Ayer, 20 de julio, se dio a conocer que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atrajo una investigación con motivo de la agresión contra el menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien perdió la vida, y otras personas que resultaron lesionadas tras un enfrentamiento entre la policía estatal y manifestantes el 9 de julio de este año en la autopista Puebla-Atlixco.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), la noche de los acontecimientos los visitadores del organismo acompañados por un médico legista se presentaron en el hospital para conocer la situación e iniciar la queja sobre la lesión que recibió el menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo; y al respecto señalan: “la madre del menor describió la forma en que ocurrieron los hechos, por lo que señaló a la Policía Estatal como la autoridad responsable de la agresión donde resultó lesionado su hijo”.


Por ello, un grupo de organizaciones de la sociedad civil exigen aclarar una serie de “vacíos legales y ambigüedades” en torno al caso y piden se dé cumplimiento a los siguientes diez puntos:

1.- Que se proceda penalmente contra la o las personas que agredieron al menor, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, y se deslinden responsabilidades de la cadena de mando.

2.- Que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y la Comisión Nacional de Derechos Humanos inicien una investigación por la comisión de violaciones graves a los derechos humanos.

3.- Que se emita un informe público de la Policía Estatal sobre la investigación de lo ocurrido en San Bernardino Chalchihuapan, las sanciones que de ella derivaron, así como las medidas de no repetición para evitar que vuelva a presentarse el abuso en uso de la fuerza policial.

4.- Respeto total a los derechos a la libertad de reunión, asociación pacífica, libertad de expresión y manifestación en espacios públicos.

5.- El uso de la fuerza pública debe ser el último recurso del Estado para restablecer el orden contra una persona que sea sorprendida en flagrancia cometiendo algún delito violento que ponga en riesgo a terceros, no contra la manifestación; y conforme a principios de excepcionalidad, legalidad y proporcionalidad.

6.- Es urgente suprimir de todo acto, protocolo e instrumento legal de todos los ámbitos y órdenes de gobierno, el uso de lanza granadas, proyectiles, municiones de gas, balas de goma o de cualquier otro artefacto que pueda poner en riesgo la integridad de las personas, toda vez que atentan contra la integridad y además está probada su ineficacia.

7.- Es urgente que se implementen protocolos de actuación policial para evitar que la contención de grupos de manifestantes, se conviertan en batallas campales que en nada contribuyen al fortalecimiento de las relaciones de confianza entre autoridades y ciudadanos.

8.- La abrogación de la “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado”, por una que se constituya de un modo tangencialmente distinto, es decir, cuya motivación sea el control y límite del uso de la fuerza por parte del Estado, no la generación de un ambiente intimidatorio que disuada la realización de manifestaciones. Una legislación en la que se refleje una discusión pública y social incluyente, en la que se eviten lo más posible las lagunas y los vacíos legales y en la que se respeten los derechos humanos y que se apegue a las convenciones internacionales de las que México es parte.

9. La instauración de un mecanismo externo de supervisión que coadyuve con la institución policial a que ésta guarde un equilibrio entre sus responsabilidades y el uso efectivo de sus poderes, garantizando así el acotamiento de sus acciones discrecionales y una mejora en su desempeño.

10.- Es impostergable la profesionalización de la policía, mediante el establecimiento de estándares de actuación y el fortalecimiento de mecanismos de supervisión interna y civil. Además de capacitación sobre el uso racional de la fuerza y el respeto a los derechos humanos.

Con información de Animal Político