En casi tres años de gestión de Adolfo López Badillo al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla (CEDHP), apenas sólo el 15.7 por ciento de sus 89 recomendaciones fueron contra dependencias estatales.

A la llegada del ombudsman al organismo, han bajado significativamente las recomendaciones contra autoridades estatales, que en la mayoría de los casos sólo llegan a “conciliaciones” con los quejosos.

Desde que inició el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas se han emitido 123 recomendaciones, sólo 26 de ellas contra dependencias estatales, el resto contra diversos ayuntamientos.

De las 26 recomendaciones mencionadas, 15 las ha emitido la gestión de Adolfo López Badillo entre sus 89 emitidas durante 34 meses de gestión, mientras que las 12 restantes se emitieron en los primeros seis meses del sexenio (febrero a julio 2011). 

En anteriores gestiones, la CEDHP llegaba a formular hasta 70 recomendaciones en un sólo año, ahora ha bajado hasta menos de la mitad, alrededor de 30 en promedio cada 12 meses. 

Antes de arribar López Badillo, en siete meses del actual sexenio la expresidenta de CEDHP Marcia Maritza Bullen Navarro ya habían emitido 41 recomendaciones contra distintas dependencias, 12 contra dependencias del gobierno estatal. 

Con estos números, el gobernador Rafael Moreno Valle la semana pasada envió una iniciativa de ley para incrementar de tres a cinco años la gestión del presidente de la CEDHP.

Lo anterior implica que el actual titular, Adolfo López Badillo, podría salir por lo menos hasta el 2019 del cargo, luego de que ya se preparaba para terminar su primera gestión de tres años, pero se podría incrementar al menos otros cinco.

Inclusive, el ombudsman, en entrevista a diversos medios de comunicación, dejó abierta la posibilidad de extender su periodo al frente de la comisión, aunque aclaró que no ha tomado una decisión formal.

De seguir en el cargo tendría acceso a un periodo posterior de cinco años toda vez que la iniciativa propuesta por el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, obtenga el aval de los diputados locales.

Conciliación por recomendación
Cabe destacar que por ley las indagatorias de presuntas violaciones graves a derechos humanos, como la pérdida de la vida o golpes y lesiones, no pueden conciliarse, sin embargo, las autoridades pueden evitar la recomendación resarciendo el daño, es decir, pagando hospitalización en dado caso o cese de elementos policiacos.

Sin embargo, existen quejas de ciudadanos a quienes simplemente no se les toma en cuenta su denuncia, ya que se les convence de que no procederá.

Inclusive, para que no se note la diferencia de los números, la institución protectora de derechos humanos en Puebla dio la orden de enumerar en su página oficial de internet también las conciliaciones junto con las recomendaciones, lo que antes nos se hacía.

Durante 2012 se registraron diversos hechos que pudieron llegar a alguna recomendación en materia de derechos humanos, pero ninguno lo fue.

Por ejemplo, en recientes fechas se presentó al organismo un joven con capacidades diferentes (se guarda su nombre para su protección), fue despedido del proyecto de La Aldea de las Niñas y los Niños de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para alegar un caso de discriminación.

Fue despedido por Raúl Guerrero Pérez, director de dicho proyecto, quien además corrió a todo el personal, para que entraran a trabajar algunos amigos.

En primera instancia, en la CDHEP le dijeron que la pensara, que iba a quedar en una lista “negra” y que jamás volvería a trabajar para el gobierno.

Posteriormente, se volvieron a acercar al joven, quien acudió a sus oficinas. Ahí el joven les insistió en que no le importaba el dinero, sino simplemente que había sido dado de baja por su problema físico en un acto claro de discriminación.

Pero nuevamente le cerraron la puerta y le pidieron que acudiera primero a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ya si ahí no le tomaban su denuncia, entonces procederían, omitiendo el caso claro de discriminación.

Quejas
El 18 diciembre 2013, el mismo Adolfo López Badillo señaló que Ministerios Públicos y Policía Ministerial son las instituciones que más quejas recibieron durante ese año por presuntas violaciones a derechos humanos, seguido de los penales de Tepexi de Rodríguez y Puebla.
Detalló que se recibieron 288 quejas contra los agentes ministeriales, 15.7 por ciento del total, y otras 157 quejas contra la policía municipal, lo que representa 8.27 por ciento; 87 contra el Centro de Readaptación Social de Tepexi de Rodríguez y 82 contra el de Puebla, mejor conocido como San Miguel.

Otras entidades con quejas fueron la Policía Estatal Preventiva, con 58; otras 54 contra la municipal de Puebla, 33 contra SOAPAP, 29 la Secretaría de Seguridad Pública y 29 contra el Cereso de Cholula y, una cifra igual la Secretaria de Educación Pública.

Informó que en 2013 se han recibido 16 mil 377 solicitudes de intervención por presuntas violaciones a los derechos humanos, de las cuales mil 548 fueron quejas, lo que representa 9.45 por ciento; y 14 mil 829 se trataron de supervisiones oficiosas orientaciones, colaboraciones, incompetencias y diligencias oficiosas, 90.55 por ciento.

Asimismo, se detalló que los principales derechos humanos vulnerados en las quejas fueron 2 mil 781, lo que significa 52.18 por ciento, por seguridad jurídica, y 714, o sea, 13.40 por ciento, por integridad y seguridad personal.

Además, 640, 12.0 1 por ciento por legalidad; 304, 5.70 por ciento, por trato digno; 199 o el 3.73 por ciento, por petición; 144 o 70 por ciento, por propiedad o posesión; 142 o 2.66por ciento, por libertad; 140 o 1.65 por ciento por igualdad; 107 o 2.01 por ciento por educación y 94 o 1.76 por ciento por protección a la salud.

En ese año se emitieron 35 conciliaciones por violaciones a los derechos humanos, las cuales guardan el status de 23 cumplidas y 12 en trámite.

Los principales derechos humanos vulnerados en las conciliaciones fueron 27 de seguridad jurídica, siete por legalidad, tres por petición, tres por propiedad o posesión, dos más por trato digno, uno por protección a la salud y uno por igualdad.

La CEDHP tiene la facultad por ley de elaborar una recomendación cuando una investigación resulta, en efecto, una violación de derechos humanos. 

Esta medida se toma también en los casos en que se ha formalizado una conciliación y ésta es incumplida.

En las recomendaciones se exponen los hechos, las diligencias practicadas, las pruebas y los argumentos sobre violaciones a los derechos humanos al haber incurrido la o las autoridades en actos u omisiones que representaron un agravio para las y los ciudadanos.

La recomendación es uno de los instrumentos más importantes para la defensa de los derechos humanos, pues, aunque no tiene carácter vinculante en principio, constituye la exhibición pública del abuso y las irregularidades en las que incurren algunos funcionarios públicos. 

Sin embargo, una vez recibida y aceptada la recomendación, la autoridad o servidor público de que se trate queda obligado a su total cumplimiento.

En la recomendación se señalan las medidas que proceden para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos y, en su caso, para la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado.