El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Roberto Flores Toledano, aseguró que no habrá complicidades ni impunidad contra jueces corruptos, luego de que se han registrado cinco casos en los últimos días.
En entrevista, el magistrado señaló que el mensaje es muy claro: “Nadie por encima de la ley”, dijo al negar “padrinazgos” hacia el juez de Tepeaca, en cuyo juzgado se detectó la venta de documentos falsos para la evasión de un reo.
“Ya se procedió por la vía administrativa; sí se está actuando y con mucha firmeza, por supuesto que van a haber acciones, mientras se acredité el incumplimiento.”
En otro caso, la Procuraduría General de Justicia y el TSJ informaron que en una acción coordinada se logró el aseguramiento de Cándido Irigoyen García, juez de paz de San Lorenzo Almecatla, quien enfrenta cargos por extorsión.
A través de diversas pruebas debidamente documentadas por la Dirección General de Atención a Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGJ, hace unas horas se ejerció acción penal en su contra.
Dicho funcionario público fue asegurado luego de que éste le pidió 15 mil pesos a un supuesto responsable de violación, argumentándole que él hablaría con el Ministerio Público para que no lo consignara por ese delito, y que en caso de que no consiguiera el efectivo iba a ser detenido y podía recibir 20 años de prisión, hecho que dio inicio a la averiguación previa 287/2013/DGSP.
Derivado de las primeras indagatorias se pudo documentar que el pasado 12 de septiembre familiares de una joven acudieron ante el Juzgado de Paz de San Lorenzo Almecatla para denunciar una supuesta agresión sexual en contra de la misma por parte de su concubino.
Como seguimiento a dicha querella, Cándido Irigoyen García citó al supuesto responsable para que diera su versión de los hechos, situación que aprovechó para solicitarle 15 mil pesos en efectivo para que no fuera consignado por el delito de violación, a pesar de que sabía que en la agencia del Ministerio Público especializada en Investigación de Delitos Sexuales no se desprendía ningún hecho ilícito de tipo sexual en su contra.
También, se estableció que el juez de paz recibió del agraviado la cantidad de mil 500 pesos como primer pago, acordando que posteriormente debía entregarle el resto del monto acordado.
Mediante la información proporcionada por el denunciante, la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla implementaron un operativo que dio como resultado el aseguramiento del juez de paz de San Lorenzo Almecatla en flagrancia delictiva cuando recibía 2 mil pesos en efectivo de manos del agraviado, como parte de un segundo pago solicitado.
Con base en diversas pruebas presentadas por la Dirección General de Atención a Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Cándido Irigoyen García fue consignado ante el juez penal de Cholula.