El ombdusman poblano Adolfo López Badillo señaló que los opositores al gasoducto Morelos se “adelantaron” al acudir ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), debido a que no han agotado todas las instancias nacionales, al tiempo de asegurar que su institución no fue la que entregó a uno de los activistas.
Al mismo tiempo que se realizaba una protesta en San Martín Texmelucan por la aprehensión de tres activistas ambientales, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), López Badillo y el del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Roberto Flores Toledado, hicieron mancuerna para dar una “cátedra de legalidad”.
Por su parte, el magistrado del TSJ indicó que se ha procedido conforme a derecho en cada una de las detenciones, obviamente descartando que el móvil de las mismas sea político.
Mientras ambos personajes otorgaron sendas entrevistas al iniciar el foro “La Ley de Atención, Asistencia y Protección a las Víctimas”, en San Martín Texmelucan se realizó una marcha de protesta contra la instalación del gasoducto y la detención de los tres activistas.
Desde 2012 se han realizado diversas protestas por la instalación del gasoducto Morelos, por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que atravesará tres estados y diversas comunidades del estado de Puebla.
Pero este año las protestas arreciaron e incluso se violentaron ante los avances de la obra, lo que derivó en la detención de los tres activistas, quienes están recluidos en penales de Cholula y Atlixco.
Los detenidos son la comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, Atlixco, Enedina Rosas; el vocero del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en Atlixco, Juan Carlos Flores, y el dirigente del Frente Campesino del Valle de Texmelucan y Sierra Nevada, Abraham Cordero.
Desde la aprehensión diversos grupos civiles, incluyendo a reconocidos intelectuales de talla internacional, han condenado los hechos, al calificar al gobierno estatal y federal de autoritarios.
Todo legal
El presidente del TSJ, Roberto Flores Toledano, indicó que en el caso de las detenciones de los tres activistas, sus procesos —como todos los del Poder Judicial— se están aplicando correcta y cabalmente conforme a la ley, descartando que sean detenidos políticos.
“Lo que les puedo mencionar en el caso de estos tres activistas, no tengan la menor duda, que es una exacta aplicación de los ordenamientos vigentes en el estado de Puebla”, dijo.
—¿Pero había un caso que se mencionaba que alcanzaba fianza y que no se le otorgó?
—Si no alcanzó la fianza es porque así lo dicta la ley, no por otra cosa. Porque la ley se cumple a cabalidad y se aplica con toda rectitud en el estado.
—Los activistas señalan que es un tema político, por las protestas del gasoducto criminalizando las protestas.
—No, no es así, por supuesto que no, es aplicando la ley vigente en el estado es la razón por la cual se les está procesando.
Añadió, tras algunos juicios amparos que se han presentado ante el poder judicial de la federación, que no puede asegurar que no haya un revire en los casos, pero dijo que habrá que estar pendientes de ellos.
Señaló finalmente no tener conocimiento que haya más casos similares en los juzgados de Puebla, ni ninguna otra de aprehensión.
“Yo no fui”
El presidente de la CEDH, Adolfo López Badillo, en primera instancia aseguró que no fue su organismo el que entregó a uno de los activistas Juan Carlos Flores, además que acudieron “muy temprano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En la víspera, en entrevista a este medio, Alejandro Torres, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala, señaló que la CEDH “entregó” a Juan Carlos, justamente aprehendido cuando salía de sus instalaciones.
—¿Piensa que fue la CEDH los que lo entregaron?
—Yo sí creo, porque le tomaron una foto cuando ingresó, luego jalaron a los compañeros a tomarse un “refresquito” con la tele y cuando salió Juan Carlos lo detienen. O sea, cotejaron la fotografía de la persona que buscaban, así lo pienso yo, y lo detuvieron enfrente de las instalaciones de Derechos Humanos.
En respuesta, López Badillo aseguró que en ningún momento la CEDH tuvo contacto con las autoridades de la Procuraduría de Puebla para hacer que ejecutaran una orden de aprehensión que tenían, afirmando que fue una situación coyuntural.
“Me llama la atención este tipo de declaraciones, porque la comisión y, vuelvo a reiterarlo, para mandar un mensaje de confianza y credibilidad al organismo que represento, porque siempre nos hemos conducido con legalidad y apego a derecho.
”Fue una cuestión coyuntural donde el organismo no tuvo nada que ver. Nosotros estamos dedicados a recibir la queja a investigarlas por presuntas violaciones a nuestros derechos y sería contradictorio que al estar protegiendo las garantías, dar información para que se ejecuten actos que pudieran vulnerar estos derechos.
”Fue una circunstancia coyuntural que en ningún momento tuvo participación la CEDH de Puebla”, aseveró.
Señaló que al estar en huelga de hambre Juan Carlos, desde el penal de Cholula, dio instrucciones para que se le hiciera una visita de parte de la CEDH, para verificar que se estén cumpliendo las medidas cautelares de garantizar su integridad física y psicológica.
“Voy a esperar el reporte del programa penitenciario para saber en qué condiciones se encuentra esta persona y dependiendo de las circunstancias daré las indicaciones necesarias para su atención”, dijo.
Con respecto las indagatorias, señaló que podrían tardar hasta tres meses en concluirse por las quejas por la ilegalidad, integridad de las personas en las detenciones.
“Di indicaciones para implementar medidas cautelares, las cuales consistieron en hacer llamadas telefónicas a los directores de los centros penitenciarios para garantizar la integridad física y psicológica de los detenidos.
—¿Van a colaborar con la CIDH?
—Tuve conocimiento que se presentó una solicitud a la Comisión Interamericana, sin embargo el sistema es más complejo.
Explicó que el sistema establece que lo primero que establece es que hay agotar todas instancias administrativas y jurídicas de la defensa de los derechos humanos al interior del Estado mexicano.
“Como es los organismos públicos de derechos humanos, el nacional y los tribunales de justicia, una vez agotados todas las instancias jurídicas y si el fallo es en contra, es como se puede acceder a solicitar el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Sistema Interamericano”, dijo.
—¿Se adelantaron?
—Totalmente, yo creo, pero bueno el hecho de que aún no se hayan agotado todas las instancias nacionales, no implica que no puedan presentar una carta para informar de la situación que consideren.
Señaló López Badillo que hasta el momento no tiene conocimiento de que la Comisión Nacional haya tenido alguna queja, pero pudiera ser el caso que por una violación grave atraiga el caso.
“Pero nosotros seguimos investigando y hasta el momento y tengamos todos los elementos vamos a resolver las quejas”.
—¿Cuánto pueden tardar?
—Pues una queja al inicio de mi administración, hemos disminuido y en promedio resolvemos entre tres meses y tres meses y medio por todas las investigaciones que se hacen sobre los peritajes.
“Estoy dando indicaciones a que se hagan las investigaciones exactas, se investigue todo lo necesario de las autoridades involucradas, para dar una buena respuesta jurídica”, dijo el comisionado.
Indicó que desde que se reciben las quejas se hacen solicitudes de información a las autoridades, hasta el momento solamente la PGJ ha emitido información a la CEDH de la detención de Enedina Rosas, lo que aún está en análisis.
“No puedo adelantar cómo viene la respuesta, pero en el momento en que lo tengamos (el análisis) lo haremos del conocimiento público”, dijo al señalar que las demás respuesta están en tiempo y forma de recibirlas.