Mientras se mantiene la falta de consensos para celebrar la sesión extraordinaria en el Poder Legislativo, el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle Rosas, envió una iniciativa al Congreso para autorizar a 17 ayuntamientos la celebración de contratos mediante el esquema de Proyectos para la Prestación de Servicios en materia de eficiencia energética en alumbrado público.

En la sesión de la comisión permanente, luego de que hace 20 días se envió otra iniciativa, también por parte del ejecutivo, para aprobar una línea de crédito por 3 mil millones de pesos para los ayuntamientos entrantes, al celebrarse la sesión llegó el documento enviado por el gobernador para los contratos con el esquema PPS.

En el proyecto se contempla a los municipios de Acatlán, Acatzingo, Ajalpan, Amozoc, Atlixco, Chalchicomula, Huejotzingo, Libres, Los Reyes de Juárez, San Martín Texmelucan, San Salvador el Seco, San Pedro Cholula, Tecamachalco, Tehuacán, Tlachichuca, Tlacotepec de Benito Juárez y Tlahuapan.

El documento que se envió a comisiones no contempla los montos de inversión, estos serán analizados en privado por los diputados.
El sello del documento indica que fue recibido a las 10:16 del 5 de septiembre, es decir, en menos de una hora se dio entrada y se envió a la Comisión de Hacienda.

Irregularidades de los PPS
En el esquema de los Proyectos para la Prestación de Servicios aplicados hasta ahora se han presentado irregularidades por parte de las empresas que los ejecutan, como las señaladas por el representante del movimiento Volver a Empezar, Miguel Labastida. Esto fue señalado el pasado domingo en Intolerancia Diario.

El Centro Integral de Servicios de la zona Atlixcayotl, que se ha convertido en la sede de los eventos oficiales del gobierno del estado, como lo fue la presentación de la Cruzada contra el Hambre, carece de las vialidades alternas que se contemplaba el proyecto, mismas que tendrían una inversión de 119 millones de pesos.

De acuerdo con el proyecto, para su ejecución se contemplaban vialidades alternas, las cuales tendrían una inversión de 119 millones de pesos, pero el CIS fue entregado sin que se cuente con las vías.

El también exdelegado del Partido Acción Nacional denunció irregularidades en la entrega de obra del gobierno estatal por medio de la Secretaría de Administración y acusó que incurrió en favoritismo y las otorgó de manera directa.

Sin acuerdos
Ayer, luego de que se había anunciado que la comisión permanente citaría a la sesión extraordinaria, ante la falta de consenso, los legisladores integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local aplazaron la reunión del pleno que tenían programada para este lunes 9 de septiembre, según el acuerdo que habían pactado a inicio de semana y la trasladaron para el próximo miércoles 11 de septiembre.

El coordinador de la bancada del Revolucionario Institucional, Ernesto Leyva Córdova, afirmó que la decisión se tomó ante una llamada telefónica que realizó el líder parlamentario, Mario Riestra Piña.

—¿El diputado Gerardo Mejía dijo que no hubo consenso? —se le cuestionó—.

—Sí, es parte de eso… debe haber consensos entre las diferentes fracciones, a veces hay cosas que no nos parecen, por eso debe haber el diálogo y la apertura de los coordinadores para que pudiéramos caminar con acuerdos.

Rechazó que el cambio de fecha sea para dar entrada a más iniciativas del gobernador, como el permitir la contratación de energía eléctrica en 17 municipios mediante los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), y una más, presentada por el diputado Jesús Saldivar Benavides, para modificar la rendición de cuentas del auditor, pues dijo que tienen que analizarla para poder dar su aprobación.

Del mismo modo, negó que los legisladores estén aprobando iniciativas “al vapor” y “a modo” para beneficiar al mandatario estatal.

Leyva Córdova refirió que el acuerdo se tomó para dar entrada a la sesión extraordinaria de la aprobación de cuentas públicas y temas propios, así como los dictámenes aprobados anteriormente, que incluyen tres iniciativas del gobernador para aprobar el dictamen de reformas a la Ley de Catastro y de Procuración de Justicia.