Ante las lagunas legales y actos de inconstitucionalidad que hay en la Ley del Agua del Estado de Puebla, el integrante de la Comisión Política Estatal del Partido del Trabajo, Rafael Ramírez Hernández, propuso “congelar” su aplicación y que se realice una verdadera consulta donde participen presidentes municipales, representantes de comités ciudadanos y expertos de universidades, para que se cuente con una legislación acorde a lo que necesita Puebla.
Por su parte, el urbanista Francisco Vélez Pliego afirmó que la propuesta, así como está planteada, desde el punto de vista jurídico, tiene todas las “lagunas” que hacen que avancen las promociones de los ciudadanos en busca de echar atrás el proyecto gubernamental.
El representante del Partido del Trabajo indicó que, conforme se analiza el contenido del documento, queda claro que éste presenta puntos inconstitucionales toda vez que la rectoría de las tarifas ha pasado a manos de particulares que recibirán la concesión para la prestación del servicio.
Aclaró que no basta sólo con que se deroguen artículos, sino que haya una nueva ley que contemple los volúmenes de explotación permitidos en los municipios que aportan el vital líquido para otros lugares que carecen del mismo.
Ramírez Hernández señaló que está el caso de los municipios de Nealtican y Xoxtla, cuyos mantos freáticos se están agotando por una sobreexplotación para satisfacer las necesidades de la capital.
El representante indicó que se requieren estudios geográficos del subsuelo que permitan conocer realmente la cantidad de agua que hay en Puebla y no solamente irse por estimaciones que generan la citada sobreexplotación y que en unos años va a generar un problema que se saldrá de control.
Rafael Ramírez reiteró que lo mejor es que se suspenda la aplicación de la ley ya que, de lo contrario, se van a generar problemas legales, y sostuvo que los usuarios del servicio aún pueden ampararse por los artículos inconstitucionales.
Dijo que el agua es un bien vital; en México, un ciudadano consume en promedio 360 litros de agua diariamente, mientras que para el estado de Puebla el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que para 2010, 960 mil 829 personas de los casi 6 millones que lo habitan carecían de agua potable entubada. A pesar de los esfuerzos institucionales, es un hecho que en toda la entidad poblana existe escasez de agua.
Recordó que no se puede privatizar un servicio que es estratégico, y a nivel mundial se habla de su problemática: “Cada año, el cambio climático genera períodos más prolongados de estiaje, generando la insuficiencia del recurso hídrico, ya que se usa prácticamente toda la que se tiene y además de que se desperdicia un gran volumen de ella debido a la ineficiencia o irresponsabilidad en su manejo; y esto se traduce en una severa restricción para el logro del desarrollo social y económico sustentable, haciendo que uno de los principales desafíos en la entidad poblana lo constituya el lograr un manejo racional de los limitados recursos hídricos, bajo claros criterios de sustentabilidad, basados en el uso eficiente del agua”.
Manifestó que resulta paradójico el hecho de que el cambio climático ha creado fenómenos meteorológicos extremos, como las últimas temporadas de lluvias, donde las precipitaciones son sumamente abundantes formándonos una percepción falseada de la realidad, haciéndonos suponer que el agua no es un problema de escasez.
Los especialistas en manejo del recurso hídrico establecen que la cultura del agua es un proceso continuo de producción, actualización y transformación individual y colectiva de valores, creencias, percepciones, conocimientos, tradiciones, aptitudes, actitudes y conductas en relación con el agua en la vida cotidiana. Esta cultura lleva consigo el compromiso de valorar y preservar el recurso, utilizándolo con responsabilidad en todas las actividades, bajo un esquema de desarrollo sustentable, además de transmitirlo como parte de su interacción social.
Indicó que en la actualidad en los municipios del estado de Puebla existe un desequilibrio entre la demanda y la disponibilidad del agua para los diferentes usos; además, el manejo inadecuado del agua ha generado la presencia de enfermedades, de contaminación y sobreexplotación de acuíferos, lo que incide directamente en los ecosistemas, la salud y calidad de vida de la población en general.
Entre inconsistencias y caprichos
Ante las crecientes manifestaciones de las organizaciones sociales poblanas en busca de revertir la Ley del Agua, el urbanista poblano Francisco Vélez Pliego afirmó que la propuesta, así como está planteada, desde el punto de vista jurídico, tiene todas las “lagunas” que hacen que avancen las promociones de los ciudadanos en busca de echar atrás el proyecto gubernamental, por lo que desde su perspectiva es recomendable que los integrantes del Congreso del estado de Puebla replanteen la propuesta, pero sin afectar los intereses de los ciudadanos de Puebla.
En entrevista, el director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSH) de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) afirmó que es un error del gobierno del estado de Puebla y de la legislatura local actuar de manera impositiva, porque como resultado de esa decisión crecen las inconformidades sociales en contra de la privatización del servicio del agua.
Para empezar, dijo el experto en temas del desarrollo urbano, tal y como está planteada la propuesta gubernamental tiene muchas inconsistencias, y eso es lo que la propia sociedad reclama, a través de los caminos judiciales, para la derogación del artículo 39 de la ley, avalado por el Congreso y, aunque las manifestaciones de rechazo son crecientes, no son suficientes para cambiar lo que la propia sociedad demanda: “Hay que esperar a que todas las promociones de amparo que se hicieron de parte de distintas organizaciones no gubernamentales terminen de ser resueltas para tener una opinión en firme sobre cómo queda el instrumento de gestión”.
El especialista en temas del desarrollo urbano reiteró que el suministro de ese vital líquido es un servicio público indispensable, eso es algo que desde la normatividad de todos los países se construyó con el paso del tiempo, hasta llegar a una figura desde el siglo XIX, donde se reconoce como una responsabilidad del estado, “pero sobre todo como una responsabilidad fundamental”.
Congreso tiene que echar atrás la propuesta
Para el investigador de la máxima casa de estudios del estado de Puebla, el Congreso local tiene que echar atrás la propuesta contenida en la Ley del Agua: “Yo creo que sí, por lo menos tiene que revisarlo, porque con lo que ha revisado no es suficiente, porque es evidente las manifestaciones sociales y falta de atención a la gente.
”Como se observa, en las relaciones de poder entre gobernantes y gobernados, en el ejercicio de los cargos gubernamentales, se establece no solamente al interlocutor, sino también las formas de interlocución; si el poder niega esa interlocución, lo que ocurre es que la sociedad busca los caminos y las formas de expresarse”.
Por lo tanto, Vélez Pliego reveló que el hecho de movilizarse no es atribuible solamente a la sociedad, porque los ciudadanos lo hacen en función de sus demandas, más bien, el hecho tiene que ver con los conflictos sociales que se generan desde los diferentes entes gubernamentales.
Es por eso que, desde su perspectiva, resulta clave, desde el punto de vista de la vida democrática, concluir que existen los caminos no judiciales, más bien, los caminos políticos que permitan realizar la interlocución para llegar a los mejores términos.