La diputada del Partido de la Revolución Democrática Socorro Quezada Tiempo informó que esta semana la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberá validar la elección en el municipio de Acajete, con lo cual sólo habrá una elección extraordinaria, que será en Cuapiaxtla de Madero.
Dijo que de acuerdo con los tiempos la máxima instancia electoral en el país tiene esta semana para resolver los distintos asuntos relacionados con la elección para presidentes municipales del pasado 7 de julio, e indicó que un caso que preocupa es el de Acajete, donde se ordenó anular la elección.
Quezada Tiempo reiteró que la Cuarta Sala Regional del Tribunal incurrió en exceso toda vez que se trataba de un juicio para la protección de los derechos políticos de un particular, sin el respaldo de ningún partido político ya que los demás contendientes habían aceptado los resultados una vez que el proceso había transcurrido sin incidentes.
Dijo que la Sala Superior recibió los argumentos de los representantes de la coalición Puebla Unida, donde se demuestra que no había elementos para anular la elección, pero los magistrados ignoraron la documentación presentada, lo cual dejaba en estado de indefensión a una de las partes. Sostuvo que se trata de argumentos inconstitucionales los manejados por los magistrados y tendrán que rectificar en la Sala Superior en una sesión que podría ser entre lunes y martes.
Recordó que representantes de la coalición Puebla Unida impugnaron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la resolución de la Cuarta Sala Regional que determinó anular la elección en el municipio de Acajete al indicar que se cuentan con las actas originales que dan el triunfo a Antonio Aguilar.
Dijo que el pasado 16 de enero, durante la sesión la Sala Regional del DF, dejó sin efectos la sentencia del Tribunal Electoral de Puebla y declaró la nulidad de la elección del municipio de Acajete, Puebla, en razón de que consideró que existió afectación directa a los principios de legalidad y certeza derivados de los hechos de violencia que no permitieron la realización del cómputo municipal en términos de lo previsto en el código local e impidieron el resguardo de los paquetes electorales y las muestras de alteración, resultan graves y determinantes para el resultado de esa elección.
Insistió en que los magistrados actuaron de manera parcial e incorrecta en términos jurídicos una vez que por el dicho de una persona anuló una elección que era legítima. Recordó que el candidato ganador fue Antonio Aguilar, a quien tanto el Instituto Electoral del Estado como el Tribunal Electoral del Estado le validaron el triunfo del pasado 7 de julio.
La legisladora manifestó que si hubo violencia en el cómputo supletorio del 10 de julio fue responsabilidad del candidato perdedor Roberto Ramírez Cervantes, quien fue postulado por Movimiento Ciudadano.
Indicó que él obtuvo 6 mil 114 votos contra 5 mil 950 de Movimiento Ciudadano y 4 mil 331 del Partido Revolucionario Institucional, una diferencia de 164 votos entre el primero y el segundo, además de que se tienen las actas de cómputo firmadas por los representantes de todos los partidos políticos, e indicó que en la democracia se gana o se pierde por un sólo voto.
Denunció que Ramírez Cervantes fue quien encabezó a las personas que de manera violenta intentaron impedir el cómputo del 10 de julio sabiendo que habían perdido la elección. Asimismo, la legisladora reiteró los señalamientos sobre el “fuego amigo” al indicar que el abogado de Ramírez Cervantes es Pablo Herrera Romero, vicepresidente del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, por lo que independientemente de la impugnación que se presentó habrá que recurrir a las instancias del partido para que se inicie el proceso de expulsión.
Quezada Tiempo precisó que el domicilio para recibir notificaciones que dejó Roberto Ramírez es el de las oficinas de Izquierda Democrática Nacional, por lo que habrá que investigar al dirigente de la corriente en Puebla, Jorge Méndez Spínola, por operar en contra del partido al que pertenece.
