Para el colectivo Nodho, la violencia desatada el pasado 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan se originó en la “ley Bala”. Mientras el Congreso del estado emitió un comunicado afirmando que el amparo en contra de la ley no es definitivo y sólo incluye a dos personas, organizaciones de derechos humanos como Nodho externaron su preocupación por la ley de marras.
A tres meses de su aprobación, la cuestionada ley ha generado el rechazo en las redes sociales debido a la violencia con que se aplicó la ley en contra de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan. “El punto es favorecer un clima de miedo y represión que inhiba toda forma de protesta ante los abusos del poder público”, explica la organización de derechos humanos Nodho.
Además, plantea Nodho, la policía demostró su incapacidad para proteger los derechos humanos, usar armas “incapacitantes no letales” y arremetió en contra de niños, ancianos y mujeres considerándolos “agresores”.
En la página change.org, internautas han solicitado que el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, comparezca ante el Congreso para explicar el operativo policiaco del 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan en contra de pobladores que se manifestaban en contra del retiro de los registros civiles de las juntas auxiliares.
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El Nodho de derechos humanos cuestionó que la “ley Bala” aprobada, que se anunció con bombo y platillo como una ley que limitaría el uso de la fuerza pública, no sirvió para el propósito anunciado por sus promotores, porque la fuerza pública no limitó la violencia indiscriminada de la policía en contra de los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan.
La utilización de la fuerza pública estatal en el operativo de desalojo del pasado 9 de julio: “A menos de tres meses de la aprobación de la #LeyBala, José Luis Alberto Tlautle Tamayo de 13 años de edad se encuentra hospitalizado, en estado de coma, tras un operativo en el que a decir de Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, se aplicaron los protocolos de actuación de la recién aprobada ley. ¿Entonces, de qué manera regula esta ley el uso de la fuerza policíaca, de qué forma protege esta ley a un menor de edad que se encontraba cerca de una manifestación?”.
Bajo la óptica de los derechos humanos, la “ley Bala” legaliza la violación de los derechos humanos justificando esta violación con el mismo discurso de los derechos humanos sin contener el uso de la fuerza pública en contra de los ciudadanos que protestan.
“En el mes de mayo mientras los diputados aprobaban esta ley muchas voces advertían sobre las implicaciones futuras, sobre los riesgos de utilizar el discurso de los derechos humanos para legalizar su violación, de aprobar una ley orientada hacia la violencia y no hacia la contención del uso de la fuerza por parte de los cuerpos policíacos. Ahora estamos presenciando la brutal evidencia de aquellos riesgos convertidos hoy en brutales operativos, en decenas de heridos”.
El Nodho de derechos humanos planteó que la misma ley, en su artículo 43, abre la puerta a la violencia al emitir juicios sobre el comportamiento del conjunto de una manifestación y no sobre personas y conductas individuales
“Hace casi tres meses advertíamos que en el capítulo XIX de la ley (en su versión “modificada” y publicada en el periódico oficial), en el artículo 43 se mencionaba que “para efectos de control y dispersión, las manifestaciones se observarán y analizarán atendiendo a fenómenos de violencia o desapego de la pacífica manifestación” lo que emitía un juicio sobre el conjunto de una manifestación y no sobre conductas individuales. La falta de esa individualización de conductas tiene como resultado a un niño gravemente lesionado por “armas incapacitantes no letales”.
La organización de derechos humanos advirtió que las armas incapacitantes no letales, lejos de serlo, representan amenazas para la vida de los manifestantes: “El uso de dichas armas presuntamente no letales tiene resultados letales, como ocurrió con Juan Francisco Kuykendall tras la represión policíaca el primero de diciembre de 2012 afuera del Congreso de la Unión y que culminó con su muerte tras un año de hospitalización”.
El Nodho de los derechos humanos cuestionó que los promotores de la “ley Bala” difundieran esta iniciativa asegurando que regulaba el uso de la fuerza pública, al mismo tiempo que permitía un uso gradual de la fuerza. Sin embargo, en los hechos, la aplicación de la “ley Bala” el pasado 9 de julio demostró que las policías estatales no están capacitados para el uso de la misma:
“En mayo preguntábamos: ¿Tomaron en cuenta que esta ley sería aplicada por policías capacitados para la violencia y sumergidos en un ambiente de constante corrupción en un estado convulsionado y con un descontento legítimo y creciente? Ahora queda claro que la respuesta es ‘no’, no les importa, o el punto es precisamente favorecer un clima de miedo y represión que inhiba toda forma de protesta ante los abusos del poder público. Nuevamente queda claro que para los cuerpos policíacos enviados para ‘mantener el orden’ da igual un niño, un anciano, una mujer, un discapacitado, un transeúnte, todo el que participa o se encuentra cerca de una protesta es un ‘agresor’ es decir, una ‘persona que representa un riesgo por su conducta en los bienes jurídicamente protegidos de otros individuos, los agentes policiales, la colectividad y del propio Estado’ y por lo tanto son merecedores de un uso de la fuerza que tiene poco de gradual y mucho de brutal”.
La petición
En el sitio de Internet change.org, que se encarga de recabar peticiones, se realiza una petición para que el gobernador de Puebla comparezca por presuntas violaciones de los derechos humanos en el desalojo del pasado 9 de julio en el kilómetro 16 de la vía Atlixcáyotl.
La petición llevaba ayer por la noche 221 firmas. La solicitud espera reunir 20 mil firmas. La petición se dirige al Congreso de la Unión.
“El 9 de julio del 2014 los vecinos de San Bernardino Chalchihuapan se manifestaron en contra del retiro del registro civil en su comunidad, el gobierno estatal a cargo de Rafael Moreno Valle ordenó a la fuerza pública disuadir la manifestación de manera violenta y utilizando armas contra los pobladores. El saldo de esta acción fue 70 pobladores heridos, entre ellos un menor que perdió la mano izquierda; el caso de Filemón Precio Grande, herido con proyectiles de gas en el abdomen; Martín Xelhua quien fue impactado al lado izquierdo del rostro a la altura de su quijada y Hugo Jiménez quien perdió un ojo tras haber sido golpeado por uno de los artefactos con punta de goma.
”Ayúdanos firmando esta petición para que Moreno Valle comparezca ante el Congreso y explique la brutalidad cometida en contra de campesinos y personas honradas”.
La observación
El Nodho de derechos humanos señaló que la puesta en marcha de la “ley Bala” significa la responsabilidad tanto de las autoridades que promovieron la iniciativa de ley como de los diputados que aprobaron una ley dañina para la sociedad: “No es responsabilidad únicamente del policía que lanzó el proyectil que dejó en coma a José Luis Alberto Tlautle Tamayo, lo es también de quien dirigió el operativo, de quien lo ordenó, de quién votó a favor de la ley que legalizó esa acción, de quién se negó a frenar esa ley con una acción de inconstitucionalidad”.