A pesar de que el próximo Congreso local será un congreso sin contrapesos pues la bancada del PAN y de la coalición gobernante Puebla Unida poseerán mayoría simple y calificada, la presente legislatura quiere “blindar” el trabajo legislativo para el próximo año, ampliando el número de sesiones ordinarias del Congreso local.

De aprobarse, la medida entraría en vigor hasta el próximo año. Sin embargo, ampliar el número de sesiones en nada garantiza que mejore la calidad del proceso legislativo, debido a que parte de la calidad legislativa depende de que existan contrapesos en el Poder Legislativo, algo que la medida por sí sola no garantiza.

Los legisladores, en la recta final de la actual Legislatura, intentan poner al día al actual Congreso local. Sin embargo, la propuesta de contar con un mayor número de sesiones en el Congreso local no asegura un funcionamiento más eficiente del mismo en la aprobación de leyes.

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Desde el inicio de la actual Legislatura, diversas han sido las medidas propuestas y aprobadas por el pleno del Congreso local para actualizarla, un Congreso inédito, donde ninguna fuerza político-partidista es mayoría y que debió realizar acuerdos políticos para permitir su funcionamiento.

En el actual Congreso se ha aprobado desde un código de ética para los legisladores hasta la sustitución de la figura de la Gran Comisión, presidida por el partido mayoritario, por la de una figura de junta de gobierno y coordinación política, que ha permitido una presidencia rotatoria que han presidido el Panal, a través del diputado Guillermo Aréchiga Santamaría, y el PRI, a través de los diputados José Luis Márquez y Edgar Salomón Escorza.

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De acuerdo con la propuesta presentada por el diputado del Partido Acción Nacional Mario Riestra Piña: “En cualquier régimen de gobierno que involucre una separación formal de poderes, las funciones de un legislador necesariamente abarcan: atender a los ciudadanos, estar en comunicación con los habitantes del distrito que representa, trabajar en los órganos de gobierno de las cámaras, conseguir consensos al interior de su grupo parlamentario y con sus compañeros de otros partidos, relacionarse con los otros poderes públicos y crear leyes”.

En su iniciativa, el diputado justificó la propuesta: “En una democracia que no admite la reelección consecutiva de los legisladores, el espacio temporal para que coincidan, negocien y concerten es sumamente limitado”.

En su propuesta, Riestra planteó: “La labor principal de los legisladores, la de crear leyes, se desarrolla a lo largo de lo que el derecho parlamentario conoce como periodo de sesiones, el tiempo fijado por la norma para que el legislador acuda a cumplir con sus funciones parlamentarias. Esos periodos son, a veces, el único espacio que se tiene para desahogar los grandes temas legislativos.

A lo largo de la historia de nuestro país han prevalecido los periodos cortos de sesiones. En el ámbito federal y en al ámbito local, el espacio que la Constitución le otorga a los legisladores para trabajar es bastante limitado. De los 365 días que tiene el año, en promedio, los Congresos Locales sólo sesionan 208. En Yucatán, Michoacán y Morelos es en donde más se trabaja, entre 250 y 270 días. En Puebla, el diseño institucional actual permite que los diputados sólo laboremos 183 días de 365 posibles, esto nos coloca entre los siete estados que menos sesionan del país y por debajo de la media nacional. Como consecuencia y con el objetivo de permitirle a los futuros legisladores poblanos contar con un espacio más amplio para construir acuerdos, surge la necesidad de modificar nuestro entramado constitucional y legal”.

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La propuesta de ley que amplía los periodos constitucionales de sesiones de tres a cuatro contempla los siguientes períodos: El primer periodo, del 15 de enero al 15 de marzo; el segundo, entre el 1 de abril y el 31 de mayo; el tercero, del 1 de agosto al 30 de septiembre; y el cuarto, del 15 de octubre al 15de diciembre. Estos nuevos tiempos legislativos no contravienen con los derechos laborales de los trabajadores del Congreso.

En sus “considerandos”, el diputado del Partido Acción Nacional resaltó la falta de confianza de los ciudadanos ante las instituciones de la vida política y partidista: “La mayoría de las encuestas señalan que entre las instituciones que menos confianza le producen a los ciudadanos están las policías, los partidos políticos y las cámaras legislativas. Según la Encuesta Nacional Sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2008, sólo 8% de los mexicanos confía mucho en los legisladores federales y 27% confían algo; mientras que sólo 5% dicen estar muy satisfechos con la democracia”.

Riestra, en una crítica al funcionamiento de la actual Legislatura, señala: “La percepción social hacia el trabajo del legislador no es nada favorable. Entre otras cosas, las personas consideran que se trabaja muy poco y se gana muy bien. Lo que el ciudadano espera no son periodos de recesos prolongados, sino jornadas legislativas productivas, con espacios lo suficientemente amplios, que permitan a los legisladores cumplir sus promesas de campaña y su labor de representación”.

Aunque en la presentación de la iniciativa, Riestra Piña señaló: “Es cierto que la ampliación de los periodos de sesiones no necesariamente traerá consigo una mayor productividad al interior de este recinto, pero también es cierto que la ampliación aumentará la probabilidad de desahogar todos los temas de la Agenda Legislativa; la lógica es sencilla: a mayor número de sesiones, mayor será la posibilidad de cumplir con los objetivos que se trazan al inicio de las legislaturas; mayor será el espacio para presentar y negociar nuevas propuestas; y mayor será el tiempo para dictaminar proyectos en las comisiones, lo que ayudará a reducir el rezago legislativo”.

El diputado del PAN Mario Riestra Piña planteó: “La iniciativa llevaría a Puebla del lugar 26 hasta el lugar número 7 a nivel nacional en días efectivos de sesiones. Con ella seríamos la única entidad con cuatro periodos. Pasaríamos de 183 días de trabajo a 244, lo cual representa un aumento del 33%. La iniciativa constitucional es el primer paso, después deberemos reformar la Ley Orgánica del Congreso. El desencanto con la democracia y el bajo nivel de participación electoral tienen que ver con la pertinencia y con el contenido de las decisiones que toman las autoridades. Para construir poderes responsivos es necesario pensar en el interés público y en el bien común, aunque esto signifique ir en contra de algunas inercias históricas”.