“Júzguenme por mi trabajo”, fue lo que pidió Federico González Magaña ante su controvertida llegada a la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP); ahora, a 10 meses de ocupar el cargo, está en el “ojo del huracán”.

Anteriormente fungió como delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y nunca ha tenido empacho en decir que colaboró en la campaña de Rafael Moreno Valle a la gubernatura.

—¿Cómo quitarse el estigma? —se le preguntó en los primeros días como comisionado—.

—Un poco con la trayectoria y con la actuación, ustedes van a ser testigos en esa mesa cómo se van a resolver por parte de mi ponencia los asuntos que se presenten y ustedes tendrán a la mano todos los elementos —respondió—.

“Es más, ustedes (los reporteros) en muchos casos son los recurrentes de los asuntos que se presentan para resolución y van a tener todos los elementos para juzgar esta labor. Van a saber si hay intención de transparentar las cosas o la intención de tapar o esconder algo”, dijo en entrevista el 16 de enero.

Ahora, a más de 10 meses de trabajo, son contados los recursos de revisión a favor de un solicitante o ciudadano y en contra de alguna dependencia gubernamental.

Ahora, incluso la organización Actívate por Puebla solicitó oficialmente al Congreso del estado que llame a comparecer a González Magaña, para que aclare su resolutivo para que no se entreguen las facturas de los helicópteros Agusta del gobierno de Puebla.

Hace unos días, en sesión, los comisionados Javier Fregoso y González Magaña “mayoritearon” a Blanca Lilia Ibarra para evitar que la Secretaría de Finanzas entregara los documentos fiscales de la compra de las aeronaves a Intolerancia Diario.

La dependencia estatal alegó que de entregarlos se ponía en peligro la gobernabilidad del estado por poner en riesgo la seguridad de los tripulantes de los helicópteros, entre ellos el mandatario estatal.

González Magaña, a pesar de tener facultad, por ley, de revisar los documentos para comprobar los dichos del sujeto obligado o dependencia estatal, no lo hizo, al señalar simplemente que no lo vio necesario.

Numeritos, no palabras
González Magaña ha tenido entre sus manos 24 recursos de revisión en contra de la administración estatal, y sólo en un caso ha fallado en su contra.

Hasta la fecha, según las estadísticas de la CAIP, hasta septiembre se interpusieron 112 recursos de revisión contra el Poder Ejecutivo, 41 de ellas se han sobreseído, en 17 ocasiones se han confirmado las respuestas, lo que quiere decir que se les dio la razón a las autoridades estatales.

Pero tan sólo en 11 recursos se han revocado las respuestas y ordenado a las dependencias la entrega de la información que negaron y aún hay 26 procedimientos pendientes sin resolución.

De estos 11 recursos, ocho de ellos han sido revocados por la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, dos por el comisionado presidente Javier Fregoso y apenas uno por González Magaña.

Lo anterior significa que menos de 10 por ciento de los recursos de revisión interpuestos por ciudadanos logra la información solicitada, pero apenas se tienen las posibilidades del 1 por ciento si cae en manos del exintegrante de la campaña a gobernador de Rafael Moreno Valle.

Todo esto sin contar cuando sobreseyó 16 recursos de revisión contra el mismo número de dependencias, integrado en dos expedientes.
Pero los números son muy distintos contra los ayuntamientos, donde con 14 casos que ha estudiado, 12 ha votado en contra de las autoridades municipales.

Desde su llegada, y haciendo dupla con el presidente del organismo, Javier Fregoso, han “mayoriteado” temas controvertidos para el gobierno de Puebla, como los temas de los helicópteros, rueda de observación o el teleférico.

Esto ha generado una crisis en materia de transparencia y sobre todo de credibilidad de la CAIP, y es que el comisionado ha tenido los temas más controvertidos siempre fallando a favor de las dependencias del gobierno del estado o sobreseyendo los asuntos, pero siendo duro contra los ayuntamientos.

Entre todo este panorama, el gobierno estatal continúa reservando información importante, al no entregar datos previas solicitudes como de los permisos de construcción del teleférico o los gastos en el Centro Integral de Servicios (CIS).

La entrevista
En una entrevista realizada en abril pasado concedida a Intolerancia Diario se la pasó justificando a los sujetos obligados o dependencias estatales, sobre los presuntos obstáculos que ponen para la real transparencia en Puebla.

Hasta defendió al gobierno del estado con el estudio publicado de organismos como Fundar y Articulo 19, en el que calificaron al gobierno poblano como “campeón de la opacidad”.

Durante la charla de más de 30 minutos jamás mencionó lo que un ciudadano tiene que pasar para obtener datos o documentos requeridos mediante la Ley de Acceso a la Información Pública, sólo reconoció los derechos de las autoridades, las que —reconoció— “estiran la liga” en dicha legislación.

—¿Se siente golpeado?

—Me siento hipervigilado, pero eso no me parece necesariamente malo cuando las críticas dejan de ser sobre el trabajo y se van sobre la persona, me parece que son excesivas, pero es parte de la encomienda, entonces la asumo como tal y responderé, espero, como hasta el momento, ofreciendo diálogo permanente en estos términos.

“La gran ventaja es que todo lo que hacemos es público, no hay manera de escondernos, entonces ahí está nuestra actuación, para que se hable bien de ella o se destroce.

”Lo que si noto es que en muchos casos hay agendas personales de por medio en asuntos políticos”.

—¿No pierde esa credibilidad en este tiempo por haber estado en la campaña del gobernador Moreno Valle?

—No estuve en campaña (…) lo que hay no es una asesoría directa al hoy gobernador por medio de una asociación civil, sino la intención de construir una mejor Puebla con el organismo Puebla de Acuerdo.

“Probablemente a los ojos de algunas personas sí hayan cambiado las cosas, yo probablemente de 2009 a 2012 sea una mejor persona, porque el trabajo que he tenido me ha permitido conocer más cosas y como autoridad puedo ser más competente.

”Pero no compartiría esta idea de que este lapso es el que genera desconfianza o que exista pérdida de credibilidad, porque mi actuación en estos años en el Gobierno Federal no hay ni un sólo problema y ahí están los documentos que lo avalan”.

—¿No ha hablado con el gobernador?

—Claro que sí, he platicado con él en varias ocasiones, pero debo decirte que tengo casi un año de platicar con él; la última vez que estuve sentado con él fue en una inauguración de programa en el Parque Ecológico que tenía que ver con el medio ambiente.

—¿Es su amigo?

—No, desafortunadamente no, sí platicamos, hemos compartido algunos proyectos, no voy a sus fiestas ni el va a las mías, desafortunadamente, aunque sería muy interesante.

—Se habla de proteccionismo, que no sale ninguna resolución en contra del gobierno morenovallista…

—A mí lo que me parece es que si al final la información se entrega, no hay posibilidad por parte de esta autoridad de emitir una resolución en contra de una dependencia, el asunto se queda sin materia y termina por sobreseerse en la mayoría de los casos.

En otra entrevista a reporteros, apenas unos días después de iniciar su trabajo como comisionado de la CAIP, sentenció que está actuando bajo la ley reservando la información, como la del CIS y teleférico.

En entrevista con reporteros, aseveró que son totalmente falsas las versiones de protección al gobierno estatal, al sentenciar que “esta comisión resuelve con estricto apego a derecho”.

—¿No sería bueno que abriera (el gobierno) la información?

—La reserva de la información es una posibilidad que la ley establece; habrá que conocer los acuerdos de reserva de la información para ver si están adentro de lo que la ley establece.

—¿No le interesaría conocerlo en su calidad de comisionado?

—La carga de trabajo no nos permite tener estos momentos de solicitar cosas adicionales.
 
La primera mancha
El 8 de febrero llegó la primera controversia en sus las resoluciones, ya que por mayoría de votos resolvieron los comisionados Fregoso y González Magaña sobreseer dos recursos de revisión por considerar que fueron interpuestos a destiempo.

Votaron a favor de que no se entregaran cifras de despedidos en 16 dependencias del gobierno de Rafael Moreno Valle, tras respectivos recursos de revisión.

Cabe destacar que por cuestiones administrativas se juntaron 14 recursos de revisión en uno y dos más en otro, al tratarse del mismo tema.

Los sujetos obligados manifestaron que los recursos eran improcedentes debido a que se presentaron de manera anticipada a los términos que establece la Ley de Transparencia.

Una vez que le notificaron al recurrente, podía consultar la información solicitada in situ y para ello tenía 15 días hábiles posteriores a su consulta y los recursos de revisión los presentó cuando le hicieron de conocimiento la puesta a disposición de la información.

Los comisionados Javier Fregoso Sánchez, presidente de la CAIP, y Federico González Magaña, comisionado ponente, consideraron que los motivos expuestos por los sujetos obligados para tomar por improcedentes los recursos, fueron los correctos y decidieron aprobar el sobreseimiento de dichos recursos.