El primero de los dos proyectos para la construcción de gasoductos en el estado fue suspendido por un juez federal, al otorgar el amparo definitivo a pobladores de la Sierra Norte, quienes esperan solo que el ayuntamiento de Huauchinango reciba la notificación para ordenar la suspensión inmediata de los trabajos que se llevan a cabo en ese municipio.
Flor Alí Ocejo Fuentes, a nombre de los vecinos, señaló que se logró presentar toda la argumentación legal, por lo que la instancia federal les dio la razón al considerar que se estaba en la ilegalidad y ahora las autoridades locales y estatales deben cumplir con el ordenamiento judicial o podrían cometer desacato.
Explicó que se trató de un amparo colectivo interpuesto por los habitantes de la comunidad de Cuacuila, perteneciente al municipio de Huauchinango, Puebla, con el número 06/2014, interpuesto ante el Primer Juzgado de Distrito en la ciudad de Puebla, en contra de la empresa Gasomex, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como del expresidente municipal Omar Martínez Amador y del presidente auxiliar Rodolfo Lechuga Ahuacatitla.
Insistió en que los resultados obtenidos fueron positivos, ya que el pasado viernes 25 de abril se otorgó la suspensión definitiva de la obra.
El proyecto del gasoducto es de Tuxpan (Veracruz) a Atotonilco (Hidalgo) pasaba a menos de cien metros de un preescolar y a 200 de una comunidad indígena de 4 mil habitantes.
“El gasoducto Tuxpan-Atotonilco, que construía la contratista de Pemex, Gasomex, pretende llevar 6 mil barriles diarios de gas LP desde Poza Rica (Veracruz) hasta Atotonilco (Hidalgo) a lo largo de 250 kilómetros, pasando por debajo de la caseta de cobro Tezcapa, de la autopista México-Tuxpan y pasando por debajo de terrenos de la nuestra población dañando nuestro territorio, manantiales y poniendo en grave peligro la vida de más de 4 mil habitantes”, dijo Flor Alí Ocejo.
Dijo que desde el 7 de enero del presente año se otorgó una suspensión provisional de dicha obra; no obstante, Gasomex continuó perforando y generando un devastador “ecocidio” en la comunidad, al amparo de la Policía Municipal y Estatal que resguardaban en todo momento sus obras mientras acosaban y amedrentaban a campesinos del pueblo.
Explicó que todo ello, además de violentar sus derechos como pueblo indígena nahua, principalmente el derecho a la consulta que sostiene el artículo 6 del convenio 169 de la OIT.
En la rueda de prensa, Ocejo Fuentes dijo que en uso de todos sus derechos como ciudadanos y como pueblo indígena nahua exigen a las autoridades de todos los niveles que pongan un alto de una vez por todas a dicho “proyecto de muerte” y ejecuten la suspensión definitiva de la obra.
Dijo que se obtuvo una suspensión legal, por lo que exigen al presidente municipal Gabriel Alvarado Lorenzo defienda los derechos de los cuacuileños, haga valer su autoridad y realice cuanto antes el paro de la obra, lo mismo que acuda a declarar al respecto al juzgado correspondiente a Ciudad Judicial, ya que hasta el momento no lo ha hecho.
Asimismo, dio a conocer más peticiones: “Solicitamos se nos otorguen medidas cautelares para la seguridad de cada uno de los integrantes de nuestro movimiento. De igual forma, responsabilizamos directamente a la empresa Gasomex y a biósfera ambiental, al expresidente municipal Omar Martínez Amador y al presidente auxiliar José Rodolfo Lechuga Ahuacatitla, no sólo de lo que pueda pasarle a la integridad de cada uno de los que estamos defendiendo legítimamente la vida y nuestros derechos como pueblo indígena nahua”.
Advirtieron que se pueden iniciar procesos en su contra por parte de las autoridades estatales, al igual que lo que ocurrió con campesinos de Morelos y Puebla.
Lamentaron que no se estén respetando los procesos legales, ya que siguen los trabajos del gasoducto Morelos, e indicaron que: “Responsabilizamos por los daños, accidentes, explosiones y/o pérdidas de vidas que resulten en el corto, mediano o largo plazo por el gasoducto de la muerte”.
La solidaridad
Asimismo, manifestaron su solidaridad con el movimiento Los de Abajo e hicieron un pronunciamiento: “Desde aquí rechazamos la represión en contra de los defensores de la tierra y del agua, y condenamos las detenciones arbitrarias de las que han sido objeto los compañeros: Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, así como el hostigamiento en contra del Dr. Ricardo Pérez Avilés, catedrático de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) y sus colaboradores, todo por defender el territorio y la vida y oponerse a un proyecto de muerte, el gasoducto Morelos. Pérez Avilés visitó en semanas pasadas nuestra comunidad y conoce muy bien nuestro caso”.
