Al menos 600 familias, que dependían de los centros de verificación ambiental, también llamados verificentros, se encuentran en la incertidumbre y con problemas económicos, ya que, en el caso de los trabajadores, algunos solo han recibido la mitad de su salario o menos del mismo, y los dueños deben pagar la renta de los locales que fueron clausurados, pero además van a perder la inversión inicial que hicieron.
Hay desesperación luego de que algunos verificentros fueron cerrados desde hace más de tres meses por parte del gobierno del estado y se ha acabado el poco dinero que tenían para seguir apoyando con algo a sus trabajadores, aseguró José Martín Maldonado García y sus hijos operaban dos centros de verificación; uno en Tepeaca y otro en la zona de Xonacatepec.
Maldonado García indicó que los gastos que tienen que hacer los empresarios a los que les fueron clausurados los centros son de 10 a 15 mil pesos mensuales por concepto de renta del espacio, además del pago de un 50 por ciento del salario de los trabajadores, que son técnicos, y por lo tanto sus percepciones eran superiores a los 4 mil pesos.