Luego de la primera víctima por la aplicación de la llamada “ley Bala”, el Congreso del estado se prepara para derogar el documento que fue aprobado y publicado de manera irregular el pasado 19 de mayo, luego de que llegó al órgano legislativo la iniciativa del gobernador para abrogar el documento.
Durante la sesión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, llegó el documento enviado por el gobernador para abrogar la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado, luego de la presión de organizaciones sociales tanto nacionales como internacionales, que cuestionaban una aplicación de la ley como la ocurrida el 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan, la cual provocó la muerte del menor Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
Fue el 19 de mayo cuando 32 diputados votaron a favor de la aprobación y cinco votaron en contra, pese a las presiones de organizaciones sociales que cuestionaron la ley que permite disparar en contra de manifestantes las llamadas armas no letales.
En la iniciativa original, enviada el 15 de mayo, se establecía que los policías podían utilizar armas de fuego en condiciones de máxima seguridad.
Tras la aprobación, el 19 de mayo, de manera irregular, fue modificado el documento presuntamente por el ejecutivo, y el diputado Julián Peña Hidalgo sostuvo que lo que aparecía tanto en el Periódico Oficial del Estado como en el portal electrónico del Poder Legislativo.
El Periódico Oficial, que recibió para su publicación el documento el 21 de mayo, la publico el 19 de mayo, horas después de que había sido aprobada, pese a que técnicamente es imposible, según el procedimiento.
De acuerdo con la información obtenida, será en el punto 16 del orden del día cuando se proponga que se derogue el documento que fue respaldado por 32 diputados locales y donde sólo cinco votaron en contra.
Mintieron
Tras la aprobación del documento, representantes de organizaciones civiles y de derechos humanos demandaron la subrogación de la ley donde, por su ambigüedad, las fuerzas policiales podían utilizar las armas de fuego en contra de manifestantes.
En conferencia de prensa realizada en el zócalo de la capital, Misraín Hernández Fernández, al leer un comunicado, respaldado por 84 organizaciones civiles, advirtió que los legisladores mentían al señalar que con las modificaciones realizadas a la llamada “ley Bala” se están respetando los derechos humanos, e indicó que el documento sí autoriza que se utilicen las armas de fuego en contra de manifestantes, aun con los cambios hechos de manera irregular.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la regulación del uso de armas y el uso de la fuerza, como la que aborda la ley en cuestión, debe ser interpretada de manera receptiva, es decir, no debe dejar lugar a criterios abiertos.
Expresó que la ley en cuestión deja a la interpretación y a criterio discrecional de las autoridades el uso de las armas y puso como ejemplo el artículo 22, fracción V.
“Artículo 23.- Se considerarán armas no letales:
”V.- Las demás que autorice el Reglamento de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables”.
Expresó que este documento señala que las autoridades pueden interpretar qué armas podrá utilizar la policía y decir simplemente que no son letales, como las balas de goma que han causado la muerte de personas.
Asimismo, no se respetan principios constitucionales, ya que puede haber detenciones arbitrarias cuando la detención solo puede realizarse por medio de un juez y en caso de flagrancia:
“Artículo 30.- En la detención de cualquier persona deberá cumplirse con los requisitos y formalidades que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de las prerrogativas que sobre derechos humanos contienen los instrumentos de derecho internacional obligatorios dentro del territorio nacional”.
Dijo que puede darse la interpretación de los policías asegurando que se cumplen los protocolos, pero sin mencionar cuáles son realmente.
El apunte
Los diputados que se opusieron a la ley:
Geraldine González Cervantes (Verde)
Mariano Hernández Reyes, (PT)
Lizeth Sánchez García (PT)
Julián Peña Hidalgo (Movimiento Ciudadano)
Ignacio Alvizar Linarez (Movimiento Ciudadano)