La Red de Derechos Humanos planteó que es falso que quienes han creado conflicto en el municipio de Olintla son fuereños o personas externas.
A través de un comunicado la Red de Derechos Humanos plantea que “los representantes de las comunidades de Ignacio Zaragoza, Bibiano Hernández, Chipahuatlán y la cabecera municipal de Olintla fuimos designados por nuestros propios pueblos inconformes ante la pretendida imposición del proyecto hidroeléctrico que la empresa Grupo México quiere construir en el municipio”.
La red señala que se trata de un proyecto que no fue consultado por las comunidades: “La hidroeléctrica de Olintla no es un caso aislado, es uno de cinco proyectos hidroeléctricos que empresas privadas pretenden desarrollar en la sierra norte para generar electricidad que será vendida a la Comisión Federal de Electricidad para beneficio de sus negocios y que junto con concesiones mineras entregadas a grandes empresas nacionales y extranjeras son una grave amenaza a la vida de nuestros pueblos”.
La red planteó que los pobladores han sufrido una serie de engaños: “Desde mediados del 2012 las autoridades municipales nos han engañado recabando firmas, hablándonos de progreso y de que habrá trabajo y proyectos de turismo que nos sacarán de la pobreza y el atraso en que nos encontramos, puras promesas. Sin embargo, lo que hemos visto es que están actuando de manera ilegal y sin respeto. Cuando les pedimos información del proyecto no han sabido responder. En reuniones con representantes de gobierno y la empresa han aceptado que todo proyecto produce daños sin saber explicar cuáles serán, cuántas hectáreas se van a inundar, qué terrenos ya no se podrán cultivar, dando diferentes informaciones sobre el número de empleos, la altura y lugar de la cortina de la presa. Han entrado a nuestros terrenos sin permiso dañando nuestros cultivos diciendo que no necesitan ninguna autorización.
”El día 5 de diciembre sin consultarnos, la empresa llevó una máquina hasta la entrada de Ignacio Zaragoza, por lo cual nos organizamos para detenerla y evitar el atropello de nuestros derechos como comunidad. El día 11 de febrero la máquina fue retirada por la empresa llevándola a un terreno que se conoce es propiedad de la regidora de Educación, Manuela Francisco Sotero, donde parece que quisieran esconderla detrás de varios vehículos”.
En su recuento, la red señala: “A partir del día que detuvimos la máquina, aumentó el hostigamiento y amenazas por los trabajadores de la empresa y personal de la presidencia municipal hacia nuestras mujeres, hijos y a la comunidad en general, con el fin de obligarnos a aceptar la hidroeléctrica llegando al extremo de los sucesos violentos del día 26 y 27 en el cual quedó demostrada la coordinación de funcionarios del gobierno estatal, municipal, Policía Estatal y representantes de la empresa. En esos hechos el gobierno municipal de Olintla, así como delegados de gobierno estatal, Omar Camacho y David Díaz en todo momento fueron manejados por los representantes de la empresa”.
La Red de Derechos Humanos descartó que haya un diálogo con el gobierno estatal:
“Queremos dejar claro que no ha existido ningún acercamiento por parte del gobierno del estado para dialogar con nosotros y que continúan los actos intimidatorios hacia nosotros como pobladores porque estamos trabajando para entregar al gobernador Rafael Moreno Valle de manera directa las firmas de los habitantes de las comunidades totonacas que nos oponemos a la imposición de la hidroeléctrica. La regidora de Educación del municipio nos mandó traer a la presidencia para decirnos que no se pueden recabar firmas de nada.
”Agradecemos las muestras de solidaridad que a nivel estatal, nacional e internacional nos han hecho llegar y también queremos dejar claro que nuestra lucha no se enmarca en los tiempos o intereses de grupos de poder económico, político ni de ningún partido político electorero y mucho menos tenemos intermediarios, por lo que solicitamos que toda muestra de apoyo y solidaridad sean de manera pública, democrática e independiente. Hacemos responsables a la empresa Grupo México y sus representantes que han llegado a Olintla, a la presidencia municipal y al frente cívico olintleco de la integridad física, psicológica y moral de los aquí presentes y de los habitantes que exigimos nuestros derechos en toda la región totonaca. Llamamos al gobierno del estado a una audiencia pública para que sea a través del diálogo político como se resuelvan estos conflictos sociales y que no sea pretexto de violaciones a derechos humanos y constitucionales.
”Finalmente, hacemos un llamado a la sociedad poblana y al pueblo de México, a su solidaridad para evitar un ecocidio y desplazamiento involuntario o forzado de comunidades de la sierra norte y a distender este clima de violencia y hostigamiento en contra de comunidades indígenas totonacas. Nos pronunciamos en contra de todos los proyectos hidroeléctricos, mineros, carreteros, termoeléctricos, gasoductos que se quieren imponer en el país a los pueblos.”