Entre los pendientes del Congreso local en materia de transparencia se encuentra una iniciativa de ley para que los sujetos obligados entreguen la información en la modalidad en la que solicita el usuario.

A pesar de que el Congreso aprobó la iniciativa federal en materia de transparencia, que les permitirá a los ciudadanos acudir al IFAI para impugnar las resoluciones de los organismos locales, el trabajo del Congreso, en materia de transparencia, ha sido cuestionado por organismos como la AMEDI.

Votaciones polémicas de los legisladores, en el último tramo de la legislatura, marcaron el trabajo legislativo, como el votar en contra de que miembros de la Comisión de Transparencia comparecieran ante el órgano legislativo, petición que realizó la CAIP.

Al principio de la actual Legislatura se aprobó una nueva Ley de Transparencia, sin embargo, la aplicación de la misma ha generado críticas de organismos como el nodo de transparencia de la AMEDI.

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Los sujetos obligados en Puebla “tuercen” la Ley de Transparencia. Los sujetos obligados les imponen a los ciudadanos solicitantes de información la modalidad en la que le entregarán la información. Esto se traduce en opacidad.

Fernanda Huerta, presidenta de la Comisión de Transparencia de la actual Legislatura, reconoció que en el estado de Puebla los sujetos obligados controlan, en detrimento de la transparencia, la modalidad de la entrega de la información, generando opacidad.

En la exposición de motivos, la iniciativa de la diputada de Fernada Huerta señala que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, del 16 de agosto de 2004, fue abrogada y en su lugar se aprobó y publicó, el 31 de diciembre de 2011, una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información, la cual, en su momento, fue calificada como una de las mejores a nivel nacional; para ser precisos, la cuarta mejor de acuerdo con el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México, elaborado por las asociaciones civiles Fundar, Centro de Análisis e Investigación y Artículo 19.

De acuerdo con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Transparencia, se define a la consulta directa como el “derecho que tiene toda persona de revisar la información pública en el lugar en que se encuentre, previa solicitud de acceso, también llamada consulta in situ.”

La iniciativa señala que la mayoría de los sujetos obligados son omisos en respetar el derecho del solicitante a acceder a la información en la modalidad preferida.

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La AMEDI, a través de su secretario general, Roberto Alonso, ha señalado, de manera persistente, las fallas de la CAIP: “La responsabilidad es una pieza central en la ingeniería de la rendición de cuentas. Los organismos autónomos, como la CAIP y el propio IFAI, no son entidades todopoderosas. Necesitan contrapesos y no puedan quedar exentos de mecanismos de rendición de cuentas cuyo valor depende de los argumentos y las razones públicas con las que los actores públicos que han asumido una responsabilidad deben responder por lo que hacen y lo que no hacen”.

Si bien la propia administración estatal reveló en 2012, con ambigüedad, el precio de las dos aeronaves que compró —un Agusta Grand y un Agusta Koala con costos máximos de 7.5 y 3.65 millones de dólares, respectivamente—, la Secretaría de Finanzas y Administración se negó este año a entregar copia simple de sus facturas, en respuesta a una solicitud de información.

La dependencia respondió al periodista, interesado en los montos, que la información relativa a los helicópteros utilizados para los traslados del gobernador fue reservada por incluir datos de identificación a partir de los cuales es posible inferir patrones de vuelo, quedando en riesgo sus tripulantes y la seguridad del estado.

De existir dichas facturas como registro de un proceso de compra-venta y de una erogación de recursos públicos, ¿contienen datos con base en los cuales puedan deducirse patrones de vuelo? Hasta la pregunta ofende.

Además de la imposibilidad de acceder al costo real de las aeronaves Agusta, otro problema que salta a la vista es el de la táctica del “juego de las escondidas”, de las preferidas por la administración estatal para bloquear el acceso a información pública, reservando “toda” la información relativa a un asunto; en este caso, los helicópteros, al estilo “un-dos-tres por mí y por toda la información que tengo”. Y es que, nuevamente, de existir las facturas en cuestión, estarían contenidas en el expediente que concentra toda la información sobre las aeronaves, incluyendo quizá la que deja constancia de los patrones de vuelo y que el gobierno del estado decidió reservar con el argumento de que podría comprometer la seguridad del estado, su estabilidad y la gobernabilidad democrática.

Entre avances y rezagos

Por otro lado, a pesar de los avances en materia de transparencia, la reciente evaluación de la Comisión de Acceso a la Información de Puebla (CAIP) exhibió la opacidad de diversos ayuntamientos y partidos políticos, “focos rojos” en transparencia, arroja informe.

Sólo Atlixco, Puebla, Zacatlán, Tehuacán y Tecamachalco cumplen con la publicación de información en sus páginas, con puntajes arriba de 90.

El promedio de los ayuntamientos evaluados es de 60.04, es decir que gracias a la puntuación de Atlixco, Puebla, Zacatlán y Tecamachalco, que son los ayuntamientos mejores punteados, logran un puntaje promedio de 60.04.

De 15 municipios evaluados, seis se encuentran por debajo de la media. Mientras que el ayuntamiento de Huauchinango es el peor punteado, con 0.8 puntos.

Le sigue, en deficiencias de información publicada, el ayuntamiento de Cuautlancingo, con 8.64; el ayuntamiento de Xicotepec de Juárez, con 9.04; el ayuntamiento de San Pedro Cholula, con 27.04; el ayuntamiento de Teziutlán, con 26.02; el ayuntamiento de San Andrés Cholula con 43.05.

A media tabla se encuentran el ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, con 64.68; el ayuntamiento de Tepeaca, con 74.34; el ayuntamiento de Amozoc, con 73.76. Zacatlán, con 95.16; Tecamachalco, con 95.46; San Martín Texmelucan, con 86.67; Atlixco, con 99.6; Tehuacán, 95.8, y Puebla, con 100 puntos.
En este año, el promedio de los municipios pasó, en una primera evaluación, de 55.35 a 60.04. En la evaluación del 2012, los municipios obtuvieron una puntuación promedio de 26.95. Por lo que, a un año, muestran una mejora.

La evaluación realizada por la CAIP también incluye otros sujetos obligados como el Poder Ejecutivo (92.52), Poder Legislativo (96.99), Poder Judicial (88.32), Tribunal Administrativo (90.74), órganos autónomos (94.44) y partidos políticos (56.27).

La evaluación el rubro de partidos políticos arrojó que el PSI tuvo cero puntos. Movimiento ciudadano, 6.92; Nueva Alianza, 10.2; PRI, 47.13; PRD, 54.82; PVEM, 79.34; PT, 79.03; y PAN, 91.78.

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Por otro lado, el Congreso local mejoró en la información que publica de oficio; al ser evaluado por la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP), obtuvo 98.78. La calificación que consiguió el Congreso del estado de Puebla, representa un incremento de más de 20 puntos con relación al 2012.

La CAIP es el organismo encargado de difundir y garantizar el acceso a la información pública, y evalúa si los sujetos obligados cumplen con tener en su portal de internet la información pública de oficio, establecida en la ley.

La evaluación del Congreso de Puebla considera el cumplimiento de las obligaciones de los artículos 11 y 14. El primero abarca 80 por ciento de la evaluación, y el segundo, 20 por ciento. Algunos de los puntos calificados son: Indicador de Información Financiera, Indicador de Vinculación Ciudadana, Indicador de Marco Regulatorio e Indicador de Estructura Organizacional. La Gaceta Parlamentaria, Diario de Debates, Asignación de bienes y Síntesis Curricular de Diputados, entre otras.