A pesar de carecer de elementos jurídicos para procesarlos, dos estudiantes poblanos que fueron acusados por el gobierno del estado de pretender desestabilizar los eventos del pasado 5 de mayo son perseguidos por las autoridades estatales; además, señalan que su detención se ejecutó de manera ilegal.
En conferencia de prensa, su representación legal señaló que los dos jóvenes integrantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que fueron encarcelados luego de ser arrestados de manera violenta por convocar a una manifestación contra Enrique Peña Nieto en el desfile del 5 de Mayo y quienes posteriormente fueron liberados bajo fianza, sufren ahora el “acoso jurídico”.
René Sánchez Galindo, asesor jurídico, indicó que el proceso en contra Eduardo Salazar Velázquez y Néstor López Espinoza podría durar hasta un año y medio.
Sánchez Galindo habló de las irregularidades que hay en el proceso y afirmó que el único señalamiento en contra de los jóvenes es el testimonio de los policías ministeriales, que el pasado 3 de mayo se introdujeron a sus hogares y de manera violenta se los llevaron.
Al respecto, expresó: “Los policías ministeriales se han negado a comparecer ante el juzgado en dos ocasiones. Llevan dos citatorios de audiencias fallidas y se resisten a comparecer”.
Además, comentó que esta situación prolonga el desgaste de los dos jóvenes que fueron maltratados físicamente y sicológicamente por la policía, y de esto existen pruebas, pero las autoridades se niegan a aceptarlas.
Asimismo, reiteró que ya no hay elementos para que siga el proceso pero las autoridades estatales mantienen la presión en contra de quienes piensan de una manera diferente y exigen que se respete el derecho constitucional de manifestarse libremente.
Los jóvenes que reciben el apoyo de Morena señalaron que la intención de las autoridades es privatizar las redes sociales y se vio el actuar en Puebla cuando sólo por una opinión que se emitió fueron perseguidos argumentando que generarían la violencia.
Eduardo Salazar Velásquez afirmó que se les coartó su derecho de manifestarse, ya que su intención sólo era expresar su inconformidad, por lo que por tal intención fueron intimidados y golpeados para firmar su testimonio ya redactado, donde aceptaban una serie de señalamientos.
“Bajo amenaza me dijeron que si se llevaba a cabo una manifestación en contra de Enrique Peña Nieto, por el evento #operacion5 de mayo, yo iba a ser el culpable”, aseveró.
Asimismo, se dio a conocer que el diputado Ricardo Monreal, en apoyo a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados a nivel federal para que finalice este acoso jurídico.
“El acoso jurídico continúa pues, a pesar que el gobierno ya declaró que no hay elementos contra ellos, el juicio penal continúa. Los jóvenes tienen que acudir con el juez cada semana para firmar, continúa el desgaste jurídico, económico y psicológico que siguen enfrentado”, señaló René Sánchez Galindo.
