El Instituto Nacional de Protección de Derechos Humanos (Inprodh), encabezado por el reconocido investigador de la UNAM, Enrique Carpizo Aguilar, solicitó al gobierno estatal y al Poder Judicial un informe sobre los procesos contra los ambientalistas detenidos.
Desde hace unas semanas, los activistas Enedina Rosas Vélez, Abraham Cordero Calderón y Juan Carlos Flores Solís fueron detenidos por diversos cargos, entre ellos el de tratar de detener la obra del gasoducto Morelos, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Hemos solicitado a las autoridades estatales y federales que transparenten los procesos e informen a la sociedad, tras cumplir con el derecho humano de conocer la verdad, y que en un momento dado podamos saber si existen de verdad elementos fidedignos, no fabricados, para procesar estas personas por los delitos que se les imputan, o se trata de una simple represalia política que, en su caso, tendría que desvanecerse a través de las instancias que correspondan”, señaló en entrevista telefónica.
Inclusive, este sábado, en el municipio de Atlixco, donde se encuentran recluidos dos de los activistas, diferentes organismos civiles realizaron una “cadena humana” parea exigir su liberación, al calificar de autoritario al gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.
Por lo tanto, el Inpode, con fundamento en los artículos sexto y octavo de la Constitución, solicitó información oficial sobre los procesos que se iniciaron en contra de los ambientalistas.
Por lo tanto, Enrique Carpizo señaló que hay suspicacias de que fueron reprimidos por su oposición al gasoducto Morelos, por lo que es importante que la sociedad sepa si las denuncias son reales.
“La única manera de saberlo es a través de dictámenes científicos que puedan, en un momento dado, demostrar que no hay atentados al medioambiente y que tampoco se afecta y se está salvaguardando la propiedad ejidal”, dijo el especialista en derechos humanos.
“Si no existe este documento científico avalado por el Estado y diversos expertos, entonces quiere decir que hay gato encerrado”, señaló investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM.
Señaló que es muy importante que las autoridades federales de amparo no caigan en la tentación de tergiversar los hechos o la interpretación dada a los mismos y fomentar los atentados a la libertad personal de estas personas y de la libertad de expresión.
“Única y exclusivamente hicieron una denuncia pública respecto a ciertos atentados a la propiedad ejidal y al medio ambiente”, dijo.
“Es muy importante que esa denuncia pública que hace este gremio sea estudiada conforme a dictámenes administrativos, jurídicos y científicos para identificar si es verdad lo que están denunciando.
”Y sólo en el caso de que no sea verdad lo que se está denunciando, pues transparentarlo para efectos de que la sociedad pueda tomar una postura verídica al respecto y no dar opacidad a los hechos y que se les detenga a través de hechos que no estaban presentes al momento en que iniciaron su denuncia y que pueden prestarse a la suspicacia de que se está utilizando el Estado de derecho para reprimir la libertad de expresión”, explicó.
“Yo creo que los periodistas, como la sociedad poblana y la mexicana en general, así como este instituto, del cual yo tengo la distinción de presidir, están totalmente interesados en conocer la verdad”, sentenció.
“Que la verdad sea el único hecho susceptible de fundamentar un proceso en contra de personas que hasta este momento sólo la sociedad sabe que han externado una denuncia pública en contra de actos que pueden en un momento dado vulnerar su propiedad ejidal y el medio ambiente.
”Por ende, es importantísimo que los tres niveles de gobierno informen y transparenten el caso para que podamos llegar a saber la verdad de lo que está ocurriendo: si en verdad hay elementos para procesar a estas personas o se trata de una represalia política, como todos los hechos que hasta ahora se conocen están indicando”.
—¿Entonces, se trata de una queja o una solicitud de información la que tramita el Inpode?
—Hemos hecho una petición a los tres niveles de gobierno, con fundamento en los artículos sexto y octavo constitucional.
“Esperemos nos den respuesta. Hemos hecho uso de los medios de comunicación a nivel nacional, precisamente para fomentar el diálogo con las autoridades del estado y poder llevar a buen puerto este asunto.
”Paralelamente, es importantísimo que la sociedad sepa si las denuncias que hicieron estas personas es verdad y es mentira y la única manera de saberlo es a través de dictámenes científicos que puedan en un momento dado demostrar que no hay atentados al medioambiente y que tampoco se afecta y se está salvaguardando la propiedad ejidal. Si no existe este documento científico avalado por el estado y diversos expertos, entonces quiere decir que hay gato encerrado”, concluyó.
La observación
Carpizo Aguilar dijo que se está viviendo un ambiente de intolerancia sin que se respete la libertad de expresión y de manifestación, lo cual va contra los preceptos de las garantías individuales.
Además, advirtió que el gobierno del estado no ha sido transparente en las denuncias que se presentaron en contra de los detenidos, sin que se acredite el interés por parte del denunciante y tampoco se aclaran los delitos.
Funcionarios, en la mira
El jurista señaló que los funcionarios del Poder Judicial, de la Procuraduría General de Justicia, que intervinieron en los procesos en contra de los ambientalistas estarían sujetos a una investigación por presuntas violaciones a la Ley Orgánica de los Trabajadores del Estado de Puebla, la de la Procuraduría General de Justicia, la de Servidores Públicos.
Expresó que tendrá que analizarse el actuar de quienes están participando en los procesos y determinar sin incurrieron en violación a la ley por lo cual podrían se sancionados.
