Para echar abajo la reforma a la Ley del Agua que permite la concesión total del servicio a particulares existen dos vías: la primera, que los ciudadanos promuevan un amparo colectivo y, la segunda, promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad, informó el asesor jurídico de la izquierda, Carlos Popota, al aclarar que la controversia constitucional solo sería por municipio; el argumento será la violación al artículo 31, fracción cuarta, referente a la legalidad tributaria.

En conferencia de prensa, las corrientes Alianza Democrática Nacional e Izquierda Democrática Nacional, del PRD, anunciaron que recurrirán a las movilizaciones en los 25 municipios donde aplicaría en un inicio la reforma al artículo 18 de la Ley del Agua del Estado de Puebla, donde se permite la privatización del servicio, lo cual va en contra de los tratados internacionales y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Carlos Popota, al ser cuestionado sobre la posibilidad de la controversia constitucional, explicó que se trata de un derecho que tienen los municipios ante la violación al artículo 115, pero sólo se aplicaría la resolución de manera individual, toda vez que si los demás municipios no disponen hacerlo hay que respetar la autonomía municipal.

Expresó que por ello el camino debe ser con la nueva Ley del Amparo, toda vez que hay una violación a la constitución y los acuerdos internacionales, estos últimos señalan que el agua es un derecho humano.

Al hablar de los argumentos jurídicos, el abogado precisó que hubo una violación al artículo 31, fracción cuarta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a las leyes tributarias.

El analista indicó que el cobro de las tarifas de agua potable son consideradas como contribuciones o pago de derechos, de esta forma un particular no puede cobrar los impuestos.

Dijo que con este argumento se puede hacer recurrir tanto al amparo colectivo como la solicitar a la corte que declare la inconstitucionalidad de la reforma.

Manifestó que al ganarse un amparo habría jurisprudencia y la reforma del pasado 12 de septiembre ya no tendría vigencia siendo los ayuntamientos y el gobierno del estado quienes deberán hacerse cargo nuevamente del manejo de los organismos operadores de agua.

De la controversia constitucional, dijo que los ayuntamientos tienen un plazo de 15 días a partir de la publicación de la reforma en el Periódico Oficial para interponer el recurso, aunque se duda que alguno de ellos lo vaya a hacer.

Advirtió que los diputados ignoraron el artículo 115 constitucional:

“III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

”a) agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.”

Hilario Alonso, representante de Alternativa Democrática Nacional, cuestionó a los diputados e indicó que se hará el llamado a los usuarios del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla para que se organicen y lleguen a la movilización en contra de las reformas.


Manifestación por el agua
Un grupo de habitantes del municipio de Atlixco se manifestaron fuera del Congreso para exigir que intervengan y pongan freno a los cobros indebidos y cuotas excesivas del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco (SOAPAMA).

Uno de los quejosos manifestó que durante los últimos meses han recibido en sus hogares los recibos de cobros de este servicio pero con cuotas muy por encima de las que usualmente venían pagando.

Además, agregó que la gran mayoría de las personas que están siendo víctimas de este cobro excesivo son de la tercera edad o se encuentran pensionados, por lo que les es imposible cubrir estos pagos.

Finalmente, denunció que al interior del SOAPAMA existen diversas irregularidades y la constante ha sido el abuso de parte del director del organismo, por lo que pidieron se realice una auditoría para conocer el estado real que guardan las finanzas y a la par que sea removido de su cargo.