Para el analista político de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) Alejandro Guillén Reyes, las complicaciones que se presentan por el enfrentamiento entre policías estatales y habitantes de la junta auxiliar San Bernardino Chalchihuapan son crecientes por los resultados del acontecimiento: “Porque la nota en la que aparece el niño herido es indignante, aunque no tengas la película completa”, por eso la complicación radica en el resultado de lo que ocurrió, por eso creo que la decisión del gobierno del estado de que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga la investigación permite deslindar responsabilidades, si es que hay responsables y no se siguieron los protocolos.
Ante los acontecimientos, el investigador de esa casa de estudios poblana dijo que habrá que analizar cómo queda la imagen pública del gobernador Rafael Moreno Valle ante la confrontación presentada el pasado 9 de julio: “En términos de la imagen pública hay que preguntar a los ciudadanos, a través de encuesta, el posible deterioro pero lo cierto es que hay una parte de la sociedad que vio la fotografía del menor de edad golpeado y por eso se muestra indignada, es en esa parte donde se ha afectado la imagen del gobernador”, dijo.
Aseguró que más allá de lo que se difunde de manera mediática hay que ver las consecuencias de todo lo que sucedió en la autopista Puebla-Atlixco porque si se da una solución general al conflicto, es decir, que todos los presidentes auxiliares queden conformes puede ser que la imagen del gobierno del estado de Puebla no haya terminado tan deteriorada: “Pero si este conflicto continúa con las juntas auxiliares, si vamos a seguir viendo conflicto con otras juntas, entonces se corre el riesgo que la imagen del gobierno del estado vaya cayendo en un deterioro, por supuesto”.
Siempre es tarde
Desde la perspectiva del académico poblano, después de un acontecimiento como el presentado el miércoles de la semana pasada, siempre es tarde para tomar la decisión de recurrir a las instancias federales, como la Procuraduría General de la República, porque: “Esto debió de haberse evitado, faltó legitimar la decisión, convencer a quienes se iban a sentir afectados, que era una decisión que beneficiaría a la población en las juntas auxiliares”.
Por eso, a decir del politólogo de la UPAEP, lo que sucedió en la autopista quizá se pudo haber evitado, por lo que afirmó que es evidente que faltó diálogo y una estrategia de convencimiento porque recordó que en un régimen democrático debe prevalecer el diálogo: “Primero tratar de disuadir de manera pacífica a través del dialogo a los manifestantes y dar solución al conflicto”.
No en todas había irregularidades
Para Guillén Reyes, en la problemática presentada es importante analizar el tema del Registro Civil que, por decisión del Congreso del estado, les fue quitado a los presidentes de las juntas auxiliares: “Ahí comienza el problema y lo primero que habría que preguntarnos es que si es cierto que había irregularidades al momento de extender un documento, como un acta de nacimiento, y si se detectaron esas irregularidades en algunas demarcaciones, la pregunta es si era necesario suspender el Registro Civil a todas las juntas auxiliares, vale la pena que lo aclararan”.
Desde su perspectiva, si detectan anomalías en algunas juntas auxiliares en que se entregan esos documentos de manera irregular, ahí se habría dado primero la política de fiscalización de parte de los ayuntamientos para tener mayor control y mayor fiscalización, para que se otorguen documentos que tengan todo el marco legal que se requiere, por lo tanto, dijo que hay que ver si no habría otra alternativa antes de quitarles el Registro Civil.
Recordó que los presidentes auxiliares son electos por el pueblo, por lo que en toda democracia una autoridad que proviene del pueblo es autoridad, aunque hay que resaltar que no está en la Constitución, que reconoce tres órdenes de gobierno: el federal, el estatal y el municipal, “y no hay más”, pero incluso, reveló, se había discutido si se desaparecen las juntas auxiliares porque en cada elección hay conflictos: “Y se habló de volverlas delegaciones, que sean designados por el presidente municipal en funciones, pero la autoridad proviene de un plebiscito y al ser así ellos se sienten con autoridad porque los nombra el pueblo al que pertenecen”.
Lo anterior, reiteró Alejandro Guillén Reyes, le genera conflicto tarde o temprano al ayuntamiento y al gobierno del estado, por ello la decisión de quitarles el Registro Civil debió ser más consensuada, más platicada, porque si bien es cierto que se trata de una decisión de autoridad, tarde o temprano tenía que chocar con la tradición del manejo del Registro Civil, por lo tanto para que una decisión sea legitima es necesario, antes de utilizar la fuerza de la autoridad, es importante el diálogo y el convencimiento para hacerla legítima, por eso los conflictos de las últimas semanas.
Ley Bala, para proteger a los policías
En relación con el conflicto presentado en la autopista Puebla-Atlixco, dijo el analista político que existe información contradictoria porque ambas partes se acusan y están las dos versiones, pero dijo que la ley que se aprobó, la “ley Bala”, su justificación radica en proteger a los policías porque en otros puntos del país terminan por ser agredidos y linchados por los manifestantes y terminan por casi matarlos: “Pero lo cierto es que aquí hay policías heridos, por lo que la pregunta es si la ley está bien hecha, si está acorde porque, de ser así, se supone que contempla una serie de protocolos, pero hay heridos”.
Por eso, desde su perspectiva, lo que causó indignación e inquietud es que hayan resultado heridos civiles, sobre todo un niño, cuya imagen le da la vuelta al mundo, por lo que la propuesta del mandatario poblano de aplicar una investigación y que la atraiga la PGR, con la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para dilucidar bien a bien qué ocurrió en el lugar y se tenga una revisión más objetiva y más imparcial sobre los hechos, es adecuada: “La salida que le está dando el gobernador puede servir como válvula de escape al conflicto, ahora, no creo que se termine el asunto ahí porque el problema sigue, que es quitarle a las juntas auxiliares los registros civiles; ya se presentó en Tehuacán, donde hay presos, el conflicto no acabará si no hay un llamado al diálogo entre las autoridades y los auxiliares”.
Golpe electoral
Intolerancia Diario: Estamos hablando que viene un año electoral, ¿eso le afecta al gobernador?
Alejandro Guillén: Efectivamente, estamos hablando de un año electoral, pero también se eligen diputados federales, más que un asunto local, pero aún así creo que hay tiempo, lo primero que vamos a esperar es que sanen las personas que resultaron heridas, ojalá que al niño no le genere secuelas y si el gobierno del estado quiere atajar esa tendencia de deterioro en su imagen quizá el diálogo sea una alternativa importante para que vayan sanando las heridas físicas y las heridas sociales.
