciones, sin que yo pueda clasificar si las resoluciones están bien hechas o no, el IFAI va a quitar ese sospechosismo”, indicó el también Consejero del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán.
“Que lleguen al ámbito nacional —las resoluciones—, que es información pública, va a determinar que la CAIP en sus sesiones en el futuro no clasifiquen información no confirmen esas respuestas”, indicó el especialista en transparencia.
“A mí me parece que el hecho de tener una segunda instancia especializada, expedita, con una visión nacional, va a permitir quitarnos ese sospechosismo de que en los estados se están construyendo transparencias a modo.
”La transparencia tiene que ser una. La mejor manera de saber cómo actúan los órganos de transparencia es con base en sus resoluciones y las mismas califican la labor del trabajo de los órganos”, indicó.
Transparencia a la poblana
Desde que inició este año, con la llegada de Javier Fregoso Sánchez a la presidencia de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) y de Federico González Magaña como nuevo integrante, no ha habido un sólo recurso en contra del gobierno estatal
En apenas mes y medio de empezar gestiones, la nueva administración del órgano garante de la transparencia en Puebla ya ha sobreseído y confirmado 21 recursos de revisión contra distintas dependencias del gobierno de Puebla.
Entre todo este panorama, el gobierno estatal continúa reservando información importante, al no entregar datos, previas solicitudes, como de los permisos de construcción del teleférico o los gastos en el Centro Integral de Servicios (CIS).
Desde el 1 de enero a la fecha ni un sólo recurso en contra de de dependencias de la administración del gobernador Rafael Moreno Valle ha sido en contra o revocando su respuesta.
De los 27 recursos de revisión en lo que va del 2013, 21 casos son contra respuestas insatisfactorias por medio de la ley de acceso a la información contra distintas dependencias, incluyendo 14 descentralizadas, según un análisis de los boletines de prensa.
Lo anterior significa que fueron desechadas las inconformidades de diversos ciudadanos ante las respuestas de dependencias gubernamentales, ante diversos argumentos legales basados en la ley de transparencia estatal.
El resto de los recursos de revisión, fueron cuatro revocaciones, uno en contra el ayuntamiento de San Pedro Cholula, otro contra el Partido Acción Nacional (PAN) y dos contra el sistema operador de agua potable de Tepeaca.
Al revocarse las respuestas, el sujeto obligado —en este caso el ayuntamiento de Cholula y el PAN—, por medio de una orden, tiene que emitir las respuestas solicitadas a conformidad del ciudadano.
Hace poco más de una semana la transparencia en Puebla sufrió un revés de parte de CAIP, luego de que dos de sus comisionados votaron a favor de que no se entregara cifras de despedidos en 16 dependencias del gobierno de Rafael Moreno Valle, tras respectivos recursos de revisión.
Todo fue bajo un argumento endeble, que incluso fue refutado en la misma sesión por la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien dio una cátedra de la ley de transparencia a sus compañeros el presidente de CAIP, Javier Fragoso y, al ponente, Federico González Magaña.
Pero nada sirvió, hubo oídos sordos, como si Blanca Lilia jamás hubiera hablado. Javier y Federico, ignoraron olímpicamente los argumentos legales para que se entregara la información.
El foro
Este lunes se realizó la mesa sobre el “Análisis de la Reforma Constitucional en Materia de Trasparencia”, con la participación de los comisionados y/o consejeros de los institutos de Transparencia de Yucatán, Tlaxcala, Durango, Distrito Federal, Jalisco, Morelos y Puebla.
Se abordaron termas que en este momento se discuten en el Poder Legislativo a nivel federal, así como sus impactos y alcances en el plano jurídico, social y mediático.
En el evento, la comisionada de la CAIP, Blanca Lilia Ibarra, indicó que se trata de generar una nuevo redimensionamiento del marco legal que fortalece la transparencia y los organismos que vigilan el cumplimiento de la norma.
“El interés en estos temas, que hoy forman parte importante de la agenda política, nos muestra que el tránsito a la democracia requiere de acciones sólidas que fortalezcan no sólo a nuestras instituciones, sino también los derechos del ciudadano”, dijo Ibarra Cadena.
En el evento, Miguel Castillo Martínez, al analizar las reformas y su impacto en la sociedad, reconoció que México ha construido un sólido y robusto sistema de transparencia con un andamiaje fuerte y robusto; sin embargo, se ha ido construyendo de manera dispersa, de ahí la necesidad de homologar las leyes en todo el país.
Refirió que en México se requiere un Sistema Nacional de Transparencia, donde se tomen en cuenta las realidades locales desde sus municipios, que no es lo mismo que un sistema federal y centralista.
Dijo que en el proceso de construir una mejor relación entre el poder público y la sociedad, no debe haber miedo ni resquemor, pero también resaltó que se requiere la activa participación de los ciudadanos para que hagan uso de su derecho de acceso a la información pública.
“Que le encuentren una utilidad pública y se permita que sea una herramienta fundamental para que forme parte de las decisiones que se toman desde el ejercicio público”, concluyó.