El Partido Revolucionario Institucional reiteró que los incidentes que se presentaron en al menos 37 juntas auxiliares en el estado, donde tuvieron que suspenderse las votaciones, fue a causa de un proceso viciado de origen, donde los partidos políticos no acataron el acuerdo de respetar el proceso ciudadano, y denunció irregularidades como padrones “rasurados”, entrega de despensas en vehículos oficiales de los ayuntamientos y “compra” de votos.

Pablo Fernández del Campo, delegado presidente del Revolucionario Institucional, indicó que también se encuentra la denuncia que hicieron los ciudadanos de La Resurrección, a quienes se les inducía a votar por las planillas Círculo Azul y Comprometidos por La Resurrección, así como el “acarreo” en camiones realizado en San Baltazar Campeche.

Anunció que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como vigilante de la legalidad podría formalizar las denuncias correspondientes a las irregularidades en los plebiscitos de juntas auxiliares, así como legalizar las inconformidades de los ciudadanos que participaron en este proceso.

Pablo Fernández del Campo Espinosa dijo que el priismo está insatisfecho por la actuación de la autoridad en la elección de las juntas auxiliares, e indicó que los ayuntamientos tenían la responsabilidad de desempeñar el papel de garante de la seguridad y tranquilidad en las localidades. 

Resaltó que como vigilante de la legalidad en el proceso de juntas auxiliares, por lo que detectó que hubo padrones de electores “rasurados”, “compra” de votos, cooptación del sufragio y reparto de despensas, por lo que sí bien no hubo intervención de partidos políticos se evidenciaron practicas partidistas para obtener el triunfo.

Señaló que los conatos de violencia y de irregularidades registradas que orillaron a la suspensión de los plebiscitos en las 32 juntas auxiliares en el estado y en la capital fueron San Sebastián de Aparicio, La Resurrección, San Miguel Canoa y Santa María Xonacatepec quedarán debidamente documentados y denunciados.

Precisó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue contundente y ordenó al revocar convocatorias del estado: que los partidos se mantuvieran fuera de los plebiscitos, y el PRI, como partido en la legalidad, respetó absolutamente esta determinación del máximo tribunal electoral del país.

Indicó que el fallo del Tribunal trajo también, como resultado, que los aspirantes independientes que interpusieron juicios estuvieran dispuestos a defender el proceso hasta sus últimas consecuencias porque quedó demostrado que sí se puede combatir la ilegalidad. 

“En este marco, lamentamos que en Puebla capital haya sido rebasada la autoridad al cancelar los plebiscitos en San Miguel Canoa, La Resurrección, San Sebastián de Aparicio y Xonacatepec, donde se presentaron irregularidades de origen que derivaron en los hechos conocidos por todos ustedes. Es muy triste ver como la autoridad municipal fue incapaz de garantizar a los ciudadanos condiciones democráticas para expresar su voluntad de manera libre y en un clima de tranquilidad.

”Por su parte, la Secretaría General de Gobierno nos ofreció a los poblanos la garantía de plebiscitos sin contratiempos y esto no sucedió. La misma dependencia informó ayer que en 37 juntas auxiliares del estado no pudieron realizarse los plebiscitos. Era su obligación y no cumplió”.

Falló la organización
En tanto, el diputado federal por el distrito 6, con cabecera en Puebla capital, Enrique Doger Guerrero, alardeó que él hace 9 años cuando fue presidente municipal se sujetó al mismo proceso en las juntas auxiliares y no hubo estos desmanes.

“El perturbado clima que se vivió en la elección se debió al incorrecto oficio político. Es obligación de la autoridad municipal proporcionar las condiciones para en los plebiscitos no haya ningún contratiempo y en esta ocasión vimos que el ayuntamiento capitalino fue rebasado”. 

Recordó que las cuatro juntas de la capital donde se suspendieron las votaciones se encuentran en su distrito y la demanda es que se respete la voluntad ciudadana.

Por su parte, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Gabriel Barragán Cáceres, y el dirigente estatal de ese instituto político Pablo Fernández del Campo Espinosa, negaron que los plebiscitos de las juntas auxiliares hayan sido un laboratorio para medir fuerzas de cara a las elecciones federales de 2015.

“Es verdaderamente una fiesta ciudadana, así ha sido permanentemente esto. En realidad no estamos nosotros en un esquema de medición de fuerzas, al contrario, en un esquema de rendición de cuentas con la legalidad”, agregó.

“Hablar de que ganó uno u otro partido se me hace fuera de lugar, esto tiene una doble intención y habría qué explicar cuál es esa intención, yo más bien enfocarías los reflectores para preguntarle al gobierno del estado cómo explica que haya habido 37 juntas auxiliares en las que fueron incapaces de que se llevara a cabo el proceso”, añadió.

Analizar caso de las juntas
Tras las elecciones en las juntas auxiliares y los problemas registrados en algunas de estas demarcaciones, el diputado panista Francisco Rodríguez Álvarez se pronunció a favor de que la autoridad electoral organice estos plebiscitos, además de que algunas pudieran desaparecer ya que perdieron el sentido por el que fueron creadas.

“Nosotros seguimos creyendo que el camino correcto es utilizar el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, que dé como base legal las convocatorias, la contienda, cómo se emiten los resultados”, añadió.

En cuanto a la propuesta de desaparecer algunas juntas que fueron absorbidas por la mancha urbana, consideró viable que éstas sean eliminadas, no así las que están alejadas de la cabecera municipal que en verdad son entes coadyuvantes de los gobiernos municipales.

El legislador, postulado por el PAN y representante del distrito 13 de Puebla, expuso que estos temas deberán estar en la línea de análisis de las actuales administraciones municipales y del propio Congreso de Puebla.

A la par, dijo desconocer si en esta ruta está el hecho de empatar tales plebiscitos con las elecciones constitucionales, como lo han planteado diversos actores políticos y representantes de la sociedad civil.