A pesar del cambio de la utilización de las armas de fuego para la llamada “ley Bala” siguen las presiones de parte de organismos no gubernamentales (ONG) para la derogación total de la legislación aprobada la semana pasada en el Congreso estatal.
Los integrantes del Movimiento por la Alternativa Social (MAS) Ricardo Jiménez Ávila y Marco Mazatle señalaron que las modificaciones que se hicieron a la legislación fueron de manera anómala y hace sospechar que el ejecutivo del estado incurrió en el delito de usurpación de funciones.
“(…) tendría una pena de hasta siete años de cárcel. La iniciativa fue presentada por el gobernador Rafael Moreno Valle el 12 mayo y según nosotros mismos constatamos en la página oficial Congreso de Puebla el domingo 18 de mayo”, recordaron.
“El uso de las armas de fuego se avalará para lograr el sometimiento de una persona que se resista a la detención ordenada por una autoridad competente o luego de haber infringido alguna ley o reglamento; obtener el cumplimiento de un deber o las órdenes lícitas giradas por autoridades competentes; con el fin de prevenir la comisión de conductas ilícitas; cuando la fuerza se ejerza para proteger o defender bienes jurídicos tutelados; o por legítima defensa.
”Los factores de riesgo para que se ocupen las armas de fuego en las manifestaciones son: el poder numérico de los manifestantes, las circunstancias de tiempo y lugar en las que se lleven a cabo las manifestaciones, el fin que persigue la manifestación, ya sea de confrontación o mera manifestación de ideas, los aspectos socioeconómicos o políticos imperantes en el momento de la manifestación y la cobertura a la manifestación”, señalaron.
Recordaron que la versión fue publicada por el diputado Francisco Rodríguez en su cuenta de Twitter el pasado lunes 19 de mayo, fecha en que se aprobó la “ley Bala” en el Congreso de Puebla.
“Sin embargo, el gobierno estatal publicó otra versión de dicha ley en el Diario Oficial del Estado de Puebla, donde se retira de manera velada el uso de armas de fuego para la dispersión de manifestaciones.
”Además, se eliminó la fracción IV del artículo 9, que establecía dentro de los niveles de uso de fuerza la utilización de armas de fuego y ahora quedaron: la persuasión, el sometimiento y el uso de armas incapacitantes no letales. Aunque el uso de éstos quedará al arbitrio de los propios elementos.
”Ante esta situación exigimos que los legisladores hagan un análisis de qué dictamen les fue presentado de manera final y si éste coincide con el publicado por el gobierno estatal, durante el procedimiento pedimos la participación de organizaciones civiles que den fé de la coincidencia o no coincidencia del documento.
”En caso de que no sean los mismos se debe proceder de manera penal contra el Ejecutivo del estado y quien haya sido responsable de publicar la ley sin consentimiento del Legislativo”, argumentaron.
“Si los documentos son los mismos, solicitamos a los diputados locales transparentar los procesos y que se dé lectura pública a todas y cada una de las iniciativa de ley que se voten en Puebla”, concluyeron.