En el tercer informe de gobierno de Rafael Moreno Valle no se informó sobre los recursos que la administración estatal erogará por concepto de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS). Tampoco en el Congreso local. Por lo menos en la Comisión de Presupuesto se conoce el monto de lo que el estado pagará en los próximos 20 años por el concepto de Proyectos de Prestación de Servicios por las diversas obras de infraestructura, a unos días de que inicien las comparecencias, como parte de la glosa del informe.

Todo esto, a pesar de que una de las funciones legislativas es la fiscalización y vigilancia de los recursos públicos. El monto de los PPS alcanza a la fecha los 9 mil 70 millones de pesos, refiere el economista Alejandro Chávez Palma, quien señala que con la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental el gobierno de Rafael Moreno Valle deberá transparentar su deuda: “Moreno Valle, con la nueva adecuación de la ley, estará obligado a hacer transparente su deuda, tanto la directa como la indirecta. La ley también lo obliga a reportar las razones de que deba ese monto.

”Hay que resaltar que a los PPS no se les llama técnicamente deuda. Así lo señala la Ley de Deuda Pública Estatal. De ahí se agarran diputados y el gobernador para decir que no se endeuda el estado con la construcción de las obras de relumbrón; pero si se revisan los estados financieros, vemos que los PPS son una deuda interna del estado, que se debe pagar a largo plazo”.

El economista recordó que durante la actual administración se financian las obras de infraestructura con PPS, lo que exige que se pague como gasto corriente, es decir, como lo son las prestaciones de la burocracia estatal, la nómina, sueldos y remuneraciones: “Ahí tenemos que la Estrella de Puebla, por ejemplo, tiene un costo de 400 millones de pesos, se pagará a 20 años; el Museo Internacional Barroco, que es la obra insignia del gobierno, va a costar mil 390 millones de pesos y 650 millones de pesos se van a financiar con PPS, a 20 años”.

Sin embargo, como estos recursos no respaldan con las participaciones provenientes del gobierno federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no obliga a los gobiernos estatales a reportar esta deuda, por lo que no se refleja en los estados financieros que la administración estatal entrega a la Secretaría de Hacienda. “Sin embargo, la situación cambió con la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental”, asegura el economista de la Universidad Autónoma de Puebla.

El señalamiento del economista también coincide con el del exdiputado local Lauro Sánchez, quien al final de la pasada Legislatura señalaba que el uso de los PPS como herramienta de desarrolló se desvirtuó: “Un PPS te sirve cuando construyes algo que tiene fuente de repago, como una carretera que va a ser de cuota. Tú vas a recuperar y a tener ingresos por el uso de ella y con eso vas a ir pagando. Si te puede dejar alguna utilidad. Pero cuando es una institución que no tiene fuentes de repago, yo creo que esa es una mala aplicación de los PPS”.

En el caso del CIS, Sánchez señaló: “Pudieran recuperarse de los recursos de ahí. Pero en otras obras de los ayuntamientos, los PPS con dificultad cuentan con fuentes de repago. El ayuntamiento no tiene fuente de repago. Yo creo que ahí no sería conveniente utilizar este esquema”, afirmó el legislador del expartidazo.

El Congreso, sin información sobre los PPS
El diputado del PRI y presidente de la Comisión de Hacienda, Pepe Chedraui Budib, desconoce a cuánto asciende el monto de los Proyectos de Prestación de Servicios.

—¿Cuántos PPS hay?

—Sé que hay uno en el CIS, sé que hay uno en la rueda de la fortuna. No tengo la cantidad exacta.

—En la página de la SHCP no está disponible está información, a pesar de que ya entró en vigor la ley.

—No se tiene por qué guardar la información, tienen que ser públicos y viables. Es a partir de este año cuando se tienen que hacer públicos y abiertos y, como lo comento, sobretodo viables. Seguramente lo que es de años anteriores no se va a poder ver porque la ley no es retroactiva.

En ese mismo orden de ideas, el empresario José Chedraui Budid dijo: “Yo creo que sería muy sano que se dieran a conocer todo lo que se ha invertido, y tantos los activos como la deuda  (…) Como te comento, a partir de este año los PPS tienen que abrirse y a partir (sic) de los años anteriores, no tengo el conocimiento, creo que son privados y no creo que se puedan abrir. No creo que se puedan ver, aunque se puede hacer la solicitud. Te comento, aunque no tengamos los números exactos se puedan ver pues está el CIS, está la rueda de la fortuna, está el teleférico, está todo lo que se autorizó el año pasado con respecto al alumbrado de todos los municipios”.

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La información sobre lo que el gobierno destina al pago de los Proyectos de Prestación de Servicios permite tener un panorama más claro sobre las finanzas públicas estatales, insiste Chávez Palma.

“Ahí tenemos el caso del municipio de Tehuacán. Tehuacán es el segundo municipio más grande del estado de Puebla. Y la actual administración hace unos días anunció que no le interesa entrar en el esquema de los PPS y por qué. Pues porque ponen en riesgo sus recursos a mediano y largo plazo. Sólo el 24 por ciento de su presupuesto proviene de recursos propios, digamos unos 600 millones de pesos, y lo otro serían aportaciones extraordinarias. Y si a eso tomamos en cuenta que el PPS debería pagarse con recursos propios, pues se tendrían que pagar 36 millones de pesos al año”.

Chávez Palma considera que si municipios grandes como Tehuacán desisten de ocupar los PPS, qué les depara a municipios de menor envergadura.

A partir del 24 de febrero inician las comparecencias en la actual legislatura y culminarán el próximo 12 de marzo.

La actual Ley Estatal de Deuda Pública señala que los PPS no se considerarán deuda pública. Cabe señalar que esta información es fundamental para conocer el desempeño gubernamental.

La misma Auditoría Superior de la Federación señalaba en el 2012, al presentar su análisis de las cuentas públicas de estados y municipios: “Un aspecto prioritario en el tema de la deuda pública de los gobiernos subnacionales es la transparencia de la información. No se conoce el saldo total acumulado debido a que conforme al Reglamento del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, sólo se registra ante la SHCP la deuda garantizada con participaciones, y para los gobiernos locales es voluntario el registro de la deuda de corto plazo y de otras obligaciones financieras. En este hecho inciden las definiciones contenidas en la Ley de Deuda Pública de las entidades federativas, que en general no establecen como obligación reportar las operaciones crediticias de corto plazo, ni las obligaciones con los proyectos de inversión en el marco de asociaciones público privadas (PPS), las cuales se contabilizan como gasto corriente y no como deuda pública directa.

”En consecuencia, diversas entidades federativas han contraído elevados montos de deuda no registrada que ha sido identificada por el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero por medio de fuentes secundarias, como las instituciones bancarias y la Bolsa Mexicana de Valores.

”Por ello, es necesario dar transparencia al total de la deuda, al costo financiero, los plazos de vencimiento y los acreedores, para estimar la situación a resolver, sus tendencias y los riesgos probables. Al respecto, las agencias calificadoras degradaron algunas de sus calificaciones, lo que representa mayores costos y limitaciones de acceso al financiamiento.

”Como se ha destacado, la solvencia de las finanzas públicas y la sostenibilidad de la deuda tienen como restricciones para su mejora tanto el nivel de ingresos, como las crecientes presiones de gasto inercial. En este contexto, es prioritario evaluar integralmente la situación de la deuda pública y de los pasivos para medir sus riesgos y definir las posibles reformas a la legislación sobre deuda pública, así como a la Ley de Coordinación Fiscal, básicamente en el Reglamento del artículo 9, relativo al registro de los empréstitos y obligaciones financieras de las entidades federativas y municipios”.