El número 128 de la 5 Poniente, entrada principal al Congreso del Estado, permaneció cerrado.

Afuera granaderos, a sus pies escudos, y manifestantes alzando pancartas, coreando consignas: “Diputados y senadores, son unos traidores”.

Adentro canapés, invitados “VIP”, aplausos, elogios, abrazos.
En un Congreso atrincherado —ante la protesta pacífica de simpatizantes de Morena— la prometedora LVIII Legislatura se despidió recibiendo como invitado especial al gobernador de Puebla a quien —como en la época previa a la alternancia— le aprobaron todas sus iniciativas de ley.

El Poder Ejecutivo y el Legislativo se obsequiaron elogios mutuos ante un auditorio “VIP” reservado para funcionarios estatales y miembros de la elite local gobernante.

El diputado Mario Riestra Piña avizoró un lugar de lujo en la historia para los diputados de la “alternancia”: “Cuando piensen en esta Legislatura, en 20 o 30 años, los estudiosos del tema probablemente reconocerán los cambios en materia de transparencia así como la transformación normativa del Poder Legislativo. Sin embargo, el grueso de la población probablemente nos vincule inmediatamente con la resolución del conflicto limítrofe entre los municipios de Puebla y San Andrés Cholula”.

El discurso del presidente de la Junta de Coordinación Política develó la cercanía entre el Legislativo y el Ejecutivo colmando su intervención con halagos: “Nadie podrá negar el tremendo avance de nuestra legislación durante estos tres años, por lo que podremos terminar nuestros encargos con la satisfacción del deber cumplido y con la plena certeza de haber estado a la altura de las circunstancias”.

Los “satisfechos” diputados —Riestra dixit— hallaron eco en el Poder Ejecutivo.

El gobernador Rafael Moreno Valle, cuyas iniciativas fueron votadas en muchas ocasiones en fast track por los diputados locales y requirieron discusiones y análisis nimios, también halagó al Congreso: “Somos un gran equipo, cada quien desde su responsabilidad, desde su ámbito de competencia respetando la independencia de cada poder, pero entendiendo que tenemos una responsabilidad compartida, el Poder Judicial, el Congreso del estado y Ejecutivo, todos debemos trabajar por una Puebla diferente y mejor”.

En el republicano acto no hubo espacio para la autocrítica, sólo para el elogio de “responsabilidad compartida”.

En el discurso del presidente de la Junta de Coordinación Política únicamente se resaltaron las leyes aprobadas.

Pero no se mencionó la manera en que muchas de ellas se aprobaron, sin una consulta pública a los ciudadanos y sin la realización de foros, como las reformas aprobadas a la Ley del Agua para su privatización.
Ni tampoco la responsabilidad del Congreso local en la selección de consejeros electorales o comisionados de organismos autónomos que han conservado su parcialidad con las decisiones.

Intenta reconciliar

En su discurso, el diputado Mario Riestra Piña, a nombre del Congreso, intentó reconciliar al Poder Legislativo con la sociedad, que fue poco consultada; la justificación cayó como anillo al dedo para los diputados mientras en la calle eran exhibidos por los manifestantes de Morena como “traidores” por privatizar el agua: “Las apremiantes necesidades sociales han demandado la veloz actuación del Poder Legislativo. Pronto se hizo manifiesto que el ritmo de trabajo del pasado era un parámetro que la sociedad y los desafíos del momento nos exigían superar. La productividad y el desempeño de estos tres años legislativos, quedarán también en los anales de la historia como el periodo más fructífero que haya conocido esta soberanía desde el Constituyente local de 1917”.

El presidente de la Junta de Coordinación adjudicó los despampanantes logros de la actual Legislatura a la pluralidad (misma que tampoco se vio reflejada en la diversidad de puntos de vista en las iniciativas discutidas y aprobadas): “Todos estos resultados son frutos de la pluralidad, el diálogo incesante y el respeto. Reconozco el esfuerzo inédito de construcción de acuerdos y negociación por parte de todas las fracciones parlamentarias y, especialmente, el impulso de sus respectivos líderes durante este tercer año legislativo. El cierre de esta Legislatura ha sido muestra de que se puede disentir y se puede debatir, y también de que todo ello es en beneficio de la propia calidad de las resoluciones que adopte esta soberanía”.

En el informe legislativo tampoco se abordó la manera en que el Congreso en menos de tres horas aprobó la famosa “ley Mondragón”.
La escurridera de halagos contrastó con lo que sucedía en las calles.

El Congreso local se convirtió en un búnker.

Sobre la fachada del Congreso, en la 5 Poniente, manifestantes colocaron una lona con los nombres y las fotografías de los legisladores que aprobaron la privatización del agua: “Se buscan, traidores”.

Los manifestantes se ubicaron sobre la banqueta frente al Congreso del estado y coreaban consignas como “las ratas entran por atrás”.
La puerta principal del recinto, sobre la 5 Poniente, estaba cerrada y atrancada, a pesar de que los manifestantes de Morena se colocaron en la acera de enfrente permitiendo el tránsito de vehículos.

Sobre el número 128 de la 5 Poniente un grupo de granaderos se apostó en la entrada principal de la sede legislativa inhibiendo a los manifestantes.

Se trató de una protesta como muchas otras frente a la sede legislativa, lo único novedoso fue la asistencia del gobernador al Congreso.

Una comisión de diputados acudió por el gobernador, quien ingresó al edificio legislativo por la puerta trasera.

El informe del presidente de la junta de coordinación política lo dirigió a los funcionarios del Poder Ejecutivo e integrantes de la clase política.

Las gradas del Congreso local estuvieron reservadas para los funcionarios públicos de la administración estatal y para líderes de partidos políticos y militantes de ese partido, familiares y consejeros electorales.

Pero mientras los activistas de Morena dejaron el paso a los vehículos, la Policía Estatal cerró la circulación y el tránsito de personas sobre la 3 Poniente entre la 16 de Septiembre y la 3 Sur.


La Policía Estatal colocó una valla metálica sobre la 3 Poniente a la altura de la 16 de Septiembre. Policías con escudos no dejaban pasar a las personas. Las interrogaban.

—¿A dónde van? —le preguntaron a una familia completa.

—A Sears.

—Muéstreme su tarjeta de Sears —le respondió el uniformado.

Pero a quienes les permitían el acceso sin ningún problema era a los diputados, como la diputada del PAN Josefina Buxadé y al diputado electo Jorge Aguilar Chedraui, que en sus camionetas podían ingresar sin ningún problema a la calle cerrada.

Al pasar la primera valla, delante de la tienda Sears, otro filtro revisaba a la poca gente que caminaba por la calle.

“Esto está muy mal hecho, es una exageración, yo voy a comprar en Sears y no nos dejan pasar. No me imaginaba que iba a ver esto. La verdad es muy molesto”.

Finalmente, en el ingreso al Congreso por el estacionamiento se pasaba una valla metálica.

El acceso al pleno del Congreso estaba vedado para el público.
Únicamente se le permitió el acceso a los llamados invitados “VIP”: políticos y funcionarios.

Personal del gobierno del estado, a pesar de ser una sesión solemne del Congreso local, decía quién sí y quién no ingresaba a las gradas.

Y en varias ocasiones, los funcionarios del Poder Ejecutivo que filtraban el acceso trataron de impedir el acceso a las gradas de reporteras y reporteros que buscaban entrevistas con los funcionarios en la sede legislativa.

Es decir, el Poder Ejecutivo tomó el control de la sede legislativa.

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Una vez que el gobernador se retiró de las instalaciones de diputados la seguridad se relajó tanto en la sede del Congreso como en las vallas metálicas resguardas por policías estatales. (Foto cortesía: Es Imagen)