El desalojo violento del pasado 9 de julio cobró su primera víctima en la vida de José Luis Tehuatlie Tamayo, niño de 13 años que salía de la escuela cuando la refriega entre pobladores y policías estatales lo condujo al Hospital General del Sur donde estuvo internado hasta su muerte.
El operativo de desalojo arrojó otras cuatro personas heridas entre la población además de Tehuatlie Tamayo: Vicente Tecalero, 21 años, estudiante de bachillerato; Martín Romero Montes, cuya mandíbula quedó con varias muelas arrancadas, pedazos de lengua cortados y fractura de mandíbula; Hugo Jiménez, el impacto fue en el ojo y a punto de perder el ojo y tuvo que ser atendido en un hospital privado; Filemón Precio Grande, heridas de bala en el ojo, habitante de Santa Isabel Cholula.
El gobierno estatal achacó este martes, en rueda de prensa encabezada por el secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, a los manifestantes por los actos violentos y los heridos en la protesta del 9 de julio.
Maldonado mostró fotografías en las que señaló que se prueba que los pobladores agredieron a la Policía Estatal con piedras “de gran calibre”, bombas molotov y cohetones.
En la versión oficial, fue con cohetones como se hirió a José Luis Tehuatlie Tamayo.
Pero la versión oficial ha sido contrastada por los propios pobladores y por opiniones de especialistas que al revisar análisis tomográficos de Tehuatlie consideraron inviable que se tratara de una herida generada por cohetones.
En las investigaciones tanto la CNDH como la PGR coadyuvan en las investigaciones realizadas por autoridades locales.
Organizaciones de derechos humanos como Nodho, o centros de derechos humanos como el Centro Pro han resaltado que la violencia del operativo se construyó a partir de la aprobación del ordenamiento legal conocido como “ley Bala”.
Otros analistas han planteado que el operativo se realizó sin ninguna coordinación ni capacitación de los cuerpos policiacos locales.
Además, en el operativo se ocupó armamento denominado como “no letal” que es considerado peligroso por Amnistía Internacional. Entre otros, balas de goma y gases CS y CN, de acuerdo al material recabado por pobladores de San Bernardino Chalchihuapan.
Organizaciones como Amnistía Internacional rechazan el uso de balas de goma debido a su potencial destructivo al dispararse en situaciones de disturbio porque pueden hacer perder la vista. La organización catalana Stop Balas de Goma ha documentado las heridas que produce este armamento calificado por las policías como “no letal”.
A pesar de las evidencias de pobladores el gobierno de Puebla rechazó en rueda de prensa realizado el martes que haya utilizado balas de goma para disolver la protesta del pasado 9 de julio.
Además, videos del desalojo muestran a policías estatales huyendo de los propios gases lacrimógenos que lanzaron en contra de los manifestantes.
En el enfrentamiento, además de toletes, escudos, gases y balas de goma los policías estatales lanzaron piedras.
En una rueda de prensa en Casa Aguayo funcionarios estatales acusaron a los pobladores de haber instigado la violencia en contra de la Policía Estatal.
Sin embargo, los funcionarios no explicaron el protocolo que siguieron los cuerpos policiacos estatales para la realización del operativo del kilómetro 16.
Tampoco detallaron el armamento utilizado por las corporaciones policiacas.
La intervención del Senado
El pasado miércoles pobladores de San Bernardino Chalchihuapan acudieron al Senado para denunciar las violaciones a los derechos humanos del violento operativo del pasado 9 de julio.
El senador del PRD Alejandro Encinas señaló que la represión es el rostro del gobierno del estado de Puebla: “Éste es el verdadero rostro del gobierno del estado de Puebla, que encabeza el señor Moreno Valle. El de la represión, el del abuso, el de la intransigencia contra gente de bien que lo único que hace es defender el patrimonio de sus familias.
”Estos son los instrumentos con los que quiere no imponer o hacer valer la ley, sino imponer el desarrollo de negocios de particulares, porque la construcción del ducto Morelos o de las hidroeléctricas, en la Sierra Norte de Puebla, en donde se ha presentado resistencia social, porque ni siquiera han sido consultadas las comunidades y los pobladores, pues se quiere imponer con el uso de la fuerza”.
Encinas planteó que el Senado seguirá de cerca lo que sucede en el estado de Puebla: “Nosotros queremos manifestar no solamente nuestra indignación frente a estos hechos y frente a esta forma de gobernar, sino también nuestra solidaridad con las compañeras y los compañeros de las comunidades, en donde como lo hacen aquí mis compañeros diputados y senadores, vamos a estar haciendo seguimiento y estar pendientes”.
