La desaparición de sus hijos y la negligencia de las autoridades han unido a dos familias poblanas para emprender una campaña de localización, tanto en redes sociales como en volanteo callejero.
Ambas están separadas geográficamente de extremo a extremo en el estado de Puebla, sin embargo, tienen un mismo objetivo: encontrar a sus hijos, cuyas edades también están muy separadas.
Este domingo las familias Ávila Martínez y Juárez González, procedentes de Zacatlán e Izúcar de Matamoros, respectivamente, realizaron un volanteo en el crucero de la 31 Poniente y bulevar 5 de Mayo, justo enfrente de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
Ambas están apoyadas por la representante del Instituto de Investigaciones Legales para el Bien Común de la Humanidad (IILBCH), Jenny López. Pero los casos son muy distintos, aunque con el mismo sufrimiento.
A los Juárez González les robaron a su bebé recién nacido del Hospital General de Izúcar de Matamoros, hace cuatro años; en tanto, los Ávila Martínez, su hija de 17 años lleva desaparecida desde mayo.
Ambos casos, además del sufrimiento, comparten presuntas negligencias de las autoridades en las investigaciones para la localización de los menores.
El IILBCH apoya esta campaña con jóvenes y adultos portando camisetas con la leyenda “Infantes Desaparecidos”, entregando fotografías y trípticos a automovilistas para evitar más desapariciones.
Bebé desaparecido
Aunque han pasado cuatro años desde la desaparición de Itzel Juárez González, sus padres, Juan Manuel Juárez y Dulce María González Sarmiento, no pierden la confianza que algún día podrán ubicar a su pequeña hija, arrebatada apenas a unas horas de nacida.
Durante todo ese tiempo, Areli Contreras Andrade ha estado internada en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Izúcar de Matamoros. Y es que fue comprobado finalmente que se robó a Itzel, por la que la sentenciaron a 25 años de cárcel.
La enfermera llegó con la mamá para llevaría a bañar, quien al verla de blanco y uniformada como todo el personal de ese nosocomio, la entregó sin pensar jamás que no la volvería a ver.
A pesar de su reclusión, Areli Contreras jamás habló y hasta la fecha nadie sabe el paradero de la pequeña que ahora está por cumplir cuatro años.
Los padres de Itzel son un matrimonio joven de ahora 23 años de edad, de escasos recursos, vecinos del municipio de Huaquechula. Esta pobreza ha evitado que emprendan grandes campañas para localizar a la niña.
La ahora sentenciada laboraba en la clínica Cazares, propiedad del exdiputado local, exprecandidato y jefe de la Jurisdicción Sanitaria de Izúcar de Matamoros, cargo al que llegó meses después del robo de la bebé.
Incluso existen de prueba unos videos en relación a los movimientos desarrollados de la enfermera en la clínica particular, donde se observa saliendo de su centro de trabajo a las 6:30 horas y regresa aproximadamente a las 8 horas.
“Ese lapso está dentro del que sucede el robo de la infanta, además los señalamientos de los padres de la víctima y tres enfermeras del Hospital General de Izúcar”, dijo el juez en su momento.
Hasta la fecha las autoridades poblanas se han fracasado y no han podido obtener la verdad respecto de a quién la enfermera le entregó la bebé.
Ahora Juan Manuel y Dulce han regresado a las calles en su desesperación, aunque ya procrearon una bebé, jamás podrán reemplazar ni por eso cesarán en su búsqueda, señalan.
Jeny López, representante en Puebla del IILBCH, aseguró que Areli tuvo un equipo de abogados que la defendieron, mientras que los papás de la niña Itzel solos fueron apoyados por el Ministerio Público.
“Surge la pregunta ¿de dónde saco la supuesta enfermera Areli para pagar los honorarios de los abogados que la defendieron y representaron en el juicio?”, dijo.
“De Itzel no existe foto, sólo el retrato hablado realizado por expertos, de cómo estaría la pequeña, pero el retrato hablado es de supuestamente como estaría al año de edad, ya se debe actualizar porque un niño cambia radicalmente en seis meses”.
Un informe de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) señala que el 29 de octubre de 2010 recibió una queja de Areli Contreras Andrade por la detención de la que fue objeto.
Después que la queja fue ratificada, la comisión solicitó un informe a las autoridades, las que negaron los hechos como violatorios a derechos humanos.
En diversas ocasiones la CDH Puebla dio a conocer a la quejosa y a su representante legal la respuesta de las autoridades, con el fin de que aportaran evidencias sobre la supuesta transgresión.
Sin embargo, este organismo no obtuvo de su parte una respuesta. Ante la falta de interés y por falta de evidencias que acreditaran violación de derechos humanos el expediente 11398/2010-I se concluyó el 13 de julio de 2011.
Sin retrato
Ahora la acusación es contra la PGJ, por no hacerles un retrato hablado de cómo supuestamente estaría Itzel de ahora cuatro años.
“No hemos tenido ninguna respuesta de las autoridades, ya quisiéramos volantear el retrato hablado, hace siete meses que lo mandamos a actualizar y las autoridades no nos lo han entregado”, dijo Juan Manuel.
“La asociación de Jeny López es la única que nos ha apoyado. Ni la Secretaría de Gobierno, a cargo de Luis Maldonado, que se comprometió con nosotros que es el caso número uno en Puebla que tiene, no vemos ninguna respuesta.
”Esa mujer (la enfermera) está detenida, pero las autoridades no saben sacarle la verdad, de qué sirve que esté encerrada sino pueden sacarle donde está nuestra hija”.
—¿Ustedes han hablado con ella?
—Solamente una vez y lo único que conseguí es que me dijera que el tiempo que ella esté presa no voy a saber del paradero de mi hija. Así me lo dijo, pero las autoridades niegan que me haya dicho eso. Yo cómo voy a inventar algo así.
Yolanda
La semana pasada Sergio Ávila, junto con familiares, inició una serie de vídeos publicados en YouTube en los que no sólo piden ayuda para la localización de su hija, sino también hacen una denuncia contra las autoridades por su proceder en este caso.
Apoyados por Jenny López, con copias de fotografías de Yolanda, piden la ayuda a toda persona que pueda dar información de su paradero.
Este domingo, su papá, Sergio Ávila, tiene un problema motriz que le impide caminar, pero no le evita portar una gran cartulina y parado en sus muletas por varias horas en la esquina de Plaza Dorada, frente a las oficinas de la PGJ, hasta que se le acabaron los volantes.
En entrevista señala que se ha reunido con el subprocurador de Puebla, quien le prometió investigar, pero van muy lentas las cosas.
Yolanda fue vista por última vez por sus vecinos, platicando con su exnovio, con quien apenas había terminado la relación.
“Hasta ahorita no se ha localizado a mi hija, la Procuraduría está haciendo su trabajo pero el Ministerio Público de Zacatlán no hizo nada. Ahorita esperamos alguna noticia de ella después de más de un mes.
”El Ministerio Público de Zacatlán fue insensible e inepto, pues no vio lo grave de la desaparición de una menor de edad y ahorita se da uno cuenta que ha sido violentada su libertad, porque si se hubiera ido con el novio, ya se hubiera comunicado.
”Se acudió a levantar la averiguación el día 14 de mayo a la 1:30 de la tarde. Mi hija desapareció el día 13 a las 6 de la tarde aproximadamente. A partir de ese momento hasta los 16 días después no activaron la alerta Amber. ¿Por qué? No sabemos, pienso que es negligencia de las autoridades.
”No toman en cuenta que un menor al desaparecer puede estar en peligro y tampoco analizaron en este caso de mi hija, las declaraciones que hubo donde se manifestaron las situaciones en que podría estar mi hija y no lo hicieron”.
Los desaparecidos
En octubre de 2013 Intolerancia Diario reveló que desde 2011, en todo el estado de Puebla, habían desaparecido al menos 90 menores de edad.
El 90 por ciento de estas desapariciones corresponden a adolescentes entre los 12 y 17 años de edad, lo que llama la atención es que dos terceras partes son mujeres en gran número de municipios del interior del estado.
Los datos fueron proporcionados por la Procuraduría de Justicia de Puebla a Intolerancia Diario tras una solicitud de información en la que se desglosan cifras por municipio, edad, sexo, desde febrero de 2011 a junio de 2013, así como por casos resueltos o que se haya encontrado el menor y su causa de desaparición.
En ese tiempo se reportaron a las autoridades 201 desapariciones de menores, 81 de ellas en 2011; 70 en 2012 y 50 en medio año de 2013.
Según las estadísticas entregadas, la desaparición de menores en Puebla se debe a diversos factores, que van problemas familiares, noviazgos y hasta por cuestiones de trabajo, pero no se habla de las situaciones arriba mencionadas.
