Ante la oposición creciente que se presenta entre la sociedad por la privatización del servicio del agua, el analista político Raymundo García García afirmó que es correcta porque responde al rechazo a las políticas neoliberales que lleva a cabo la autoridad poblana en el tema del agua: “Son una serie de personas que están en su derecho y tienen una concepción de la política social y es correcto que se opongan a esas políticas neoliberales, porque si las personas tienen escasos recursos no podrán acceder a ese tipo de bienes fundamentales”.

El investigador recordó que el tema de la privatización del servicio del agua se discute en el Congreso del estado y los legisladores tienen que garantizar formas de pago diferenciada del vital líquido, por eso aseguró que las crecientes manifestaciones sociales no se traducen en un problema de falta de información, más bien, es una estrategia de los ciudadanos que se utilizan en ese tipo de debates, “pero son válidas y en muchas ocasiones se logran resultados”.

Raymundo García García reveló que el problema de los movimientos sociales es que resulta curioso pero hasta la fecha no se observa ninguna movilización social que perdure, mas bien, dijo que se evaporan rápidamente porque precisamente los movimientos sociales chocan con el Estado neoliberal, que ve los movimientos sociales como un ejercicio de libertad: “Eres libre de manifestarte, pero las condiciones estructurales del Estado no van a resolver el problema, y eso se ve en muchos casos, como en el problema de los maestros, puedes estar eternamente haciendo plantones pero no vas a resolver nada porque la lógica del Estado es otra”.

Para el académico de la universidad estatal poblana, resulta muy conflictivo para la sociedad reaccionar ante un discurso de privatización, aunque aclaró que en la actualidad existen muchos mecanismos de privatización, pero en el tema particular del agua —dijo— se debe entender que, aunque en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla hay mecanismos generales y sociales del pago del servicio, en el resto de la entidad poblana cerca de 60 por ciento de los usuarios no paga el agua, por lo tanto, la propuesta gubernamental puede resolver el problema.

Desde su perspectiva sobre una posible privatización, el Estado poblano se monta sobre la eficiencia porque sabe que ante la creciente población que existe en Puebla, por “la masificación de la sociedad”, tiene que ser eficiente en los servicios, porque el reclamo aumenta y el Estado de manera independiente no puede resolver todos los problemas porque aumentaría la burocracia, pero la sociedad no lo comprende así.

Y aunque al parecer la entidad poblana va por un modelo de privatización del servicio del agua potable, Raymundo García García reiteró que las movilizaciones que se presentan en los últimos días tienen que ver con el tipo de Estado que se tiene hoy en día, que es el Estado neoliberal y en el centro del Estado está la libertad del individuo para manifestarse.

Sin embargo, el académico afirmó que el problema con la distribución del agua en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es grave y viene de sexenios atrás, incluso recordó que en tiempos del gobernador Manuel Bartlett Díaz se violenta el artículo 115 constitucional y se crea el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), que funciona como un organismo público descentralizado del gobierno del estado para dar la prestación del servicio de agua potable en 14 municipios dentro del proyecto regional Angelópolis.

Por eso, la lucha social se debió iniciar en aquel momento porque se violentaba la municipalización, pero no hubo defensa constitucional del artículo 115: “No se hizo y se priorizó el tema del dinero, del control y la distribución de los recursos, porque era más cómodo dejarle al Estado la administración de la distribución del agua y evitarse conflictos, pero hay un crecimiento de la mancha urbana y las exigencias de la actualidad son diferentes”.

Raymundo García reiteró que la manifestaciones sociales en contra de la aparente privatización del agua son válidas y es correcto que haya una oposición al proyecto, pero —desde su perspectiva— lo recomendable son acciones diferentes que también surjan desde la sociedad, pero que ofrezcan mayor efectividad, porque las manifestaciones sociales terminan por abandonarse.