Los diferentes grupos legislativos en el Congreso del estado presentaron un punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República atraiga el caso de Chalchihuapan, donde un menor se debate entre la vida y la muerte; además, un ciudadano perdió un ojo y policías estatales resultaron lesionador, todo esto a raíz de un violento desalojo el pasado 9 de julio.
El coordinador de los diputados locales del PRI, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, demandó que sea una instancia externa como la Procuraduría General de la República la que atraiga las investigaciones de los hechos violentos ocurridos el 9 de julio en Chalchihuapan, además de que se dé la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En conferencia de prensa, el legislador puntualizó que ante la confusión que existe en torno a los hechos violentos tiene que ser una instancia imparcial la que lleve a cabo las investigaciones para que se deslinden responsabilidades y se dé con los responsables de las agresiones.
Dijo que esta fue la petición de la bancada, misma que considera que hay un responsable del comportamiento de la policía, y en este caso es el director de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas.
Al igual que la perredista Socorro Quezada Tiempo, Giorgana Jiménez se pronunció porque Facundo Rosas Rosas, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), comparezca ante el Poder Legislativo para aclarar cómo se llevó a cabo el operativo en el que resultados heridos el menor de 13 años José Luis Tehuatlie Tamayo y Vicente Tecalero Jiménez, de 21 años de edad, ambos con lesiones cerebrales.
Además, el priista sentenció que el origen de la protesta es la reforma a la Ley Orgánica Municipal que la pasada Legislatura aprobó para retirarles el Registro Civil a las juntas auxiliares, la cual promovió el panista Mario Riestra Piña, hoy secretario general del ayuntamiento de Puebla.
Giorgana Jiménez señaló que los exdiputados, incluidos los del Revolucionario Institucional, se quedaron “cortos” al aprobar una reforma que dejaron trunca.
Urgente, la renuncia de Facundo
El Partido del Trabajo, a través de Rafael Ramírez Hernández, integrante de la dirección colegiada a nivel estatal, cuestionó los señalamientos del gobierno del estado, así como de diputados que hablan de grupos desestabilizadores, e indicó que el problema de la violencia es producto de la falta de diálogo y pidió la renuncia de Facundo Rosas Rosas, titular de la Secretaría de Seguridad Pública.
En entrevista, indicó que en Puebla no puede haber un personaje que tiene antecedentes de represor al mando de la seguridad pública, además de que hay elementos que demuestran que no hubo diálogo para dispersar la manifestación.
Recordó que, en su caso, fue víctima de la represión en el gobierno de Mariano Piña Olaya, y el argumento que manejó la autoridad fue: “Presencia de grupos desestabilizadores ajenos al estado”.
Señaló que esto solo comprueba la falta de argumentos, pero además el tener las condiciones para reprimir como ha ocurrido tanto en Chalchihuapan, Tehuacán, Coronango y Xoxtla.
Incumplieron la ley
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del estado, Sergio Céspedes Peregrina, señaló: “Nuestra posición ha sido la misma desde el principio, se aprobó una ley muy clara y precisa para que no sea violada dijimos desde tribuna que no era un permiso para generar violencia.
”Requerimos que se investigue hasta las últimas consecuencias, y que efectivamente si la ley es violada que se aplique todo el peso de la ley”.
El legislador advirtió: “Los policías debieron haber agotado todas las instancias de diálogo antes de actuar así, condenamos la violencia, pugnamos porque el diálogo sea la principal herramienta, es muy importante que se esclarezcan los hechos para el bien de todos, para certeza de los ciudadanos.
”Se debe llegar hasta las últimas consecuencias porque es importante que esto no quede impune, sino que al final de cuentas se esclarezca. Es fundamental la intervención de la Comisión nacional de Derechos Humanos y de la Procuraduría General de Justicia”.
Finalmente, dijo: “Nosotros en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Puebla estaremos muy pendientes del seguimiento a este caso y tendremos las puertas abiertas para canalizar cualquier denuncia o queja, hasta el momento no ha llegado ninguna”.
