La legisladora Roxana Luna Porquillo, respaldada por legisladores del PRD, presentó ante el pleno de San Lázaro un punto de acuerdo para solicitar la conformación de un grupo plural de legisladores, para dar seguimiento y esclarecer la presunta violación de diversos derechos humanos cometidos por el gobierno de Puebla contra activistas sociales y campesinos, así como miembros del sector académico y laboral de la entidad.

Además, en el punto presentado se exhorta al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas para que instale mesas de diálogo en donde se consulte a las comunidades indígenas, campesinas y al sector académico sobre la viabilidad social, cultural y ecológica de los mega proyectos que el gobierno a su cargo pretende realizar para la explotación minera en la Sierra Norte, la construcción de la autopista del Arco Poniente y la construcción del gasoducto del llamado Proyecto Integral Morelos.

Asimismo, se le pide al gobierno de Puebla y al procurador de Justicia, Víctor Antonio Carrancá Bourget, para que cese la persecución y encarcelamiento arbitrario en contra de opositores de dichos proyectos y se transparenten los procesos seguidos en contra de los activistas sociales Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón. 

El punto de acuerdo fue signado por los diputados del grupo legislativo del PRD: Roxana Luna Porquillo, Alliet Mariana Bautista Bravo, Ángel Cedillo Hernández, Armando Contreras Ceballos, Carol Antonio Altamirano, Graciela Saldaña Fraire, Joaquina Navarrete Contreras, Josefina Salinas Pérez, Juan Manuel Fócil Pérez, Juana Bonilla Jaime, Marcelo Garza Ruvalcaba, Mario Alejandro Cuevas Mena, Roberto Carlos Reyes Gámiz, Saraí Larissa León Montero, Silvano Blanco Deaquino, Víctor Manuel Bautista López, Víctor Manuel Manríquez González y Agustín Miguel Alonso Raya. 

En el punto de acuerdo se señala que en Puebla se han vulnerado los derechos sociales: “En el estado de Puebla diversos sectores sociales se han manifestado para reclamar su derecho a una vida digna y el pleno respeto a sus derechos fundamentales, ello debido a las afectaciones que activistas sociales, trabajadores, líderes campesinos y miembros de la comunidad académica han denunciado, mismas que van desde privación de la libertad personal, el nulo respeto por las condiciones laborales, la falta de diálogo ante el altísimo riesgo ambiental generado por megaproyectos del gobierno y las preocupantes políticas emprendidas en torno al recurso del agua. De todas ellas ha quedado constancia en actos públicos y mediáticos que ameritan la atención, el estudio y en su caso, el restablecimiento de los derechos reclamados.

”El reclamo legítimo y la manifestación de las ideas en Puebla, sufren al día de hoy una de las crisis más profundas y el riesgo es ser encarcelado. El gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas ha decidido hacer uso de las instituciones de procuración de justicia del estado, para perseguir y reprimir de forma sistemática y arbitraria a dirigentes y activistas sociales que se opongan a la construcción de obras y proyectos gubernamentales sin la oportunidad del diálogo y la conciliación”.

En los considerandos de su punto de acuerdo, la diputada Luna Porquillo señala que en el Congreso de Puebla se han aprobado sin consultar a la ciudadanía medidas lesivas para los poblanos como la privatización del agua: “Parte del descontento social en Puebla se ha derivado de diversas políticas empleadas por el gobierno actual y culminadas en decretos y leyes que cuentan con el visto bueno del Congreso estatal; ejemplo de ello es el decreto aprobado el 12 de septiembre de 2013 por el Congreso del estado, que concesiona a empresas privadas la operación de los 25 sistemas de agua potable y alcantarillado (Soapap), y que hasta antes de la entrada en vigor del mismo, eran manejados por los ayuntamientos, entre los que se encuentran los municipios más poblados de la entidad: Puebla, Tehuacán, Atlixco, Cuautlancingo, Huauchinango, Xicotepec, Izúcar de Matamoros, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula y Teziutlán, entre otros; creando incertidumbre, toda vez que se faculta a las empresas a establecer tarifas por el suministro del vital líquido y hasta la posibilidad de ejecutar embargos contra deudores”.

En su participación, Luna Porquillo recordó que la aprobación de una ley de expropiación afecta a los poblanos: “Es de mencionarse también que el anterior mes de marzo, el Congreso local aprobó también una reforma a la ley de expropiación del estado de Puebla, con la que se faculta a las autoridades a tomar posesión inmediata sobre inmuebles y predios privados alegando casos de urgencia y el interés superior de utilidad pública. Lo anterior abona al descontento al permitir que las autoridades, sin justificación mayor y sin ninguna garantía de audiencia previa a la expropiación, desprendan a los poblanos de sus inmuebles”.

La legisladora planteó que en Puebla se quieren realizar mega proyectos sin consultar a las comunidades: “En Puebla se pretenden realizar y terminar diversos megaproyectos que por sus especiales características requieren de una fuerte inversión y de la disponibilidad de terrenos que hoy se encuentran en propiedad de los pueblos campesinos. No obstante de ello, en ningún momento se ha realizado la apropiada consulta de las comunidades indígenas, no se ha presentado una mesa de diálogo con los inconformes y se ha soslayado el interés popular por el personal, ignorando la viabilidad social, cultural y ecológica, así como lo propiamente establecido en el convenio 169 de la OIT.”

Luna explicó que los megaproyectos afectarán al medio ambiente: “Dicha situación se refleja en las ya 90 concesiones mineras otorgadas y 8 hidroeléctricas en la Sierra Norte y la Mixteca Poblana que ponen en grave riesgo las condiciones ambientales de la región, pues necesitarían alrededor de 50 millones de litros de agua, aunado a las grandes cantidades de mercurio y cianuro que se utilizan para la extracción de oro y que representan un irreversible daño ambiental.

”Situación similar se vive ante la construcción de la autopista del Arco Poniente y la construcción del gasoducto con el llamado Proyecto Morelos que pasará a tan sólo siete kilómetros del Parque Nacional Xicoténcatl, a 14 kilómetros del Parque Nacional La Malinche y a 27 kilómetros del Corredor Biológico Chichinautzin y que consiste de dos termoeléctricas de ciclo combinado para generación eléctrica, un acueducto de 10 kilómetros que cruzará por distintas comunidades del municipio de Cuautla, Morelos, y que se alimentará del río Cuautla, un gasoducto de 150 kilómetros que atravesaría más de 60 comunidades de los Estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala; y una línea eléctrica de 20 km a la subestación Yautepec”.


Los cuestionamientos 
Roxana Luna criticó la desaparición del Hospital del Niño Poblano, ya que dicha iniciativa afecta los derechos laborales de los trabajadores. “Se trata de más de 800 trabajadores, de los cuales 637 están sindicalizados, y que según el propio decreto aprobado en dos horas, se quedan sin trabajo”.

Las detenciones
La legisladora del PRD señaló en su punto de acuerdo que, además de los tres activistas detenidos, se busca la detención de otras personas: “Se han girado órdenes de aprehensión contra los ciudadanos Ignacio Carrillo, Carlos Océlotl, Carlos Linares Huinatl, Tomás Linares, Fortino Pérez y Avelino Velázquez Tapia; sigue vigente la amenaza de expedir otras contra 150 personas que no tienen nombre aún y puede activar en cualquier momento, ya que se encuentran en la “lista negra” que se menciona dentro de la averiguación AP 430/2013/DMZS/ATLIX; esto, confirmado por el mismo secretario de Gobierno Luis Maldonado”.